Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, destaca necesidad de contar con más y mejor seguridad, que corresponda a un Estado Democrático de Derecho

– El Ombudsperson nacional presentó el Informe de Actividades 2018 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el Diputado Porfirio Muñoz Ledo.

– Dijo que expandir la esfera de influencia de las fuerzas armadas a la seguridad pública y que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública y para adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.

– Las autoridades más señaladas como probables responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, ISSSTE, SEP, INM, SEDENA, PGR, Policía Federal, SEDESOL, SEMAR e Infonavit.

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez afirmó que nuestro país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo ni de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, y recordó que el Presidente de la República ha hecho expreso su compromiso de respetar el contenido y principios de la Constitución, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo, por lo que subrayó que por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

Al presentar el Informe Anual de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encabezada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, en el Salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo de San Lázaro, enfatizó que expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y darles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.

“Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza –aseguró-, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades en favor de la autoridad civil”.

Contar con 33 Fiscalías Autónomas, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes es fundamental y permitirá que la investigación de casos complejos – como la desaparición de 43 normalistas y la reciente explosión de un ducto en Hidalgo- tome un curso institucional y la sociedad tenga la certeza de que se llegará a la verdad sin condicionarla a intereses políticos o coyunturales de ningún tipo, lo que no es solo cuestión de dichos o anuncios, sino que éstos se sustenten en elementos técnicos y científicos irrefutables.

“Hemos rechazado enfáticamente la imposición de ´verdades históricas´, no podemos permitirnos entrar a una época de ´verdades oficiales´. La verdad es un bien que debemos preservar como factor necesario para llegar a la legalidad, al respeto de los derechos y al fortalecimiento democrático. A la verdad no se llega por consensos, a la verdad se llega probando hechos”, aseguró.

Convocó a senadores y diputados para que, desde la función legislativa, contribuyan a generar un entorno de respeto al derecho a disentir y a evitar discursos de odio que polaricen y dividan a la sociedad mexicana, ya que nuestro país no está en una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores. Cada acto de violencia, o persona que desaparece o pierde la vida implica agresiones entre la sociedad misma.

Ante la violencia fraticida que enfrenta el país, el Ombudsperson nacional afirmó que las autoridades deben asumir cabalmente las funciones que como gobierno se les han encomendado para que, mediante el cumplimiento y aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado democrático, se recuperen la paz, seguridad y armonía en las relaciones sociales.

Al referirse a las acciones realizadas por la CNDH durante 2018, el Presidente de la CNDH mencionó que las vulneraciones a los derechos humanos generalmente reflejan una tendencia al aumento, sin presentar disminuciones significativas, y destacó que el ejercicio democrático del pasado 1 de julio y los cambios en el poder que se generaron como consecuencia, más allá de la alternancia política, debieran abrir la oportunidad para que, desde la distintas instancias del Estado, incluyendo al Poder Legislativo, se trabaje para incidir significativamente en el abatimiento de las violaciones a los derechos fundamentales y consolidar su vigencia.

Tras señalar que durante el año pasado México no pudo superar la crisis que enfrenta en materia de derechos humanos, dijo que se trató del año en que más personas perdieron la vida y el más violento de nuestra historia, en el que imperaron la impunidad y falta de garantías de seguridad en diversas regiones, así como falta de respuestas efectivas a problemas como los de miles de personas desaparecidas, prevalencia de la tortura, desplazamiento forzado interno, explotación y abuso de migrantes, fosas clandestinas e irregulares, persistencia de la violencia de género, trata de personas, falta de acceso real y efectivo a la justicia y debilidad del Estado de derecho, que ocasionaron desencanto en la sociedad respecto de sus autoridades, que se tradujo en alejamiento y desconfianza.

Detalló que durante 2018 un total de 377,579 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, atención o asesoría; se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades, asuntos todos que implicaron la atención a 77,404 personas agraviadas.

Las autoridades más señaladas como presuntamente responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, 2,532 casos; ISSSTE, 1,215; SEP, 746; INM, 587; SEDENA, 382; PGR, 375; Policía Federal, 356; SEDESOL, 311; SEMAR, 284; Infonavit, 212, y mientras la SEDENA pasó de 415 quejas en 2017 a 382 en 2018, la SEMAR aumentó de 259 a 284; la Policía Federal pasó de 425 a 356; y PGR, de 422 a 375.

Los presuntos hechos violatorios de mayor impacto fueron: 25 por privación de la vida; 39, desaparición forzada; 57, tortura; 255, tratos crueles, inhumanos o degradantes; 2, ejecución sumaria; 318, detención arbitraria, y resulta preocupante el aumento de casos de desaparición forzada en casi 180%, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, mientras que los de tortura pasaron de 50 a 57.

Del total de quejas registradas, 3,726 casos se resolvieron durante el trámite, 1,486 quedaron sin materia al adoptar la autoridad medidas para subsanar los actos reclamados y en 179 se lograron arreglos conciliatorios, lo que representa un total de 5,391 expedientes resueltos bajo estos mecanismos; se emitieron 101 instrumentos recomendatorios, de los cuales 90 son recomendaciones ordinarias, 8 por violaciones graves y 3 recomendaciones generales. Las 90 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las que destacan: IMSS, 21 recomendaciones; PGR, 13; Comisión Nacional de Seguridad, 10; Fiscalía General del Estado de Chiapas y SEDENA, 5 cada una; Gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, SEMAR y SEMARNAT, 4 cada uno.

Los derechos humanos violentados sobre los que versaron las recomendaciones ordinarias son: negligencia médica, acreditada en 20 casos; faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargo o comisiones, 16 casos; integración irregular o deficiente de la averiguación previa, 14; prestación indebida del servicio público y detención arbitraria, 13 cada uno; retardar o entorpecer la investigación o procuración de justicia, 12; tortura, 10; omitir proporcionar atención médica, 9; privar de la vida e incurrir en tratos crueles, inhumanos o degradantes, 8 cada uno, y, además, la CNDH promovió 53 acciones de inconstitucionalidad, así como también presentó 46 denuncias por responsabilidad penal y 146 por responsabilidad administrativa de servidores públicos.

Finalmente, expresó que la CNDH, como institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier índole, ha acompañado a las víctimas y ejercido su papel como un contrapeso institucional ante los abusos de poder, proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se defiendan y protejan.

Posteriormente a la participación del Ombudsperson nacional, legisladores de distintas fracciones parlamentarias hicieron un posicionamiento en materia de derechos humanos; entre ellos estuvieron Beatriz Manrique Guevara, del PVEM; Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD; Adriana Paulina Teissier Zavala, del PES; Tonatiuh Bravo Padilla, de MC; Claudia Domínguez Vázquez, del PT; Héctor Yunes Landa, del PRI; María Liduvina Sandoval Mendoza, del PAN, y Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, quien convocó a la CNDH sumarse a una cruzada por los derechos humanos y el Estado de Derecho, la cual fue aceptada por el Ombudsperson nacional.