- El robo de combustible pasó de ser un problema en el año 2000 a una verdadera amenaza en la actualidad
- A diez días del plan instrumentado por el Gobierno Federal frente al huachicoleo, los resultados son contrastantes: una reducción del 83% en el robo de gasolinas por ordeña de ductos vacíos y un desbasto real con efectos en la economía aún incalculables
- Se subestimó la parálisis económica por falta de combustible
La economía real se sustenta en tres pilares fundamentales: salud, abasto y energía; pero en los últimos días, la falta de gasolinas ha puesto en jaque a los mexicanos por la afectación en dos pilares: abasto y energía.
El robo de combustible infortunadamente no es un tema reciente.
Desde el año 2000 se identificaron al menos 155 tomas clandestinas que, hasta el año 2010 con 661 tomas, representaban un problema con crecimiento relativamente moderado del 15.6% a tasa media anual; sin embargo, entre el año 2010 y hasta octubre
del 2018, se han identificado más de 44,300 tomas clandestinas (superior a 5,530 tomas por año en promedio), derivando en un crecimiento medio anual del 44.5 por ciento.
Las afectaciones económicas reales de este ilícito son difíciles de calcular, pues debiesen considerarse los costos de reparación del Sistema Nacional de Ductos (que de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, entre el periodo 2011-2016 se estimaron en más de 3 mil millones de pesos), el monto de la inversión en mecanismos de control, así como de los programas implementados por Pemex en coordinación con otras instituciones, y desde luego, el valor de los miles de barriles sustraídos que según el Gobierno Federal fueron de 30.8 a 66.3 mil millones de pesos en 2016 y 2018.
Sin duda, el robo de gasolina pasó de ser un problema a una verdadera amenaza y, en efecto, el diagnóstico es claro y el combate contra el también conocido huachicoleo es una necesidad acuciante que enfrenta el País en términos de seguridad energética. Es por ello que el pasado 27 de diciembre se presentó el Plan de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex que pretende erradicar esta práctica; sin embargo, su implementación ha arrojado resultados contrastantes y controversiales.
La primera fase de implementación del programa tuvo duración de diez días y consistió en el cierre de los principales ductos afectados. En este breve tiempo, de acuerdo con datos de Presidencia de la República, el robo de combustible pasó de 77.5 millones de litros en promedio durante diciembre de 2018 (674 pipas equivalentes) a 13.2 millones en los primeros días de enero (115 pipas); es decir, una reducción del 83 por ciento.
En una primera lectura, los resultados son un éxito, aunque el problema está lejos de resolverse por dos razones: en primera y un tanto obvia, porque los ductos están vacíos y no hay gasolina que robar y, en segunda, porque el problema está en sus orígenes y no en los resultados; es decir, no son los ductos sino la falta de Estado de Derecho de investigación e inteligencia en Pemex y de poner a los criminales en la cárcel. Como metáfora, si éste fuera el tratamiento, de impromptu, habría que combatir el robo del autotransporte de carga cerrando las carreteras.
En cambio y, por si fuera poco, esta etapa ha tenido descalabros por las siguientes razones. La primera, por la falta de planeación al no considerar los escasos inventarios disponibles de gasolina y tampoco las pipas necesarias para sustituir la distribución de los ductos. La segunda razón y, consecuencia de lo anterior: el desabasto real.
El desabasto se presentó en los estados de Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro y más recientemente se extendió a la Ciudad de México. En el año 2018, de acuerdo con el Sistema de Información Energética de Pemex y estimaciones propias para el mes de diciembre, el consumo promedio diario de estas siete entidades ascendió a 286.3 miles de barriles que representan el 37% del consumo de todo el País.
La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) estima pérdidas económicas directas en el orden de 10 mil millones de pesos por el sólo cierre de las estaciones de servicio. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estimó, para tres estados con parálisis económica de tres días, una pérdida de 1,250 millones de pesos y de prolongarse el cierre, una pérdida potencial de entre 5 y 10 mil empleos.
Esas cifras pueden estar sobreestimadas o quedarse cortas; lo cierto es que las estadísticas económicas de nuestro País dificultan, ante la inmediatez, medir las pérdidas de la economía real, ya que habrían que considerarse desde los efectos en ventas directas de las gasolineras y el pago de salarios a trabajadores, hasta la merma de productividad laboral expresada por las horas hombre perdidas en las filas esperando el abasto.
Adicionalmente, es necesario sumar las pérdidas por el encarecimiento de alimentos, la falta de distribución e incluso el empleo del combustible en las diversas industrias como la agroindustrial o la automotriz con las afectaciones ya declaradas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Asimismo, habría que estimar la incidencia en los precios y su impacto en la inflación de la que ya ha alertado recientemente el Banco de México. En pocas palabras, pareciera que, al implantar esta medida en el cierre de ductos, se subestimaron los efectos económicos que conlleva la parálisis económica por falta de gasolina.
En contraparte, la medida debió ser estratégica: tener un sistema de inteligencia en el corazón del problema; o sea, PEMEX, realizando auditorías integrales al desempeño con personal calificado y de absoluta confianza, bloquear por zonas y por sorpresa, cerrar gasolineras que venden productos robados, crear un fiscal especializado copartícipe con
gobiernos que sancionen y sean sancionables por incumplimiento y emplear inteligencia fiscal-financiera. Estas y otras propuestas, debatibles por supuesto, son ejemplos de lo que pudiera ser un plan estratégico de riesgos y oportunidades de ataque frontal al huachicoleo, pero debe quedar claro que no se puede disparar antes de apuntar.
En cambio, el cierre de oleoductos es una clara muestra de la aplicación de una política pública que durante escasos diez días traerá consecuencias aún incalculables a las cadenas productivas que tardarán en reponerse y a la economía en general; sin duda, este es un ejemplo del terrible impacto que puede traer consigo una sola decisión de ESTADO, en la que parece no atiende la lógica de abordar primero la causa; es decir, la impunidad, para impactar en el efecto, que es la corrupción, lo que los ciudadanos de México esperamos, ¿Dónde ESTÁN LOS CULPABLES?
CISComentario D.R. es una publicación semanal de: Consultores Internacionales, S. C. ®
