El discurso que José Woldenberg pronunció en defensa del Instituto Nacional Electoral el 13 de noviembre en el Monumento a la Revolución.
Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad políticas, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades.
Todo eso constituye un patrimonio común y por ello estamos aquí, ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones sociales, militantes de partidos, integrantes de organizaciones sociales y personas sin filiación política que deseamos que México sea la casa que nos cobije a todos.
Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos. El derecho a manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestras preocupaciones y aspiraciones. Somos parte de una marea de opinión que aprecia y defiende la democracia.
Como país fuimos capaces de edificar una germinal democracia. Dejamos atrás el país de un solo partido, de un presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia ni opciones auténticas, de poderes constitucionales que funcionaban como apéndices del Ejecutivo, de medios de comunicación mayoritariamente oficialistas, para abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política, a elecciones libres, disputadas y creíbles, a Congresos plurales, gobiernos de diferente orientación, pesos y contrapesos en el entramado estatal y sin duda una espiral virtuosa que amplió el ejercicio de las libertades.
Y para que ello fuera posible se requirió de movilizaciones, luchas, denuncias, acuerdos —muchos acuerdos— y sobre todo conformar normas e instituciones electorales capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a la diversidad de fuerzas políticas que modelan el país. Ocho reformas se llevaron a cabo entre 1977 y 2014 y los resultados están a la vista. Fue necesario edificar autoridades electorales autónomas, tribunales capaces de desahogar la aguda conflictividad, construir condiciones equitativas de la competencia, puertas de entrada y salida para las distintas corrientes políticas que cristalizaron en partidos, y de manera paulatina pero sistemática nos acostumbramos a la diversidad, a las contiendas competidas, a las alternancias en los ejecutivos, a los congresos plurales y a los mecanismos de diálogo, negociación y acuerdo que los mismos reclamaban.
Quiero llamar su atención sobre un solo hecho: la alternancia constitucional y pacífica (subrayo, pacífica) del poder presidencial ocurrió, por primera vez en México, gracias a ese proceso democratizador. En casi doscientos años de vida independiente, nuestro país nunca lo había logrado.
Esa democracia se construyó con el trabajo de millones, de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, cuyo edificio culminante fue el del Instituto Nacional Electoral. Ese gran cambio histórico no puede ser explicado sin la existencia de nuestro sistema electoral.
La titularidad del Poder Ejecutivo ha cambiado y lo ha conquistado el partido A, el partido B y el partido C. El Poder Legislativo ha recogido los cambios en las preferencias políticas de millones de mexicanos; las minorías de ayer son las mayorías de hoy y en todo el país, ese proceso se repite y se ha naturalizado a lo largo de casi tres décadas.
No llegamos a una estación final. Tampoco a un paraíso. Apenas a una germinal democracia pero que nos ha permitido asentar la pluralidad política y que la misma pueda coexistir y competir de manera pacífica.
El problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno. Es necesario insistir en eso, porque significa no sólo una agresión a las instituciones existentes sino a la posibilidad de procesar nuestra vida política en un formato democrático.
México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el proceso electoral. Nuestro país no merece regresar al pasado porque lo construido permite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema democrático.
México no puede destruir las destrezas profesionales, los conocimientos adquiridos y el compromiso de los funcionarios que integran los servicios profesionales electorales.
México no puede centralizar todos los procesos electorales en dos instituciones descomunales, no sólo porque somos —según la Constitución— una república federal, sino porque ni el INE ni un solo Tribunal podrán realizar con eficiencia lo que hoy encuentra cauce y solución en 32 entidades soberanas.
Otra vez intento ilustrar lo que digo con evidencias. Desde la última reforma electoral en 2014, se han disputado en los estados y la Ciudad de México, 55 336 cargos de elección popular, entre ellos 55 gubernaturas, 93 legislaturas y 5932 ayuntamientos. Tan sólo el año pasado los institutos estatales registraron 275 424 candidaturas locales. Con tales números ¿es deseable y posible concentrar, centralizar y administrar ese universo político en una sola institución?
Por eso, México no puede deshacerse sin contemplaciones del entramado federalista en materia electoral sin perder en eficacia y confianza. Tampoco de los tribunales en materia electoral porque siguen siendo necesarios para desahogar el permanente litigio que acompaña nuestras elecciones.
México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad por más relevante que sea. Hay importantes lecciones en el pasado: las reformas que fueron fruto de voluntades colectivas forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el acuerdo.
México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un listado confiable, cuyas credenciales se han convertido de facto en cédulas de identidad ciudadana.
México viviría conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país.
Quienes estamos hoy aquí, ciudadanos todos en el ejercicio de nuestros derechos, sabemos, porque lo vivimos, que en nuestro país laten diferentes formas de pensar, distintos intereses y cuerpos valorativos, diversas plataformas políticas e ideológicas, y que sólo desde el autoritarismo más ciego se puede aspirar a homogeneizar esa riqueza de expresiones. Por el contrario, nosotros valoramos esa diversidad porque creemos que en ella radica parte de la riqueza de nuestra nación y por eso estamos obligados —sí: obligados— a garantizar su expresión, coexistencia y competencia civilizada.
Y es en ese horizonte en el cual elecciones auténticas, libres, equilibradas, resultan insustituibles. Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción por un pasado que en buena hora fue desterrado.
Las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato: padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales, conteo pulcro de los votos, resultados preliminares en la noche y por supuesto que ganadores y perdedores sean definidos por el voto de los ciudadanos y sólo por ellos.
Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios —sí, a todos— sin exclusiones ni excepciones, los que conforman las Cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades, a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada: la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo.
El día de hoy refrendamos nuestro profundo compromiso con la democracia y por ello defendemos un sistema electoral que nos cobija a todos y que permite la coexistencia de la diversidad y la substitución de los gobiernos por vías pacíficas y participativas. Ese es el México que queremos: un México para todos, un México cuya diversidad cuente con un formato para su convivencia y competencia.
Por ello decimos:
No a la destrucción del INE.
No a la destrucción de los institutos locales.
No a la destrucción de los tribunales locales.
No a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno.
No al autoritarismo.
Sí a la democracia.
Sí a un México democrático.
Monumento a la Revolución, 13 de noviembre de 2022.
José Woldenberg
