Por Miguel Tirado Rasso
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El 31 de diciembre del presente año concluye su mandato, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar quien heredará a su sucesor o sucesora, el rezago de un buen número de asuntos relevantes para el ajuste del marco jurídico al modo de la 4T. Porque entre las prisas por aprobar los proyectos de ley, un poco de descuido en su elaboración y la instrucción de no cambiarles ni una coma en el Congreso, la sustentación jurídica de algunas iniciativas de Palacio no es, precisamente, su característica, convirtiéndolas en material de impugnación ante la SCJN. Con la fiebre legislativa de Morena, el combate legal se ha multiplicado, cargándole la chamba al máximo Tribunal, y contando.
Durante la primera mitad del sexenio, la adaptación del orden jurídico para efectos de la transformación no significó mucho problema. Un Congreso dominado por Morena, con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, facilitó el primer tramo legislativo para cualquier reforma constitucional. En el Senado, el trámite se complicaba, pero con solo 10 votos de la oposición, se alcanzaba el objetivo. A las oposiciones, sin posibilidades de éxito en el debate frente a la aplanadora oficial, solo les quedó la opción de la vía judicial, para pelear la ilegalidad de las reformas.
En la segunda mitad, las cosas se complicaron para Morena al perder la mayoría calificada en la Cámara Baja. Ahora cualquier reforma a la Constitución encontraría su primer obstáculo en San Lázaro. Ante la formación del bloque opositor de la alianza Va por México, las puertas para la aprobación de estas reformas, se cerró. Bueno, al menos, por un ratito, mientras se sostuvo la moratoria legislativa declarada por el triunvirato de partidos de oposición.
La amenaza de esta huelga legislativa, llevó a Morena a aplicar un plan B, para continuar desarticulando el tejido jurídico vigente, además de insistir, exitosamente, según se vio, con la cooptación de legisladores de la oposición, aprovechando las debilidades y pecados del pasado de varios de ellos que sucumbieron a la “seducción” morenista.
El plan B consiste en una fórmula no muy ortodoxa ni políticamente correcta para un gobierno. Aprovechar sus mayorías simples en ambas cámaras, para aprobar leyes secundarias que modifiquen o contradigan los ordenamientos de la Carta Magna. El hecho de que éstas sean evidentemente inconstitucionales, pues una ley secundaria no puede estar sobre la Constitución, es lo de menos (“no me digan que la ley es la ley”). La apuesta es que la SCJN, por sus cargas de trabajo o por otras razones inmencionables, tarde en resolver la inconstitucionalidad de esas leyes, por lo que, mientras esto sucede, esas normas estarán vigentes, se aplicarán y surtirán sus efectos.
Así es como en la Corte, actualmente duermen el sueño de los justos varias impugnaciones y amparos promovidos en contra de leyes que las bancadas de Morena y sus socios del Partido Verde y del Trabajo aprobaron en el Congreso. Este es el legado del ministro presidente Zaldívar para quién lo sustituya. Porque, en su calidad de titular del Tribunal, puede dar línea en los turnos y en los tiempos para el estudio de los casos y su listado en el Pleno.
En estos casi cuatro años de su presidencia se han ido acumulando asuntos de relevancia cuya demora en su resolución, corre a favor del gobierno. Algunos, por ser claramente inconstitucionales merecerían un fallo negativo para la 4T, lo que provocaría una reacción no muy amable de parte de Palacio, y, esto, es algo que el ministro presidente ha tratado de evitar. La opción ha sido dejarlos pendientes, para que sea el siguiente titular de la Corte quién enfrente la furia de final de sexenio, en su caso.
Pero también el ministro ha logrado encontrar otra vía para tratar de quedar más o menos bien o menos mal, con el jefe del Ejecutivo. Con cabildeo ha dado la vuelta a asuntos perdidos del gobierno, al conseguir que, al menos cuatro ministros, voten a favor de la causa de la Transformación. De esta manera, no se alcanzan los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la norma, lo que permite que ésta continúe vigente, aunque vulnerable, porque siempre podrá ser impugnada.
De acuerdo a un reportaje del diario Reforma, cerca de 20 asuntos de Palacio siguen aún sin sentencia, de los cuales 12 tienen de uno a tres años en espera de resolución. Algunos de los pendientes son el de las reducciones salariales a órganos autónomos; las facultades de la Guardia Nacional, en la detención de inmigrantes; la extinción de fideicomisos; la transferencia de puertos a Marina; la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que amenaza con cancelar permisos a empresas privadas; el acuerdo para eliminar trámites y requisitos a obras prioritarias; la prisión preventiva por fraude fiscal; la omisión en el nombramiento de comisionados de la COFECE, entre otros.
En estos dos meses que le restan en el cargo al ministro presidente, no imaginamos que vaya a cambiar su estilo, por lo que, de resolverse algunos pendientes, serán los que beneficien a la 4T.
