Visión sobre México de la OCDE

Tiene el segundo nivel más elevado de desigualdad de los ingresos en la población activa en la OCDE, justo por debajo de Chile y muy por encima de la media de la OCDE, a pesar de su disminución desde mediados de los años 90. El ingreso medio del 10% los hogares mexicanos con mayores ingresos era en 2008 de 228,900 MXN, 26 veces por encima del ingreso del 10% con menores ingresos, que tenían un ingreso medio de 8,700 MXN. La diferencia es de 9 a 1 en los países de la OCDE.

Resultados clave:

En los últimos 25 años, los ingresos reales de los hogares crecieron un 1.7% para el 10% de los mexicanos más ricos, pero solo un 0.8% para el 10% más pobre.

La brecha de ganancias entre los empleados aumentó, esto está en relación con una mayor diferencia de las horas trabajadas entre los trabajadores mejor pagados y los peor pagados, confirmando una tendencia observada en la mayoría de los países de la OCDE. Aunque en promedio los mexicanos trabajan más horas que en ningún otro país de la OCDE, la cantidad de horas anuales trabajadas de los trabajadores con menores ganancias disminuyó de 2600 a 2150 horas, mientras que las horas anuales trabajadas de los trabajadores con ganancias superiores aumentaron, de 2400 a 2500 horas. [Table4.A1.2]

Lapartedeingresosportrabajoautónomoen0.1e0ltotaldelosingresosdisminuyódecasi30%amediadosde los ochenta a alrededor de 20% en el 20050..0L5a tendencia a la baja del trabajo autónomo contribuyó a disminuir la desigualdad entre los trabajadore0s.0,0compensando el aumento en la disparidad de ganancias de los asalariados.

Cambios en la sociedad –un mayor porcentaje de solteros y de hogares mono parentales, de personas casadas con parejas del mismo nivel de ingresos – explican más del 70% del incremento en la desigualdad de ingresos en los hogares. En otros países de la OCDE, este factor tiene menos importancia. Al mismo tiempo, el aumento en la tasa de empleo femenino tuvo el efecto contrario en la desigualdad, reduciendo el nivel de la desigualdad de ingresos en los hogares de manera considerable.

Las prestaciones sociales en especie constituyen alrededor del 7% de los ingresos posteriores a la deducción de impuestos. Aunque esta cifra se ha multiplicado por dos desde los años 90, sigue siendo inferior a la media de la OCDE (12%). Estas prestaciones contribuyen a reducir los niveles de desigualdad únicamente en un 3% y este impacto no ha variado en los últimos años. Nuevos programas de transferencias condicionadas introducidos en la última década (Oportunidades, Seguro Popular) han contribuido a mejorar los resultados escolares y de salud y a disminuir la pobreza, pero su impacto en el nivel de desigualdad es pequeño dado el bajo nivel de gasto en relación con el PIB per cápita.

México es uno de los países de la OCDE que pone más énfasis en los servicios públicos en comparación con las prestaciones monetarias: el gasto público social es cuatro veces mayor en servicios públicos como salud y educación que en prestaciones monetarias [Figure8.1]. México consigue una de las mayores reducciones en el nivel de desigualdad cuando se toman en cuenta los servicios públicos, sobre todo cuando se usan índices de desigualdad centrados en la parte baja de la distribución de la renta: las desigualdades entre los ingresos más altos y los más bajos se reducen en ese caso a la mitad.

Principales recomendaciones sobre políticas para los países de la OCDE contenidas en el informe Divided We Stand

El empleo es el medio más promisorio de hacer frente a la desigualdad. El mayor reto consiste en crear más y mejores empleos, que ofrezcan buenas perspectivas profesionales y den a la gente oportunidades reales de superar la pobreza.

La inversión en capital humano es fundamental. Esa inversión debe comenzar en la primera infancia y mantenerse durante todo el ciclo de la enseñanza obligatoria. Una vez realizada la transición de la escuela al trabajo, deben existir incentivos suficientes para que tanto los empleados como los patrones inviertan en capacitación a lo largo de la vida laboral.

La reforma de las políticas fiscales y de las prestaciones sociales es el instrumento más directo para aumentar la redistribución. Las considerables y persistentes pérdidas económicas que sufren los grupos de bajos ingresos a consecuencia de las recesiones ponen de manifiesto la importancia de las transferencias gubernamentales y las políticas bien concebidas de ayuda a los ingresos.