Por Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Noventa por ciento de lealtad y diez por ciento de experiencia, es la fórmula impuesta como requisito para poder participar en el gobierno de la 4T que ha demostrado, a un altísimo costo para el país, no ser una buena idea para integrar un equipo de trabajo. Particularmente, cuando se trata de puestos en el servicio público, que supone acciones para cumplir con las finalidades del Estado. Esto es, el bienestar común, atender las necesidades de la sociedad, en donde, eficiencia, eficacia y oportunidad, debieran ser prioridad.
Ante la devastación causada por el huracán Otis en el estado de Guerrero, ya no sorprende la actitud inconmovible de la bancada morenista en la Cámara de Diputados. Una muestra más de que la lealtad está por encima de la responsabilidad de sus funciones. Actuando como una rama más del Poder Ejecutivo, y sin importar el estado de emergencia en que se encuentra la población guerrerense, los diputados del partido oficial cumplen al pie de la letra las instrucciones de Palacio.
A las iniciativas que provienen del Ejecutivo, no se les cambia ni una coma, aunque surjan imponderables como es el caso. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, estaba decidida con recortes a varias entidades autónomas que no son bien vistas en la 4T y, por supuesto, a la propuesta del incómodo Poder Judicial Federal.
La tragedia que viven los guerrerenses, no fue suficiente para reconsiderar ajustes en el gasto. Impensable en el caso de las obras emblemáticas del sexenio que han multiplicado su costo original. El tren Maya terminará costando sobre 500 mil millones de pesos, mucho más que los 120 mil millones presupuestados en un principio. Por su parte, la refinería de Dos Bocas, “sólo” duplicará su costo, pues en lugar de los 8 mil millones de dólares originales, se calcula que costará entre 16 y 17 mil millones de dólares (300 mmp).
En el Congreso, los diputados plantean la necesidad de crear un fondo de emergencia para dedicarlo a la reconstrucción del puerto de Acapulco. El problema es que la cobija no alcanza, y ni modo de voltear a ver el derroche que merecen los programas del gobierno federal y los “proyectos estratégicos”. Como cancelaron el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN), que operaba de manera automática en casos como lo sucedido en Guerrero, con protocolos establecidos y de manera oportuna, ahora se tiene que improvisar y buscar en dónde obtener los recursos para atender esta emergencia. Se dijo, al principio, que se contaba con suficiencia de recursos, lo que, según se ve, no es exacto.
Los daños causados por el huracán Otis, se calculan entre 200 mil y 300 mil millones de pesos, según el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora. El gobierno ha ofrecido un financiamiento por 61 mil millones de pesos y varias medidas que no reflejan solidaridad con los afectados.
Anuncian exención en el pago del servicio de luz por el período de noviembre 2023 a febrero 2024, cuando muchas personas perdieron sus viviendas y negocios; exención del cobro de impuestos desde octubre 2023 hasta febrero 2024, pero con la devastación, no hay manera de generar ingresos; prórroga de 6 meses en el pago de créditos del Infonavit, Fovissste e IMSS, cuando no hay trabajo; créditos a pequeñas y medianas industrias y créditos a la palabra, sin intereses como concesión.
Como en el caso de la pandemia, el gobierno se niega a dar apoyos a fondo perdido y se reduce a dar prórrogas y no cobrar intereses en los créditos que ofrece. A lo más que llega es a apoyar en la mitad del pago de intereses de los créditos que otorgará la Banca Comercial a los hoteleleros. Ofrece más becas para estudiantes, pero no se habla de reconstrucción de escuelas. Además de incluir partidas propias de las funciones del gobierno como mejorar las líneas de distribución y reparación de carreteras.
Difícil entender la actitud del Ejecutivo en el caso de tragedias. Hay resistencia a acercarse a los afectados, a recibirlos, a mostrarles empatía, solidaridad, a acudir a los lugares de los siniestros. Ejemplos sobran y la constante ha sido la evasión.
Ahora resulta que fuera de Acapulco y Coyuca de Benítez, el huracán no causó mayores daños en el estado, según la Secretaría de Gobernación, por lo que eliminó la declaración de desastre natural en 45 municipios que, en un principio, se habían incluido. Con este recorte, la ayuda oficial no contempla ningún apoyo para cerca de dos millones y medio de guerrerenses también afectados por el huracán en sus viviendas, negocios, cosechas, escuelas que tendrán que reparar con sus propios medios. Como si lo único que importara fuera la reconstrucción de Acapulco, por aquello de su imagen internacional.
¡Vaya humanismo de la 4T!
