Transmigración por México, ¿fenómeno sin solución?

México es un país mayoritariamente de emigrantes, aunque cuenta con una tasa de casi 4% de inmigrantes, a los que se suma la población en tránsito hacia Estados Unidos¹. Los llamados transmigrantes son principalmente centroamericanos, y su paso por México ha sido registrado tanto por entidades gubernamentales como por estudios académicos con un objetivo sociodemográfico. Gracias a ellos sabemos que las principales nacionalidades que atraviesan México hacia Estados Unidos son guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. En las estadísticas del Instituto Nacional de Migración se destaca que la mayoría de los indocumentados “asegurados”, provienen de esos tres países. Esto se debe a que sus opciones de mejoría socioeconómica están en el Norte, mientras que a los nicaragüenses la cercanía con Costa Rica les da una opción más factible. Cabe destacar que los salvadoreños han mostrado mayor capacidad de organización que las otras dos nacionalidades, lo cual reduce los costes de la transmigración en cuanto a detenciones, aunque ante los hechos recientes están en la misma vulnerabilidad que el resto.

La migración centroamericana hacia México tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, sin embargo el fenómeno de transmigración es relativamente reciente, se calcula que desde los años 70, impulsado quizá por las guerras civiles que han vivido estos países. Desde entonces se han ido estableciendo rutas con diversos tipos de transporte y dinámicas: ferroviarias, a pie, en autobús de pasajeros, en autobús de carga, automóvil particular o aéreas. Las rutas terrestres son las más utilizadas, y entre ellas destaca la ferroviaria; quienes recurren a ella son los migrantes con menores recursos. Por tanto, el camino se hace largo, no sólo por el tamaño del territorio a atravesar antes de llegar a Estados Unidos, sino por lo sinuoso de la ruta, por los desvíos que deben hacer para evitar controles policiales y por las grandes pausas que encuentran al intercambiar de trenes. La mayoría parte desde Chiapas o Tabasco, y a partir de ahí se encuentran un número indeterminado de caminos vecinales que les acercan a algunas ciudades, principalmente Tapachula, Palenque, Arriaga y Tenosique. Según Rodolfo Casillas –investigador de FLACSO México-, “son cinco las rutas por las que transitan los centroamericanos transmigrantes, cuatro de carreteras y una ferroviaria. En la que ocurre el mayor número de violaciones de derechos humanos es la última. Las rutas no son permanentes, dependen de cambios en el personal de migración, realización de operativos de control, creación de redes de apoyo o tráfico comercial, uso de rutas por redes de tráfico ilícito, entre otras razones. De ahí que los migrantes se encuentren vulnerables si no cuentan con redes de apoyo que financien el viaje, incluyendo muchas veces el pago del “pollero” o “coyote” que los guíe por un camino “seguro”. Los familiares que ya se encuentran en Estados Unidos son, en muchas ocasiones, quienes financian este proceso, en caso contrario los migrantes lo hacen con ahorros, préstamos o con trabajo temporal a su paso por México. En general, se realizan envíos de cantidades pequeñas que van financiando las diferentes etapas del camino. Esta estrategia constituye una respuesta a los problemas de asaltos y corrupción que muchas veces dejaban descapitalizado al migrante a la mitad o al inicio de su camino. Sin embargo, de poco les ha servido para enfrentar los nuevos obstáculos a su paso hacia Estados Unidos. Más aún, los transmigrantes con familiares en Estados Unidos son el nuevo filón de las redes delictivas que además de lucrar con el tráfico de drogas, lo hacen –en últimas fechas- con el secuestro de migrantes.

