Nuestra solidaridad con los migrantes

Hoy, más que nunca, nuestra solidaridad de mexicanos debe estar y está, de hecho, con nuestros compatriotas migrantes, que han sido amenazados por la denominada “Ley Arizona” SB1070, expedida por la gobernadora Jan Brewer, en un nuevo gesto de racismo, que despreciamos y condenamos abiertamente.
Una vez más queda de manifiesto el grave daño que ha causado a la nación mexicana el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que nos ha llevado a la destrucción de la industria y del campo mexicano y al desempleo gigantesco que obliga a nuestros connacionales a cruzar la frontera en busca de trabajo.
Son 12 millones de mexicanos los indocumentados que trabajan de aquel lado y que entregan lo mejor de éllos mismos a la economía norteamericana; a ellos se agregan otros 17 millones de mexicanos que trabajan ya con documentos en el país del Norte; en total, son 29 millones los compatriotas mexicanos, según el censo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que estarán expuestos eventualmente a vejaciones y discriminación racial por esta Ley Arizona y las consecuencias y repercusiones que podría tener en otros estados de la Unión Americana.
Afortunadamente el mismo gobierno de los Estados Unidos, presidido por Barack Obama, ha descalificado está Ley discriminatoria, y ha dejado ver que actuará ante el Congreso de aquella nación para frenarla o atenuar sus consecuencias.
La misma gobernadora Jan Brewer ha dado marcha atrás en algunos aspectos de esa ley SB1070, que resultaban francamente racistas; y ésto, por la presión política que empieza a recibir tanto del propio Gobierno Federal Norteamericano como de las numerosas organizaciones de migrantes mexicanos y latinos, así como las presiones realizadas desde México.
Es necesario y urgente que el gobierno mexicano adopte medidas diplomáticas efectivas y enérgicas para protestar contra esta ley SB1070, al mismo tiempo que organice desde aquí, la protección diplomática y jurídica a los mexicanos que puedan ser perseguidos por efectos de esta Ley Arizona.
Pero el mejor antídoto contra una ley como la mencionada arriba, será que el gobierno mexicano así como el sistema económico y político de nuestro país, ofrezcan a los mexicanos que emigran un empleo bien remunerado, para evitar de una vez por todas estas vejaciones inaceptables.
De todas formas es necesario que el gobierno mexicano actúe ante el gobierno de los Estados Unidos para exigir pleno respeto no solamente en Arizona sino en todos los Estados de la Unión, a los derechos de los mexicanos en ese país.