Aprueban diputados reformas constitucionales en materia político-electoral
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y con la mayoría calificada de 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones, la minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia político-electoral.
Con este documento que modifica los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122 constitucionales, se permite la reelección de legisladores locales y federales; crea el Instituto Nacional Electoral (INE), y garantiza la paridad de candidaturas entre mujeres y hombres.
Se establece que el INE será un organismo con autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. También podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión.
Además, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, así como un Consejo General conformado por un presidente y 10 consejeros electorales.
La elección de los nuevos consejeros estará a cargo de la Cámara de Diputados y un Comité Técnico, integrado por académicos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los consejeros serán, a su vez, los encargados de elegir a los consejeros de los organismos electorales de cada entidad federativa.
También se sugiere que la organización de las elecciones debe ser una función estatal que se realice a través del INE y de los organismos públicos locales. De esta manera, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos de las entidades federativas, en los términos de la Constitución.
Dispone que ley establezca un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado, se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material y se presumirá que son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
El dictamen también estima que en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.
Asimismo, plantea que el Congreso de la Unión expida las leyes generales que regulen a los partidos políticos nacionales, así como los procedimientos y delitos electorales, a más tardar el 30 de junio de 2014, así como las normas que establezcan las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas.
Se precisa que estas denuncias serán aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.
De igual modo, la reforma busca aumentar el umbral del 2 al 3 por ciento para mantener el registro como partido político nacional o estatal.
En el documento, se propone que los senadores puedan ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos.
Dicha postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
En el artículo décimo primero transitorio, se establece que la reforma al artículo 59 de la Constitución Política será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018.
De igual modo, se contempla que las constituciones de los estados tienen que establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.
Se deja en claro que la reelección no será aplicable para aquellos diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de este decreto.
También prevé que el Presidente de la República tenga la posibilidad de establecer un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.
Además, sugiere la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Ministerio Público de la Federación; en este sentido, se prevé que la PGR se transforme en la Fiscalía General de la República.
El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley, pero se podrá objetar por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores.
También propone que sea el Congreso de la Unión quien apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y que el Senado de la República haga lo propio con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Respecto de la toma de protesta del titular del Ejecutivo, se busca que el periodo que comprende del 2018 al 2024, inicie el 1 de diciembre del 2018 y concluya el 30 de septiembre del 2024, para que el siguiente titular inicie el encargo el 1 de octubre de 2024.
Se avaló una modificación al artículo 41 de la Constitución, para garantizar por primera vez la paridad de candidaturas entre mujeres y hombres.
Modificaciones aceptadas
En votación económica, se aceptaron las propuestas de medicación de diversos grupos parlamentarios. Una al artículo 26 apartado C segundo párrafo, referente al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para que sea la Cámara de Diputados quien nombre por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes al presidente y a los seis consejeros.
Otra al artículo 41 fracción I tercer párrafo, para incluir el término “válida”, respecto al umbral al 3 por ciento para mantener el registro como partido político nacional o estatal. En el artículo 54 fracción II, se adiciona la frase “del total de la votación válida emitida”.
En el artículo 76, fracción II, se elimina la frase “y evaluación de la política de desarrollo social”. En el 78, fracción VII, referente a la asignación de nombramientos, se vuelve a establecer “embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda”.
Además, en el artículo 116, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, se incluye la frase: “del total de la votación válida emitida”. En el décimo primero transitorio, se adiciona: “y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018”.
De igual forma, en el artículo décimo segundo transitorio, se elimina la referencia del artículo 78, fracción VII. Además, se descarta el artículo vigésimo primero transitorio.
Posicionamientos
En los posicionamientos, el diputado Luis González Roldán (Nueva Alianza) aseguró que la figura de gobierno de coalición de la minuta coadyuvará a la discusión de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y fortalecerá la gobernabilidad del país; así como la ratificación del Congreso, al Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de Seguridad.
“La minuta busca fortalecer la estructura política del Estado mexicano y recuperar la confianza de la ciudadanía en las elecciones y la representación política. Implica una reingeniería de las instituciones administrativas electorales e importantes modificaciones al propio sistema político”, dijo.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) adelantó su voto en contra en lo general del dictamen, porque no estuvo de acuerdo con la reelección de alcaldes y legisladores, ya que “fortalece a las cúpulas políticas, y está comprobado que si duran mucho crean gobiernos divididos como Ruanda y Uganda”.
“Mientras los votos se compren en este país, no puede haber una reelección real; mientras las elecciones se manejen y se juegue con el hambre y el estómago de los mexicanos, la reelección no es más que un juguete para los políticos”, afirmó.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, criticó que se busque la aprobación de la reforma política entre “atropellos” y “abusos” de la mayoría legislativa. Lamentó que se viole el proceso legislativo y el “más elemental derecho a analizar y discutir cuidadosamente el contenido de las múltiples modificaciones que se pretenden realizar”.
“Ésta es la reforma política más cuestionada en la historia moderna de México, más excluyente, más regresiva de la época, porque no se dio voz a los ciudadanos, mucho menos a las minorías políticas. Es una reforma al contentillo de la derecha”, aseguró.
En representación del PVEM, Ruth Zavaleta Salgado sostuvo que la mayor consecuencia de aprobar la minuta será que el Presidencialismo se verá limitado y la Cámara de Diputados tendrá posibilidades de ratificar un gabinete, en la medida en que haya una coalición mayoritaria que el Presidente busque precisamente para tener gobernabilidad.
