A cómo de lugar, el Presidente quiere desmantelar al INE para manejar las elecciones de 2024

Los líderes de opinión pública tanto en radio y televisión e internet, así como integrantes de los partidos políticos, catedráticos universitarios, editorialistas y comentaristas coinciden en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a desmantelar al INE para él mismo y su grupo manejar las Elecciones Presidenciales del 2024 y, como él ha dicho repitiendo a Porfirio Díaz “quien gana las Elecciones es el que cuenta los votos”.

Tanto es así, que el propio licenciado Porfirio Muñoz Ledo, miembro del partido Morena del Presidente y quien le puso la banda el 1° de diciembre de 2018, asegura que “el Presidente Andrés Manuel López Obrador está dando un Golpe de Estado al destruir del INE y adueñarse del control de las Elecciones Presidenciales de 2024, para imponer a su sucesor a modo, y establecer un Maximato en México”.

Analistas y politólogos como Leo Zuckermann ha expresado abiertamente por televisión y radio nacionales que “el desaseo realizado en la Cámara de Diputados para aprobar las leyes electorales del llamado ‘Plan B’ del Presidente es inaceptable y francamente da asco lo que han hecho los diputados de la mayoría de Morena y sus aliados”.

Otros analistas indican que “las corcholatas presidenciales muy difícilmente obtendrían el triunfo en 2024, a menos que el Presidente meta las manos en la elección, haciendo a un lado al Instituto Nacional Electoral.

LA DESTRUCCION DEL INE ES YA UN ESCANDALO INTERNACIONAL

El ataque feroz del Presidente Andrés Manuel López Obrador al INE, que es el organismo autónomo que garantiza la limpieza de las elecciones en nuestro país, se ha convertido en un escándalo internacional y ha provocado pronunciamientos en su defensa en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU y ha provocado verdadera inquietud en la Organización de Estados Americanos.

El mismo gobierno de los Estados Unidos se ha pronunciado ya en defensa de la estabilidad y permanencia del Instituto Nacional Electoral de México y es muy probable que el tema se aborde en la próxima reunión Trilateral en la que participará el Presidente Joe Biden, de Estados Unidos; el Primer Ministro Justin Trudeau, de Canadá y el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador los próximos días 9 y 10 de enero próximo, en la Ciudad de México.

A continuación reproducimos el pronunciamiento de las Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral, emitido hoy 14 de diciembre de 2022.

Pronunciamiento de las Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral

Ciudad de México, 14 de diciembre de 2022

La democracia vive momentos cruciales: la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática.

Como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, manifestamos nuestra preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo.

A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al INE no se le pidió información diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos.

El artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la función electoral, depositada en el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; condiciones que se han garantizado, sin excepción, en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha.

Esto ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica: un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de excelencia; una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones.

En ese sentido, del análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales.

1. Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.

2. El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito. Esas Juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.

3. Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía.

4. La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.

5. Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna.

6. La reforma plantea la compactación de calendarios y alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas.

Por todas estas razones, consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral.

Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones. En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos.

De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución.

Finalmente, las consejeras y consejeros electorales seremos empáticos con las acciones que las trabajadoras y los trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales.