El deterioro del Estado de Derecho

Por el Dr. Raúl Contreras Bustamante, 

Director de la Facultad de Derecho de la UNAM

La semana pasada analizamos como durante la pandemia por COVID-19 se puso a prueba a la democracia en todos los regímenes democráticos del orbe debido a las medidas emergentes adoptadas para enfrentar la propagación del virus y las consecuentes limitaciones en el ejercicio de las libertades individuales. 

En esta ocasión analizaremos el estrecho vínculo que existe entre democracia y Estado de Derecho y como se están midiendo sus efectos dentro del contexto internacional.

Se dice que Estado de Derecho es un concepto que hace alusión al principio de gobernanza a través del cual todas las personas, instituciones y entidades -públicas o privadas- se encuentran sometidas a las leyes. En otras palabras, su esencia estriba en el objetivo de que las normas jurídicas rijan -de igual manera- el comportamiento de los gobernados y los gobernantes. Dentro de los principios que lo rigen además, se encuentran los siguientes: disposiciones jurídicas claras, la división de poderes, la independencia judicial, el acceso a la justicia, el debido proceso, entre otros. 

El Índice del Estado de Derecho de World Justice Project es una de las principales fuentes de datos a nivel mundial, que abarca a 139 países y jurisdicciones. En su Informe General del 2021 demuestra el deterioro que el Estado de Derecho ha padecido y que se ha extendido por todo el mundo. Los datos advierten que durante el año sometido por la pandemia por Covid-19, el 74.2% de los países analizados sufrió un descenso en el desempeño del Estado de Derecho, cifra que resulta ser más alarmante si consideramos que ésta representa el 84.7% de la población mundial.

Este Índice resulta de la captura de las percepciones y experiencias de los ciudadanos y los expertos, analizando ocho grandes factores o variables: restricciones a los poderes del gobierno; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento normativo; justicia civil; y justicia penal. 

Cabe resaltar que países como Dinamarca, Noruega y Finlandia se ubican como los mejor clasificados, mientras que Venezuela, Camboya y la República Democrática del Congo obtuvieron los puntajes más bajos. Estos datos que no deben sorprender, ya que son prácticamente los mismos países que se citaron en la columna pasada, en la clasificación del Democracy Index. 

Nuestro país ha quedado en evidencia con los resultados obtenidos, pues los datos sugieren que padecemos un anquilosamiento en el progreso de nuestro Estado de Derecho, al ubicarnos en la mayoría de los rubros hasta el final de la clasificación.

Los datos exponen que la pandemia y las medidas de respuesta frenaron el funcionamiento de las instituciones del gobierno. Por ejemplo, el sistema judicial se vio específicamente afectado, ya que en las variables de justicia civil y penal, México se ubicó en el lugar 131 y 129 respectivamente, dentro de una muestra de 139 países. 

El ideal de la existencia del Estado de Derecho es un valor por sí mismo, indisoluble al de la democracia y su importancia reside en la eficiencia y eficacia del imperio de la ley. Su firmeza se traduce en que la ley se aplica, sin distinciones, a todos los ciudadanos y gobernantes en todo el país por igual, lo que supone la reducción de la corrupción, el combate a la pobreza y la protección de las personas ante las injusticias. 

Sin duda, el Estado de Derecho es la base para la construcción de sociedades y gobiernos responsables que abrigan el desarrollo, la justicia, la paz y los derechos humanos. 

Como Corolario, la frase del poeta griego Sófocles: “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.