Esta travesía ha generado un fenómeno de trascendencia socioeconómica y de demandas políticas. Si bien es cierto que las localidades fronterizas son las más afectadas por este fenómeno, también lo es que el gobierno federal ha tenido que asumir un papel activo debido a los últimos hechos violentos reportados en más de un medio de comunicación –escrito, televisado o radiofónico-. En los primeros años del siglo XXI se empezaron a oír noticias sobre secuestros de migrantes, inconexos entre sí, en varias zonas de México –sobre todo en el sur y sureste-, con la única característica de ser rápidos –los llamados secuestros exprés. Esta práctica que parecía ser aislada, en poco menos de cinco años se ha extendido y evolucionado a su forma actual. Los migrantes centroamericanos que no tienen recursos para pagar un pollero o coyote que los guíe por el camino “más seguro” hacia Estados Unidos, se ven obligados a viajar por su cuenta como polizontes en los trenes de carga que parten desde Chiapas hacia Tamaulipas, a la colindancia con Estados Unidos. En el camino se encuentran con comandos armados entre los que participan tanto sicarios del narco –como los Zetas-, bandas de criminales locales, maras, e inclusive policía local y agentes de migración. En general, en el tren o en las “estaciones” los migrantes son víctimas de asaltos, robos o violaciones. En los últimos meses comandos armados pertenecientes a grupos de narcotraficantes han encontrado una veta lucrativa entre los migrantes que atraviesan el país, en busca del Norte. Cuando estos comandos actúan lo hacen de forma violenta, se llevan a grupos de migrantes a ranchos escondidos o casas de seguridad, en donde les obligan a desnudarse para robarles todo lo que lleven encima. Después les fuerzan a llamar a sus parientes en Estados Unidos para pedirles rescate, normalmente sumas pequeñas que puedan enviar de manera expedita –entre 500 y 1000 dólares-. Además los golpean con tablas de madera y violan masivamente a las mujeres, vendiendo a las que consideran atractivas por dos o tres mil dólares a redes de explotación sexual. Quienes no pagan o no quieren llamar a su familia, son masacrados de la forma más atroz frente al grupo.

El paso de estas personas por el sur de México ha creado redes de apoyo social –sobretodo desde la iglesia y sociedad civil-, pero también ha propiciado cierta animadversión o indiferencia de los pobladores. Se han documentado abusos, violencia y extorsión ejercidos por particulares y autoridades. Desde el gobierno federal la respuesta se ha traducido en acciones que buscan ventilar y analizar este fenómeno dándole cauces positivos, aunque no han sido eficientes en la solución de estas violaciones. Desde 2005 el Instituto Nacional de Migración, generó una propuesta de Política Migratoria Integral, en la que se buscaba ordenar y administrar la migración proveniente de Centroamérica. Casi seis años después, se ha visto sobrepasada por la realidad existente. Los procedimientos gubernamentales intentan dar una respuesta a esta situación, pero los lapsos temporales son tan amplios que se ven sobrepasados por el día a día de la frontera. Sin la presencia de agentes sociales que enfrenten directamente esta situación dando respuestas inmediatas a las necesidades de los migrantes, la solución de estas arbitrariedades queda aún más lejos de resolverse.

Aunado a ello, el aumento de la violencia militar y la guerra contra el narco que ha iniciado el presidente Calderón, ha vulnerado aún más a los migrantes. El año 2010 ha sido el más violento para aquellos que intentaron llegar a Estados Unidos. Se calcula que el secuestro masivo de migrantes llegó a los 20 mil casos, ante la pasividad de las autoridades locales, regionales y federales. El 23 de agosto de 2010, la muerte de 72 indocumentados en Tamaulipas hizo saltar alarmas sobre el nivel de impunidad que existe en México, y el desinterés de los gobiernos de los países de origen de los migrantes. La presión mediática obligó a gobiernos a tomar cartas en el asunto. El gobierno de Honduras fue el primero en levantar la voz en defensa de sus connacionales, y demandó al gobierno mexicano responsabilidad en este asunto. La respuesta –aunque se hizo esperar- llegó con la destitución de la entonces titular del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero – a quien premiaron, tres meses después,  con la secretaría general del PAN-, así como con el compromiso del gobierno mexicano de garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de los ciudadanos que estén en tránsito por el país. A más de un año de los hechos, la PGR ha identificado a 82 sospechosos de este secuestro, incluidos a agentes de policía municipal. No obstante, existe una falta de información clara acerca de otras investigaciones sobre abusos a los derechos humanos sufridos por migrantes a lo largo de 2010 y 2011. La escasa atención y protección a las víctimas y sus familiares es una tema que debe preocupar no sólo a las autoridades –locales, y federales-, sino también a la sociedad civil en general. Todos los días son violados los derechos de los migrantes que están de paso por nuestro país, sin que esto sea ya una novedad. Esta indiferencia hace que aumente la vulnerabilidad de los transmigrantes y que el paso por México sea una trampa de la que posiblemente no puedan escapar.

Por la Dra. Cristina Gómez Johnson, Investigadora del Instituto Ortega y Gasset de Madrid

1 Según estadísticas del INEGI, durante el primer semestre de 2010, por cada mil habitantes habituales en México se contabilizaron 4,6 salidas por cambio de residencia al extranjero, frente a las 3,3 entradas de inmigrantes internacionales.