La diputada aseguró que la minuta en discusión, además de ser político-electoral, es una reforma de Estado que fortalece el régimen democrático. “Permitirá tener un Congreso más plural y dará su espacio a los ciudadanos”, dijo.
El coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, se congratuló que la minuta contemple la introducción de reglas sobre la paridad de género a candidaturas a legisladores federales y locales y confió que dicha medida se extienda a la integración de los ayuntamientos, y la administración pública, estatal, federal y local.
Sin embargo, criticó que se haya incrementado el umbral del 2 al 3 por ciento para que los partidos políticos mantengan su registro y acceso a espacios de representación popular, porque limita el derecho de las minorías.
El diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN) consideró que la reforma hará más funcional al sistema político, porque promoverá una autentica democracia de calidad que se traducirá en bienes públicos tangibles para los ciudadanos. Además, continuó, dará al país una nueva institucionalidad que favorecerá la gobernabilidad democrática
Respecto a la reelección de legisladores y alcaldes, el diputado del PAN aseguró que permitirá tener una clase política y legislativa más profesional y preparada. “Amplia el horizonte temporal de los propios legisladores y eso genera mucho mayor facilidad en las relaciones de confianza a la hora de construir acuerdos”, afirmó.
En representación del PRI, el diputado Arnoldo Ochoa González se pronunció a favor de que la minuta contemple la opción constitucional de integrar gobiernos de coalición y la ratificación de integrantes del gabinete y funcionarios públicos por parte del Congreso.
“Se consolida la estabilidad y el desarrollo político del país. Es este proyecto una reforma del sistema electoral y de partidos políticos para servir a la ciudadanía, acercar al gobierno a la sociedad y representar mejor la pluralidad y sus intereses”, afirmó.
Es una reforma que acompasa el desarrollo político del país en una misma dinámica democrática, con la garantía de respeto al voto en condiciones justas de competencia política. Este es el sentido de la integración del Instituto Nacional Electoral y las facultades renovadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, detalló.
Discusión de reforma
Durante la discusión, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) se pronunció a favor del dictamen por considerar que fortalecerá el proceso de democratización del país. Subrayó que mediante la creación de una Fiscalía General de la República autónoma se dará un paso adelante a favor de la profesionalización de la carrera en materia de procuración de justicia.
A su vez, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) se manifestó en contra de la reelección de legisladores, ya que “quieren perpetuarse en el poder, pero el pueblo sabrá poner fin a sus ambiciones vitalicias”.
En su turno, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) dijo estar a favor del contenido de la norma, pero no del procedimiento “atropellado” que se siguió para concluirlo. Consideró que la reelección es una forma de rendición de cuentas y que los ciudadanos podrán valorar a sus representantes con el voto.
La diputada Consuelo Argüelles Loya (PAN) subrayó que el dictamen “es un triunfo de la capacidad de consenso que hemos generado los partidos políticos. Es un ejemplo vivo de que la política puede dar respuestas certeras ante las inquietudes de los ciudadanos”. Aclaró que aún quedan pendientes, “pero que sin duda nos llevará a una mejor realidad democrática”.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) advirtió que la reelección legislativa puede ser el prólogo de la reelección presidencial. “Están pavimentando el camino, y nosotros no vamos a ser cómplices de esta situación. No vivimos una normalidad democrática como para pretender que la reelección sea un mecanismo de premio a los buenos legisladores. Como está planteada, es un mecanismo restaurador”.
A su vez, el diputado Carlos Augusto Morales López (PRD) destacó que esta reforma genera instrumentos importantes de participación para el país y la sociedad. Indudablemente, añadió, la conformación del INE genera diferentes problemas y atrofias al sistema electoral; “sin embargo, esperamos que en los procesos de reglamentación se pueda corregir y perfeccionar diferentes vicios que de origen se pueden generar”.
Por el PT, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara dijo que es una mal llamada reforma política-electoral por su origen y contenido. Reprochó que los legisladores que promueven las modificaciones “son estafadores, puesto que impulsan reformas políticas que no estaban contenidas en sus plataformas electorales registradas ante el IFE y que impulsaron sus campañas del 2012”.
Para hablar a favor del dictamen, el diputado José Botello Montes (PAN) destacó la creación de la Fiscalía General de la República y la autonomía que se le otorga, además de los beneficios de la reelección legislativa y de la paridad de género.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano), criticó la reelección que contempla la minuta, pues aseguró que “el porfirismo” será un “régimen inocente” comparado al “régimen de negociantes y mercaderes” que establecerá.
El diputado José Flores Méndez (PRI) resaltó el establecimiento de gobiernos de coalición y la mayor participación del Poder Legislativo en lo relativo al Plan Nacional de Desarrollo, además de la ratificación del gabinete presidencial.
La diputada Lizbeth Rosas Montero (PRD) calificó a la reforma político-electoral como una “moneda de cambio” para permitir la venta del petróleo a compañías extranjeras, y dijo que carece de todo fundamento legítimo, ya que fue violentado el procedimiento legislativo.
Al inicio de la discusión del dictamen de la minuta de reforma político-electoral, se rechazaron cuatro mociones suspensivas que presentaron los diputados: Carol Antonio Altamirano (PRD), Luisa María Alcalde Luján (Movimiento Ciudadano), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Javier Orihuela García (PRD).
Para la discusión en lo particular se reservaron los artículos 26, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 73, 74, 89, 99, 102, 105, 110, 111, 115 y 116. Los artículos transitorios: segundo, segundo fracción primera, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo segundo, décimo tercero, así como la supresión del décimo sexto, décimo séptimo fracción segundo, décimo noveno, y la adición de un artículo transitorio.
