Convoca el Rector José Narro a derrotar “unidos y articulados” al crimen, el delito y la injusticia

Al asegurar que no podemos ni debemos permanecer ajenos a la situación de inseguridad e injusticia que amenaza a nuestra población, el rector de la UNAM, José Narro Robles, pidió el apoyo de todos los actores, para que unidos y bien articulados “derrotemos juntos al crimen, al delito y a la injusticia”.

Frente a esos problemas, consideró imposible actuar con disimulo, hacer como que estos temas son distantes y extraños a nuestro quehacer, cubrirnos con un manto de sordera y de ceguera, pasar de reservados a silenciosos, y de esa condición a afónicos o, incluso, mudos.

Ese no es el papel que le corresponde a los universitarios del país, ni algo conveniente para la sociedad, ni la forma como nos vamos a comportar. La historia lo registraría como desleal y equivocado, dijo en la presentación de los “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia”.

Por ello, Narro Robles subrayó que pierden su tiempo quienes esperan que así actúen el rector y los universitarios. “Ellos están en su derecho de plantear sus dichos, nosotros de responder, desde la academia, con propuestas y acciones de beneficio colectivo”. Asimismo, señaló que “los límites de nuestra responsabilidad no los fijan ellos. Nuestra legislación nos lo autoriza y la conciencia nos obliga”.

Ante representantes de la sociedad civil; funcionarios federales, estatales y municipales, y procuradores de justicia, el rector destacó que al construir la propuesta que hoy se entrega, sólo se ha pensado en México y sus dificultades.

“No hay interés por generar enfrentamiento alguno, sólo de reconocer nuestra realidad y de proponer acciones para resolver los problemas que nos afectan. No hay intención de sacar ventaja a favor de nadie y tampoco de promover protagonismos personales o institucionales”, acotó.

En el auditorio Gustavo Baz Prada de la Antigua Escuela de Medicina, indicó que el país necesita consolidar sus instituciones, decidir colectivamente y actuar en consecuencia para resolver los problemas del pasado, del presente, y anticipar los del futuro.

Debemos pensar en grande y ver el porvenir; hacer los cambios de rumbo o de ritmo que se deben realizar pero, además, hacerlos ya; vigorizar nuestro régimen democrático, el representativo y el participativo, así como otorgar prioridad a la educación, a la ciencia y a la cultura, y a los programas dirigidos a los jóvenes, puntualizó.

Propuestas

Jorge Carpizo, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presentó un resumen de la propuesta de 36 puntos, realizada por 88 especialistas reunidos en junio pasado en este recinto de la UNAM.

Entre ellas, destacan celebrar un pacto político y social amplio que reoriente a las instituciones de seguridad y justicia para enfrentar la crisis de violencia; generar consensos políticos y sociales para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad, centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados.

La preservación de la integración de las personas y la defensa de sus derechos humanos, y concentrar lo anterior en un diagnóstico transparente y participativo que defina el problema que se enfrenta, la ruta a seguir y mecanismos de evaluación periódica.

También, se propuso diseñar un programa de política social que desarrolle modelos para ayudar a los consumidores de sustancias adictivas a aceptar su problema y solicitar tratamiento; establecer programas que reconozcan la heterogeneidad de los jóvenes y contemplen foros para su expresión y su vinculación con la comunidad, así como generar programas para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo, con insumos para su desarrollo laboral.

Asimismo, se sugirió rediseñar políticas de empleo que destaquen la importancia del nexo escuela-trabajo, y fomenten la estabilidad en el empleo y la capacitación de los trabajadores; ofrecer estímulos fiscales a empresas que contraten jóvenes y procuren la capacitación de sus trabajadores; generar un subsistema nacional de distribución y comercialización juvenil que propicie una cultura emprendedora entre ese segmento, y establecer una defensoría que los oriente, asesore y proteja en los entornos familiar, escolar, civil, penal, laboral y administrativo.

En otro ámbito, se propuso ejecutar un documento nacional que haga operativa la rendición de cuentas, mediante la integración de ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a la Auditoría Civil de las Policías; establecer un registro nacional de víctimas y llevar a su máxima intensidad la persecución del delito de lavado de dinero.

En temas relacionados con la Universidad Nacional, el grupo de expertos se comprometió a crear un mecanismo formal en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para diseñar un sistema de vinculación para la investigación y el desarrollo de seguridad y justicia.

La UNAM pondrá en marcha un programa piloto especializado en estos dos últimos temas, creará el Programa Universitario de Derechos Humanos, e impulsará la discusión sobre la política de drogas en México a través de un foro amplio.

Además, en el Museo de las Constituciones, que se inaugurará próximamente, se desarrollará un programa sobre las constituciones mexicanas.

Carpizo planteó que si se quiere seguridad y justicia en democracia, se debe enfrentar la pobreza en la que vive la mitad de los mexicanos. Despojarnos de egoísmos, eliminar privilegios y falsos prestigios políticos, religiosos y sociales, propuso.

En su oportunidad, el abogado General de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, reconoció que México transita por una espiral de violencia e inseguridad pública, lo que lleva a la reflexión de que, además de la delincuencia ordinaria y la organizada, existe otra, que nace de las carencias económicas y de la desesperación e incertidumbre de un futuro de vida digno.

Asistieron, entre otros, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán; la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero; el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Carlos Ramírez Marín; el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares; el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera; Javier Sicilia e Isabel Miranda de Wallace.