“Una Bomba Social”, el aumento en básicos, dice Heladio Ramírez

Pocos asuntos, de los muchos que hoy preocupan al Mundo y a México son tan críticos, que merecen nuestra atención más cuidadosa, como los relacionados con el problema alimentario.
Los elevados precios de los alimentos en el mundo vuelven a ser, como en el 2008, una auténtica bomba social. El director del Banco Mundial Robert  Zoellig  advirtió a los ministros de finanzas del Grupo de los 20 reunidos en París el pasado 19 de febrero, su enorme preocupación de que hemos llegado a un punto peligroso por el alza del precio de los alimentos, al grado que ahora y en los próximos años “podrían producirse disturbios, caer gobiernos y las sociedades inclinarse hacia el desorden”.
Efectivamente, según las informaciones de organismos internacionales, los inventarios mundiales de maíz, que son los más bajos de los últimos 15 años; representan hoy  solamente el 5% de la demanda, muy por debajo del promedio que es del 14%. Esta erosión de las reservas globales ha hecho cundir el pánico comprador en  muchos países que resienten sus malas cosechas.
Al mismo tiempo, las políticas preventivas  de los países productores que han cerrado sus fronteras a la exportación de trigo, maíz y  arroz,  han  hecho más delicado aún el problema del abasto mundial.
Acentúa esta preocupación, el hecho de que la FAO declare que actualmente uno de cada seis habitantes del mundo padece hambre y desnutrición y que para el año 2050, cuando la tierra albergue 9,100 millones de habitantes, de no cambiar  las actuales políticas agroalimentarias, se incrementará en 18% el número de pobres que sufren hambre, o sea, habrá 1,700 millones de hambrientos.
Hace más de 200 años, Thomas Malthus afirmó que “la capacidad de crecimiento de la población, es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre”. La revolución industrial, la genética  y las asombrosas tecnologías invalidaron esa teoría malthusiana, y nos hicieron olvidar las grandes hambrunas que históricamente han ocasionado incluso la desaparición de civilizaciones.
Pero hoy, la amenaza malthusiana, que habíamos pensado haber superado  desde hace más de dos siglos, ha vuelto a reaparecer. El cambio climático ha hecho más severas las sequías, las inundaciones y las heladas atípicas entre otras catástrofes. Adicionalmente, el uso de alimentos para producir combustibles, por ejemplo el etanol a base de maíz; y el acelerado crecimiento de las economías emergentes, cuya población  hoy en día demanda más y mejores alimentos son, entre otras, las causas que presionan los precios al alza y agudizan la batalla por la alimentación.
Pero una razón más, que es importante no desdeñar: Antes de que finalice el año 2011 habrá nacido en el planeta el habitante 7 mil millones.
Nuestro país no es de ninguna manera ajeno a esta dramática realidad, por lo que la gran batalla de nuestro campo del siglo XXI requiere  de un radical cambio de  enfoque. La soberanía y la seguridad alimentaria no podrán resolverse con el simple voluntarismo, con la improvisación de planes emergentes o con prácticas asistencialistas. Se requiere de una  visión de mediano y largo plazo; de reformas estructurales profundas que se plasmen en una legislación moderna que sustente una política de estado que planee la reactivación del campo que lo haga viable y competitivo y que asegure las reservas de alimentos que den certidumbre a la población
Estamos obligados a hacer un replanteamiento para el desarrollo de nuestro campo, eliminando todo aquello que no funcionó.
Este país debilitó su soberanía alimentaria cuando se asumieron políticas equivocadas que desembocaron en un desarrollo desigual. Las mejores tierras orientaron su producción al mercado externo y se desmanteló la institucionalidad de apoyo a los pequeños y medianos productores. Hoy dependemos de las importaciones para poder comer.
Dos frases contienen la esencia del modelo que orienta nuestro desarrollo: “La solución no es el Estado. El Estado es el problema”. Ello significó para el campo privatizar y deshacer todo lo que se había construido. El propósito no fue mejorarlo, sino destruirlo. No corregir las deficiencias, sino desechar de un plumazo el esfuerzo de años. La consecuencia de ese cambio radical  fue  el sacrificio del campesinado que hoy concentra la pobreza como resultado de la iniquidad de una agricultura dual: la de la competencia con los cultivos de exportación, y el mundo rural de la economía campesina donde deambulan los más vulnerables.
Hoy, ante la perspectiva sombría que nos presenta el resurgimiento de la crisis alimentaria, los mismos organismos internacionales que desde hace 30 años recomendaron la liberación comercial a ultranza, asfixiando con ello a las agriculturas locales, ahora denuncian el abandono de la agricultura de subsistencia y proponen  un cambio drástico en el modelo de combate al hambre, recomendando a los países replantear sus estrategias agropecuarias, su política alimentaria, sustentando su consumo en la producción nacional.
