Triunfo del Centro Empresarial de Morelos en favor de los ciudadanos

El primer amparo contra la reforma electoral del 2007 que conseguimos a través del Centro Empresarial de Morelos no es todavía el desenlace en la historia de ese atropello a las garantías constitucionales de libertad de expresión, derecho a la información y participación política. Sin embargo, sí es un gran paso; más que para Coparmex y los empresarios, para la democracia mexicana. Es un gran avance que se da sobre un aspecto del sistema político mexicano que se creía intocable.

Más allá de la posibilidad de contratar spots en televisión o radio, este amparo ratifica la trascendencia del fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre del año pasado. A groso modo, implica la primacía de las garantías individuales por sobre las atribuciones constitucionales de los políticos.
Si una ley vulnera los derechos fundamentales, no puede ser ni legítima ni legal. Ni el oligopolio de los partidos políticos que padecemos hoy en México ni los diputados ni los senadores pueden ser todopoderosos.

Para eso sirve precisamente el recurso del amparo: para la defensa contra el abuso del poder, que en este caso es flagrante. Es el intento de la clase política de adjudicarse la exclusividad del uso de la palabra en los medios y los tiempos que les convengan; su pretensión de determinar dónde, cuándo y cómo los demás pueden opinar sobre los asuntos de interés público.

El fallo del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos está sustentado por una excelente labor de jueces de distrito, proyectistas y la propia Suprema Corte. Reconocemos el interés por resolver, de fondo, este tema en el que no existía un precedente jurídico.

Si alguien objeta que no es razonable que un juez invalide la decisión de dos terceras partes de los diputados y senadores federales, así como la ratificación de 30 de 31 congresos estatales, habría que contestar que justamente en estos extremos es cuando es más valioso el balance de poderes y la independencia del Poder Judicial. Si los políticos no quieren que ocurra eso, basta con que no promuevan leyes anticonstitucionales, contra las que los mexicanos afortunadamente tenemos la figura del amparo.
Además, ya en el terreno de los hechos, la reforma electoral del 2007 está haciendo agua por varios flancos; está rebasada. Sus incongruencias y absurdos se hacen cada vez más evidentes a medida que nos acercamos al 5 de julio.

Se pretendió convertir al IFE en el gran censor de lo que puede o no decirse y en la mayor central de medios del mundo. No hay ningún ahorro considerable al erario por concepto de las campañas y gastos electorales. A pesar de que estamos en recesión, gastamos millones y, lo peor de todo, sin que eso ayude en nada a cambiar la percepción de un amplísimo sector de la población que ni siquiera le ve sentido al voto. Por eso las tendencias hablan de un nivel de abstencionismo de entre 65 y 80 por ciento.
Por el bien del país necesitamos revertir esa tendencia,, y eso implica no sólo la necesidad de defender el derecho de opinar, sino ejercerlo por todos los canales que tengamos a nuestra disposición. Si millones de personas no tienen intención de votar, es porque no ven una conexión real entre sus problemas y la propuesta de los partidos y los candidatos.

Las campañas simplemente no están conectando con la gente. Los espacios públicos se llenan con vaguedades, promesas sin compromisos, buenos deseos, acusaciones o poses actuadas.
Por nuestra parte, en términos generales no vemos en las campañas intenciones serias de hacer compromisos con las reformas estructurales que México necesita. No hay disposición a arriesgarse y decir las cosas como son. Sin esas reformas, aunque haya reactivación, no vamos a alcanzar el crecimiento sostenido que necesitamos para generar el millón 200 mil empleos que se requieren para los jóvenes que se incorporan cada año a la edad de trabajar, que es de cuando menos 6% anual.

Sin posturas claras y compromisos específicos como los que pedimos en la Señal Coparmex de la semana pasada, no vemos cómo puedan revertirse de manera importante las tendencias de intención de voto ni el estancamiento que tiene el país en muchas áreas.

Si queremos que haya un punto de inflexión, los ciudadanos tenemos que hacer oír nuestra voz para que quede muy claro lo que nos preocupa, lo que queremos y aquello que no nos interesa. Es necesario aquilatar y hacer valer de manera productiva este principio consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí hay un argumento en el que siempre se insiste en encuentros como el Foro Global sobre Libertad de Expresión, que tiene lugar en Oslo, Noruega, esta misma semana.

Hay que aprovechar las herramientas de la democracia para que nuestro país salga adelante.