Por Miguel Tirado Rasso
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Los avances en materia electoral fueron siempre resultado de múltiples debates, discusiones, controversias y acuerdos entre los diversos actores de nuestro escenario político.
Abortada la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional formal en materia electoral, al no reunir Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, la mayoría calificada requerida por la ley para su aprobación, en Palacio Nacional se ideó un plan B, según palabras del propio jefe del Ejecutivo, consistente en dos iniciativas con proyectos de decreto de reformas ordinarias a la legislación electoral vigente.
La propuesta se envió a la Cámara de Diputados que inició, en su momento, el proceso legislativo como cámara de origen. Un decreto para reformar dos leyes, de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El otro, para hacer cambios a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de una Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Todo un paquete para modificar, eliminar y adecuar al gusto de la cuarta transformación, lo que les impida no solo intervenir sino interferir, como gobierno, en los procesos electorales. Algo que suponíamos ya superado, cuando en 1990, derivado de un acuerdo político entre las distintas fuerzas políticas, el gobierno, a través de la secretaria de Gobernación (Comisión Federal Electoral), dejó de ser el responsable de la organización de las elecciones en nuestro país, encomendándole esta tarea a un organismo de nueva creación, el IFE. Seis años después, el Congreso reforzaría la autonomía e independencia del Instituto.
Los avances en materia electoral fueron siempre resultado de múltiples debates, discusiones, controversias y acuerdos entre los diversos actores de nuestro escenario político. Oposiciones y gobierno en diálogo abierto, como única fórmula para lograr entendimientos y alcanzar una apertura democrática que permitiera la participación de otras fuerzas políticas en condiciones de igualdad.
La cerrazón del entonces partido casi único cedió y, con ello, las oposiciones tuvieron acceso al poder. En menos de cinco lustros, nuestro país ha vivido en alternancia política, en la que tres diferentes organizaciones políticas asumieron el poder, en procesos electorales democráticos, pacíficos, transparentes y sin conflictos electorales.
En la lucha por fortalecer nuestra democracia, llama la atención que, quiénes en otra época estuvieron en primera fila de la oposición demandando apertura, diálogo y piso parejo, ya sentados en la Silla del Águila renieguen de las reformas legales que les permitieron equidad en la competencia y acceso al poder. Que pretendan acabar con las leyes e instituciones que han contribuido a fortalecer nuestra democracia, rechacen el diálogo, se nieguen a los debates y no escuchen las voces de la oposición.
Porque en esas condiciones Morena ha operado su propuesta de reforma electoral. Sin diálogo y con prisas. Las reformas en esta materia, siempre se enriquecieron con la aportación de puntos de vista de diferentes actores políticos y surgieron a partir de reclamos y demandas de oposiciones que, en su momento, los gobiernos escucharon y atendieron. Ahora la iniciativa proviene del poder que se pretende imponer tal cual, sin modificarle ni una coma, que es el sello de la casa.
Por lo pronto, el decreto para reformar dos leyes, fue aprobado y publicado en el DOF del 27 de diciembre, por lo que ya entró en vigor. En contra de éste se han presentado ya varias impugnaciones ante la SCJN. Es de esperar que el máximo tribunal le de prioridad a este tema que pone en riesgo la calidad del proceso electoral con miras al 2024.
El segundo decreto, que reforma tres leyes y crea una nueva, aunque ya fue aprobado por ambas cámaras, con excepción de un artículo, está pendiente en el Senado que tendrá que aprobar la eliminación que hicieron en la Cámara de Diputados de la cláusula de vida eterna que permitía a los partidos pequeños que se les pudieran transferir los votos de los partidos con que formen alianza. Sería deseable que el Senado aprobara a la brevedad esta iniciativa que no representa mayor problema.
Los tiempos no ayudan para la lucha legal en contra de estas reformas, porque a partir del primero de junio, ya no podrán hacerse modificaciones a las leyes en materia electoral. Falta ver si Morena está dispuesta a aceptar el juego democrático en el que la disidencia pueda ejercer su derecho a combatir legalmente unas reformas pensadas, aprobadas e impuestas desde el poder, y no acuda a soluciones chicaneras, retardando el proceso legislativo hasta agotar los términos.