Coinciden que la escasez de alimentos se prolongará por un largo periodo, y que el futuro en los próximos 20 años depende de cómo se estimule la productividad agropecuaria. Recomienda la FAO  que los países produzcan por lo menos el 75% de su demanda total de alimentos básicos.
Muchos países ya están planteando una nueva visión de su agricultura, actualizando sus legislaciones nacionales. Estados Unidos discute actualmente su Farm Bill para los próximos 7 años. Canadá también actualiza su política agrícola; China da prioridad a su seguridad alimentaria subsidiando a sus pequeños productores y comprando o rentando tierras en cualquier parte del mundo a cualquier precio; la India, el otro gigante económico emergente, decidió fortalecer su revolución verde, apostando a la inversión tecnológica y a la infraestructura hidráulica; Brasil, el milagro agropecuario de América Latina, apostó a la tecnología para la agricultura de exportación y sigue impulsando su estrategia de hambre cero. Los países africanos, encabezados por Tanzania, han puesto en marcha su proyecto: LA AGRICULTURA PRIMERO, y ante el tsunami de los acaparadores de alimentos, gobiernos como el de Filipinas extendieron la pena de muerte a los especuladores del arroz. En contraste, con toda la información y el capital  disponibles, las multinacionales están comprando tierras de cultivo en diferentes países, convencidos de que los alimentos serán el nuevo oro negro del futuro.
Por lo tanto, la prioridad de las naciones hoy es asegurar su abasto de alimentos. Los disturbios sociales, que en varios países  incendian calles y enjuician y derrumban gobernantes, empiezan por el encarecimiento y el desabasto alimentario. Los pueblos, encabezados por su juventud, exigen a sus gobiernos que escuchen y entiendan que la comida no es una simple mercancía, sino un Derecho Humano, proclamado en la Declaración de los Derechos del Hombre.
En México, las declaraciones gubernamentales, hasta antes de la inesperada y dura helada en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, entre otros,  aseguraban que el país no tenía un problema de abasto o incapacidad de producir los alimentos. Sin embargo, los efectos de la terrible catástrofe que afectó más de 600 mil hectáreas, y que causó la pérdida del 90% de la producción maicera, pero que afectó también  a cultivos como el trigo; sorgo; tomate, chile, frijol y hortalizas, cambiaron la percepción gubernamental. “Para garantizar el abasto de maíz blanco –dice la SAGARPA, es posible recuperar con la re-siembra las cosechas siniestradas: Pero además, dice la Secretaría de Economía, será necesario hacer contratos de compra con los agricultores de los Estados Unidos o importar maíz amarillo para hacer tortillas”.
Ante esa realidad, cuyo costo para el país es enorme,  urge tomar decisiones. Se requiere en esta coyuntura que sea una realidad la acción emergente anunciada por el gobierno. Que los agricultores de las zonas siniestradas reciban sin obstáculos burocráticos lo anunciado por la voz presidencial: Semillas, apoyo del seguro catastrófico; fertilizantes, y los recursos para la re-siembra, cuyo límite para realizarla es el día último de febrero; que se establezcan programas de empleo para los miles de jornaleros agrícolas que quedaron desamparados.
Pero la acción de fondo  es planear una adecuada política agrícola para avanzar hacia la soberanía alimentaria de la nación. Orientar las estrategias para dar fin a la inercia que vive el campo mexicano. Identificar y combatir las causas de su deterioro; promover su reactivación y no sólo concretarse a buscar soluciones asistenciales a las consecuencias de los problemas. Apoyar con determinación a la agricultura de la economía campesina; estimular la reconversión de maíces blancos hacia amarillos, como una estrategia de sustitución de importaciones para el consumo pecuario e industrial; multiplicar la agricultura por contrato; replantear la política para el trópico húmedo para explotar su potencial.
A nombre de mi fracción parlamentaria, en los próximos días, presentaré una nueva iniciativa de Ley Agroalimentaria, que brinde certidumbre para el adecuado desarrollo de la producción primaria nacional. Plantearemos una nueva visión de política agroalimentaria del Estado Mexicano, con un horizonte de mediano y largo plazo, que siente las bases para erradicar las asimetrías que persisten entre la economía campesina y la agricultura comercial en nuestro país y las existentes entre México y sus principales socios comerciales.
Compañeros Senadores:
En la nueva iniciativa de Ley Agroalimentaria, así como las que están en proceso de dictamen, propongo un replanteamiento estructural para el campo; soluciones compartidas con los sectores de la producción; un nuevo pacto social y económico entre el Estado y los sectores productivos del sector rural, una estrategia de transición para los productores de la economía campesina que los haga competitivos.
Parto de la convicción de que ningún país prevalece como nación soberana sin resolver el problema de la alimentación, y sobre todo de que el compromiso principal de los legisladores debe ser impulsar un nuevo marco jurídico que promueva la modernización del campo y, con ella, la soberanía y seguridad alimentarias.

Pronunciamiento del Senador Heladio Ramírez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 22 de febrero de 2011.