Seguridad Alimentaria
Por el Dr. Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.
El párrafo tercero del artículo 4º de nuestra Carta Magna impone al Estado la obligación de generar las condiciones para que toda persona tenga acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; es decir, hacer posible que este derecho humano sea efectivo y permita vivir a las personas con dignidad.
En relación con lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, entiende que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen “acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimenticias para llevar una vida activa y sana”.
Solo existe seguridad alimentaria, cuando se garantice la disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos de manera real e ininterrumpida, pues de faltar alguno de los elementos, se estará frente al peligro del hambre y la subnutrición.
Ahora bien, a partir de la inseguridad alimentaria, con hambre y subnutrición se comienza un círculo vicioso en donde le sigue el desarrollo físico y cognitivo deficiente, la baja productividad y la pobreza.
Lo anterior es importante, pues la FAO dio a conocer en su estudio “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2022”, en el que señaló que en 2021 padecían hambre entre 702 y 828 millones de personas. Lo peor, las terribles predicciones de que cerca de 670 millones de personas seguirán padeciendo hambre en 2030.
Menciona que en 2020, alrededor del 22% de los menores de 5 años padecía retraso del crecimiento; el 6.7% desnutrición grave y el 5.7% sobrepeso. Se identificó que las zonas rurales y los hogares más pobres -en donde las madres no habían recibido educación formal- eran más vulnerables al retraso del crecimiento y desnutrición, resultando la prevalencia más elevada entre las mujeres que en los hombres; y de manera paradójica, las zonas urbanas y los hogares más ricos corrían un mayor riesgo de padecer sobrepeso.
Por otro lado, el estudio indica que casi 3,100 millones de personas no podían acceder a una dieta saludable en 2020 debido a su costo. De esa cifra, en América Latina lo padecen 131.3 millones de personas.
En el caso de México, se señala que en 2021 se registran más de 7 millones de personas subalimentadas y cerca de 33 millones de personas en un estado de inseguridad alimentaria moderada o grave.
Ante esta grave situación, la FAO recomienda a los gobiernos del orbe aumentar sus esfuerzos y crear sinergias que permitan cumplir con los compromisos internacionales en la materia. Por ejemplo, en la Agenda 2030 se planteó como objetivo poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición; así como, promover la agricultura sostenible. Lo cual, a 7 años se antoja imposible, debido a una triple crisis: climática, los conflictos armados y los efectos perniciosos aún indeterminados de la reciente emergencia sanitaria por COVID–19.
En suma, los datos demuestran que la seguridad alimentaria no es un problema privativo de la economía, sino que la solución yace en comunión con la educación, salud, desarrollo agrícola y la sostenibilidad.
Y como factor principal, conviene insistir en reconocer a la educación como derecho humano, que es la llave para ejercer los demás derechos y la única solución real para sacar del subdesarrollo a las personas. Los apoyos económicos entregados de manera directa, ayudan a subsistir al hambre, pero nunca a salir de la pobreza.
Como Corolario la frase de Charles Darwin: “Si la miseria de la gente pobre no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, grande es nuestro pecado”.
