Sistema de Pensiones, una bomba de tiempo
Cuando en 1995 y 2007 se reformaron las leyes del IMSS y del ISSSTE (faltando aún los sistemas estatales), con el cambio del sistema de beneficio definido, que operaba como un sistema de reparto, por un sistema de contribuciones definidas y cuentas individuales administrado por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), se buscó atacar el problema de la inviabilidad financiera del sistema de pensiones que prevalecía y cuyo pasivo actuarial representa una deuda pública implícita la cual es creciente. Ello además de generar efectos favorables en los niveles de ahorro nacional, en la formalización del mercado laboral y en el desarrollo de los mercados financieros.
Lo anterior sin duda liberó de cargas financieras al sistema. Sin embargo, el Estado asumió el financiamiento de la llamada cuota social y la pensión garantizada, amén de los propios sistemas aún no reformados como los de los grandes organismos y empresas bajo control presupuestario directo: Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y los sistemas estatales entre los más importantes. Ello ha puesto una enorme presión sobre las finanzas públicas federales y estatales desde el punto de vista actuarial el pasivo laboral es financieramente inviable y si además se considera que estos esquemas no están propia y suficientemente fondeados, por lo que el pago de las pensiones actuales se obtiene de recursos corrientes o de endeudamiento, el problema se agrava. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el 2017, el gasto para las pensiones que eroga el gobierno federal representará 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB). En el caso de las obligaciones del IMSS su déficit financiero para el periodo 2011-2050 representa el 13.4% del PIB. Sin embargo, estudios recientes estiman que el pasivo laboral de las pensiones públicas supera el 104% del producto nacional. El caso es sin duda grave.
En el caso de las pensiones privadas no todo es “miel sobre hojuelas”, el sistema de pensiones vía capitalización y cuentas individuales está en una encrucijada, porque su rentabilidad ha ido cayendo y las contribuciones de los trabajadores son insuficientes para garantizar que, al momento del retiro, un jubilado reciba entre 60 y 70 por ciento de su sueldo, como se calculó originalmente. Entre los factores que tienen en esta condición al sistema son la subestimación de los salarios para el cálculo de la contribución del trabajador, así como el efecto negativo que la crisis actual ha venido teniendo sobre los montos de los mismos; las elevadas comisiones que cobran las Afores por la administración de los fondos para el retiro, y la falta de decisión de las autoridades para aplicar la ley y permitir la inversión de los recursos en el mercado de renta variable como lo es el accionario. Un punto adicional que carga presión al sistema es el fenómeno de “multipensiones”, cuando un jubilado por los años trabajados en distintos sistemas accede a más de una pensión al mismo tiempo.
Otro factor que estaría influyendo sobre la carga financiera del sistema es el incremento en la informalidad, ya que estos “trabajadores” no contribuyen al financiamiento de las pensiones actuales, pero sí podrían ser una carga en algunos años, lo anterior si consideramos que en gobierno recién electo tiene entre sus propuestas implementar un esquema de seguridad social universal independientemente de la condición laboral del beneficiario, y que incluye una pensión a partir de los 65 años. En este contexto es prioridad del nuevo gobierno meterse a fondo en el tema, ya que es una bomba de tiempo que podría estallarle en las manos.
Cabe señalar que las peculiaridades del este gran problema no tienen que ver con que el monto para cubrir pensiones y jubilaciones sea elevado, sino que los recursos destinados a promover la generación de mayor riqueza, que a su vez permita generar en el futuro los recursos para seguir otorgando bienestar social, son mucho menores por falta de reformas. Para que el sistema de pensiones mexicano sea más eficiente se requiere solucionar el conjunto de reformas estructurales (especialmente la laboral y fiscal), que promuevan el crecimiento de los salarios reales y en consecuencia el monto de estas pensiones y su financiamiento saludable.
Incrementar los impuestos, las cuotas obrero-patronales, ampliar los requisitos para la jubilación y recortar el monto de las pensiones están entre los esquemas que deberán ser estudiados pera resolver este grave problema, ello como cualquier medicina no tiene buen sabor, pero es necesaria. De igual forma, destacan los casos como el de las pensiones que otorga el IMSS como patrón, en donde las soluciones que se implementen deben ser resultados de acuerdos con los beneficiarios y el propio sindicato, factor que en la práctica ha obstaculizado la reforma. El panorama pues no es nada favorable, pero hay que desactivar la bomba antes de que sea demasiado tarde.
Por Julio A. Millán Bojalil, Presidente de Consultores Internacionales S.C.
