Declara la C. Permanente: “Es constitucional la Reforma Energética”

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró reformada la Constitución Política en materia energética, con lo cual se permiten los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación.

El diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de este órgano, indicó que una vez realizado el cómputo de 24 votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Comisión Permanente emite el siguiente proyecto de declaratoria:

“Con fundamento en lo que dispone el artículo 135 de la Carta Magna se declaran reformados y adicionados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política en materia energética. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales”.

Anaya Cortés informó que 24 legislaturas aprobaron la reforma, correspondientes a  los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del grupo parlamentario del PRI, se congratuló por la declaratoria de constitucionalidad, pues se cierra “una parte del debate de muchos años, en los cuales dentro de la alternancia nos ha tocado fijar posiciones distintas, pero siempre buscamos construir”.

Lamentó que en algunas ocasiones se dijera en otros años que no se pudo hacer una reforma como ésta, “pero la verdad es que nadie presentó una iniciativa de reforma constitucional. Es la primera vez que los grupos parlamentarios y el Ejecutivo han presentado iniciativas de reforma constitucional en materia de modernización energética, y avanzamos juntos: en el 2008 con un gran esfuerzo en reformas legales y hoy en reformas constitucionales, y posteriormente en reformas legales que las consolidan”.

Dijo que es la hora de tomar decisiones, debatir, acordar, construir, caminar y avanzar. “Ésa es la exigencia verdadera que tenemos todos en este México moderno”, señaló.

Por Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón manifestó que hoy es un día histórico, porque se declara la validez de la reforma constitucional en materia energética. “Se trata no de privatizar a Pemex, no de desaparecerla ni extinguirla; se trata de fortalecerla y que deje de ser un organismo público descentralizado, para ser una empresa productiva del Estado”.

Subrayó que la paraestatal no cuenta hoy en día ni con los recursos ni con la tecnología suficientes para darle abasto a toda la demanda interna y además competir a nivel internacional. “El petróleo seguirá siendo de la nación mexicana. No hay una sola palabra en el texto constitucional que siquiera insinúe lo contrario”, afirmó.

El senador Manuel Camacho Solís (PRD) resaltó que durante el trámite de la reforma energética se violentó “gravemente” el procedimiento legislativo, pero lo preocupante para un debate democrático y plural no sólo fue la manera en que la reforma se aprobó en tres días por 17 legislaturas locales, sino que haya habido congresos que la ratificaron después de una discusión que tan sólo duró entre 10 y 20 minutos, en varios de los casos.

Manifestó que la aprobación de esta reforma es síntoma de que la democracia mexicana está entrando en un punto de quiebre. “Esta reforma pasará a la historia por haber modificado el esquema fundamental bajo el que funciona el Estado mexicano. Lo que se está definiendo no sólo es el régimen de exploración y explotación del petróleo, sino el modelo de democracia que queremos para el país”.

Juan Gerardo Flores Ramírez, senador del PVEM, puntualizó que se trata de una reforma constitucional de enorme trascendencia que colocará al país en una extraordinaria posición de cara a los retos que nos impone el siglo XXI.

“No sólo estamos frente a una reforma que impulsará el crecimiento económico, sino que contribuirá a disminuir los desequilibrios regionales, a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, que privilegiará la explotación racional de nuestros recursos naturales y que privilegiará que al crecer lo hagamos de manera sustentable en beneficio de las próximas generaciones”, aseguró.

A su vez, el senador Manuel Bartlett Díaz (PT) relató que esta reforma anula principios fundamentales de la Nación. “Toda ha sido una manipulación y una presión. Es una iniciativa que no corresponde a la realidad que es la entrega del petróleo mexicano y de la electricidad y de nuestras empresas principales a los intereses extranjeros”.

Pidió conocer todos los documentos de la aprobación en las legislaturas locales de la reforma constitucional. “Es una vergüenza que se haya impuesto una regresión histórica de esta manera. Exijo que se conozcan esos documentos y que la opinión pública conozca cómo es que se fabrican resultados ni más ni menos en reformas constitucionales”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) argumentó que es una reforma impuesta, sin consenso ni respaldo social. “Es un vil robo. Se violó la Constitución, las leyes y reglamentos del Congreso y de las propias legislaturas locales. Todo con la aviesa intención de concretar este despojo”, afirmó.

Aseguró que “en un par de semanas se borraron dos principios históricos: la no reelección y la nacionalización petrolera. Dos banderas de dos próceres, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, a quienes han dado una nueva y traicionera sepultura. Un puñado de traidores a la patria ha entregado a extranjeros nuestra principal riqueza”.

De Nueva Alianza, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo expresó que esta reforma establece elementos fundamentales de transformación y aprovechamiento de la industria energética mexicana que permitirá la generación de empleos, así como  la inversión pública y privada; contribuirá, además, a potenciar a profesionales como las ingenierías y la educación tecnológica.

Indicó que es necesario crear las leyes secundarias que permitan dar pasos firmes a la reforma que se ha aprobado. “Ahora es el turno del Ejecutivo de llevar a buen puerto lo que como legisladores hemos iniciado, diseñar y poner en marcha los programas que sean necesarios para que los alcances planteados en las reformas se vean reflejados en cada uno de nuestros ciudadanos”.

Con estas reformas remitidas a las legislaturas de los estados, el pasado jueves 12 de diciembre, se busca obtener ingresos que contribuyan al desarrollo del país en el largo plazo. Además, establece que tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones.

En los artículos transitorios se prevé que la ley establecerá la forma y los plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión  Federal de Electricidad (CFE) se conviertan en empresas productivas del Estado.

En  tanto se lleva a cabo esta transición, Pemex y sus organismos subsidiarios, así como la CFE, “quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el presente decreto”.

Crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

Se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para “regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o  de licencia”.

Entre los esquemas de contraprestaciones que se deberán regular, se encuentran las siguientes: en efectivo para los contratos de servicio; con un porcentaje de utilidad o de la producción obtenida para los contratos de utilidad compartida.

Se prevé en su régimen transitorio que las leyes respetarán en todo momento los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicados a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como en las distintas actividades a cargo de la CFE.

Dicha medida tiene el objetivo de evitar afectar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios tanto en Pemex y sus organismos subsidiarios, como en la CFE; ello, con miras a sentar las bases de una adecuada interrelación entre dichos organismos y las empresas privadas, que a partir de la entrada en vigor del decreto podrán participar en la ejecución de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación.