Por Miguel Tirado Rasso
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El pasado 30 de abril, concluyó el período ordinario de sesiones de la LXV Legislatura. Sexto y último, con lo que los diputados y senadores, prácticamente, terminan su trabajo legislativo, en espera, ya, de dejar su lugar a quienes los sustituirán para integrar la nueva Legislatura, la LXVI, el próximo primero de agosto. Merced a la reforma constitucional que permite la reelección de los congresistas, la renovación del Congreso será parcial, pues varios de los actuales legisladores estarán en las boletas electorales buscando su reelección.
Los legisladores del oficialismo, Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo, Verde Ecologista y del inexistente Encuentro Social, dejan un triste recuerdo de su desempeño durante estos seis años de gestión, por su total desprecio a la función y relevancia del papel del Poder Legislativo, en un régimen democrático. Obnubilados por la retórica cotidiana de las mañaneras, los congresistas abdicaron de su autonomía para plegarse a los dictados de Palacio Nacional, sin chistar. Ya de la función del Legislativo como fiscalizador y controlador de la acción del gobierno, mejor ni hablamos.
Sin el menor recato, los senadores y diputados cuatroteístas, hicieron alarde de su condición mayoritaria para tratar de imponer las iniciativas del Ejecutivo a como diera lugar. Sin reparar en reglas de procedimiento ni contenidos abiertamente opuestos a la Constitución, estos “legisladores” supusieron que al peso de las mayorías nada se podía oponer ni la ley ni el derecho. Y como ellos eran los hacedores de las leyes, les resultaba absurdo, porque no entendían, cómo era posible que fueran las leyes las que les marcaran límites a sus excesos. Un mal cálculo, si se vive en un Estado de Derecho.
Ni en los tiempos de gloria de la aplanadora priista, se llegó a cancelar el diálogo con las fuerzas de oposición. Existía cierto prurito, al menos, por escuchar voces disidentes. Y no pocas veces, se ajustaron las iniciativas con la inclusión de alguna propuesta de las minorías. No había temor al debate y menos cerrazón al diálogo. Ni imaginar que el jefe del Ejecutivo instruyera a las bancadas de su partido, en conferencia de prensa, a brincarse la fase de discusión, a cancelar consultas y debates, a ignorar a la oposición y aprobar las iniciativas en fast track, sin modificación alguna.
Por lo pronto, el Senado, en la última Legislatura, se acomodó al juego perverso de Palacio, con todo y su odio hacia los organismos autónomos, el Poder Judicial, incluido. Por instrucciones, los senadores dejaron pendiente una larga lista de nombramientos en siete instituciones del Estado. En el INAI, tres comisionados; en la CNDH, 10 integrantes del Consejo Consultivo; tres comisionados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones; consejeros del Sistema de Radiodifusión Pública y del Órgano Evaluador de la Educación, CONEVAL; 72 vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa y, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos magistrados de la Sala Superior, seis magistraturas de Salas Regionales y 41 magistraturas de Salas Locales.
El objetivo, entorpecer la operación de estas instituciones, por considerarlas un estorbo e innecesarias para los planes de la 4T. Delicado el caso de los nombramientos pendientes en el TEPJF, por ser la autoridad responsable de calificar la elección presidencial. La que debe dar certeza jurídica al proceso electoral, ahora tendrá que operar incompleta, sin todos sus funcionarios, precisamente cuando más se requeriría que el Tribunal funcionara en óptimas condiciones.
Porque la autoridad electoral tiene enfrente el reto del proceso electoral más grande de nuestra historia, por el número de cargos de elección popular en juego, por la lista nominal de casi 100 millones de electores y por el número de elecciones simultáneas, por primera vez, en los 32 estados de la República. No quisiéramos especular sobre las razones del Ejecutivo para impedir que sus senadores hicieran los nombramientos a que, constitucionalmente, están obligados. Pero tampoco se entiende la irresponsabilidad y falta de compromiso con el país de estos senadores que, con su sometimiento al Ejecutivo, ponen en riesgo la legalidad de estos comicios.
¿Cuál es la apuesta?
