Por Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Como control de daños y para mostrar músculo, Morena organiza ahora una movilización, el próximo domingo, por los 4 años de gobierno que el propio titular del Ejecutivo encabezará.
El tiempo vuela y los plazos legales apuran a quien tiene prisa por ajustar el orden jurídico, las leyes, pues, para que, Morena se mantenga en el poder después de las elecciones de 2024 y la llamada Cuarta Transformación, no se interrumpa. Aunque, a decir verdad, ésta siga siendo la gran incógnita de lo que significa y hacia dónde nos lleva. Porque, en lo que va de gobierno, son más las promesas y los pendientes, que los resultados logrados, en temas como salud, educación, seguridad, bienestar, empleo, corrupción y economía. Y, eso, según datos oficiales.
Cuando en la Cámara de Diputados iniciaron los trabajos para el análisis de las más de 100 iniciativas de reforma en materia electoral, propuestas por los diversos grupos parlamentarios, el diputado Ignacio Mier, habría asumido, en su calidad de coordinador de la bancada de Morena, el compromiso de “construir una reforma político electoral en beneficio del país, no la imposición de la mayoría mecánica…Un dictamen colegiado” habría expresado (Boletín 2908, Cámara de Diputados). Un compromiso, por lo visto, que cayó en el olvido.
Y es que, quizás, ese era un buen propósito, del también presidente de la Junta de Coordinación Política, hasta que de Palacio le instruyeron olvidar el tal dictamen colegiado (no me vengan con eso de que es lo democrático), mandar a la congeladora las propuestas de reforma de las oposiciones, concentrarse únicamente en la iniciativa de Morena y aplicar la aplanadora de su mayoría, sin misericordia. Porque lo que urge es modificar la ley para disminuir a la autoridad electoral.
La aprobación de la reforma constitucional se complicó. Los votos esquiroles ya no están asegurados. La marcha a favor del INE fue exitosa. El numeroso grupo de participantes, voluntarios y espontáneos, no se puede menospreciar. Su mensaje significó una fuerte presión para el dirigente del PRI, Alito Moreno, al que no le queda más remedio que cumplir sus dichos y compromisos con la alianza tripartita, Va por México. Su presente político está en juego. Esa manifestación vino a descomponer la estrategia para quitar del camino a las actuales autoridades electorales, aunque el acoso continúa.
Como control de daños y para mostrar músculo, Morena organiza ahora una movilización, el próximo domingo, por los 4 años de gobierno que el propio titular del Ejecutivo encabezará (¿en apoyo de la marcha o de su gobierno?). No hay quién dude que una manifestación, promovida desde el gobierno, sea todo un éxito. Cuenta con todos los recursos para conformar un gran desplazamiento de manifestantes.
Hay, sin embargo, diferencias entre una y otra marcha. En la ciudadana del domingo 13 de noviembre, la participación fue espontánea; la asistencia de los integrantes fue por sus propios medios, y la respuesta a la convocatoria, voluntaria. La oficial, no resulta tan espontánea ni voluntaria, pues se establecen cuotas de participantes a organizaciones gremiales y a gobiernos de Morena de los tres niveles, además de utilizar recursos públicos para transporte y lunch de los marchistas.
Por lo pronto, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, se aplicó a cumplir las instrucciones de Palacio y, olvidando el compromiso del dictamen colegiado e ignorando las iniciativas de los distintos grupos parlamentarios, anunció que la iniciativa de reforma electoral de Palacio, será discutida en comisiones el lunes 28 y el martes 29, se espera turnar al pleno. De no ser aprobada, se aplicará el Plan B, que incluye reformas a las leyes secundarias electorales que serán votadas por la aplanadora morenista antes del 7 de diciembre.
El Plan B, también afectará al INE, aunque no en la magnitud en que la reforma constitucional de Morena lo pretende. Aunque también los de la 4T pueden recurrir a una argucia, como lo hicieran en el caso de la reforma eléctrica, y aprobar reformas con leyes secundarias contrarias a lo que ordena la Constitución. Tienen los votos para hacerlo.
En esto, buscarían comprometer a la SCJN, ya sea para que las impugnaciones que se interpongan en contra de esas reformas las pongan a dormir el sueño de los justos y, mientras, tengan vigencia y obligatoriedad. O bien, conseguir que cuatro ministros emitan su voto en contra de las impugnaciones, para evitar que sean declaradas inconstitucionales, como sucedió ya en el caso de la Ley de la Industria Eléctrica.
Es de esperar, sin embargo, que, tratándose de un tema tan delicado que pone en riesgo nuestro sistema democrático, el gobierno se cuidaría de no caer en el uso de esta clase de artimañas, porque, según dicen, no son igual a los de antes, pero…
