El Presidente de la SCJN, José María Aguilar, hace un llamado a que se respete la División de Poderes ante López Obrador
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
TRIBUNAL PLENO
SESIÓN SOLEMNE CONJUNTA DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CELEBRADA EL JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018.
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Con su venia, señor Presidente, señores legisladores. Muy buenas tardes. Honorables Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, señoras Magistradas y señores Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señoras y señores Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, distinguidos invitados especiales.
Señoras y señores:
Cumpliendo con lo que dispone el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en mi calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, rindo hoy el informe de labores correspondiente al cuarto y último año de mi gestión.
Señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, señor Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, señor Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; agradezco la asistencia a todos los invitados especiales.
Manifiesto, en primer término, mi agradecimiento y reconocimiento a las señoras Ministras y a los señores Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes me confirieron el gran privilegio y la enorme responsabilidad de asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para el cuatrienio correspondiente de 2015 a 2018.
Agradezco también a las señoras Consejeras, a los señores Consejeros, por su apoyo en el desarrollo de las labores en el Consejo de la Judicatura Federal. Es también un honor contar con la presencia de las señoras magistradas y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Especialmente agradezco y reconozco el esfuerzo de los 1,502 titulares de los 846 órganos jurisdiccionales, que desempeñan sus labores en los 32 Circuitos Judiciales en que se divide el territorio nacional, así como a quienes se desempeñan en los 41 Centros de Justicia Penal Federal, y en el Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
Mi reconocimiento, desde luego, a los 48,892 servidores públicos que colaboran en el Poder Judicial de la Federación. 3,602 en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y 45,290 a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que incluye, desde luego, Jueces de Distrito, Magistrados de Circuito en toda la República, así como a los integrantes de los órganos auxiliares que dispone la ley en el Consejo de la Judicatura Federal.
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
Quisiera comenzar destacando la enorme trascendencia de las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a través de sus sentencias y ejerciendo un cada vez más depurado control de constitucionalidad y convencionalidad, ha garantizado el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, pronta, completa, gratuita e imparcial
Para lograrlo ha sido fundamental el trabajo realizado por el Pleno de este Tribunal Constitucional, que se encuentra conformado por grandes juristas, con quienes he tenido el privilegio de colaborar; Ministras y Ministros a quienes les expreso de nuevo mi mayor respeto y admiración.
La discusión, análisis y reflexiones que se hacen para tomar las decisiones en este Alto Tribunal de la República, demuestran que esas resoluciones se toman abierta y transparentemente, y que la divergencia de opiniones o puntos de vista no sólo no son un obstáculo para encontrar la mejor decisión a favor de los justiciables, sino que enriquecen y legitiman la actividad de esta Suprema Corte, en beneficio de México.
Quiero aprovechar este momento, todavía como Ministro Presidente, para señalar mi especial agradecimiento a la señora Ministra doña Margarita Beatriz Luna Ramos, quien con la bonhomía y sonrisa que la caracterizan, y que con sus diminutivos en nuestros nombres significa su afecto, ha sido determinante en los criterios que este Pleno ha sustentado, basada en la firmeza de sus convicciones y en un indudable estudio pormenorizado de cada expediente que es sometido a nuestro conocimiento.
Mucho le agradezco tanto como compañero en este Pleno como cuando coincidimos en la Segunda Sala de este Tribunal. Muchas gracias Magui.
Este Tribunal Constitucional de México hace frente con responsabilidad y profesionalismo a los retos que implica el alto número de asuntos que son puestos a su conocimiento, pues a diferencia de otros tribunales del mismo rango en el mundo, nuestro Máximo Tribunal recibe aproximadamente 17,000 asuntos al año, que una vez analizados en su procedencia, lo llevan a resolver, tanto en las Salas como en este Pleno, el fondo planteado en casi 10,000 asuntos de ellos.
El trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incide, afecta y determina la vida de los mexicanos, las resoluciones que se emiten en el Tribunal Constitucional no conforman meras opiniones académicas, sino que determinan la vida de la sociedad, establecen los límites que tienen las autoridades para hacer o para abstenerse de hacer, las sentencias no sólo afectan la vida de las personas en lo individual sino que tienen un efecto muchas veces nacional, pues en ellas se analizan las leyes que pudieran ser contrarias a lo que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de que así sea este Supremo Tribunal Constitucional tiene la facultad y la obligación de anularlas e impedir que afecten los derechos de la población.
En uso y ejercicio de esa facultad constitucional además de los asuntos, por cierto muy numerosos que resolvieron la Salas de este Alto Tribunal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y resolvió diversos asuntos que, en los temas planteados, tuvieron un gran impacto en el ámbito jurídico nacional, y en la defensa y protección de los derechos humanos de todos los mexicanos.
Cumpliendo con ello, el Pleno declaró la invalidez –por ejemplo– de un artículo del Código de Procedimientos Penales del entonces Distrito Federal, que permitía la detención con control judicial, en caso de delitos graves por un plazo de 5 días, prorrogable por 5 días más, porque esa privación de la libertad es contraria a la Constitución Federal que no lo permite.
El Pleno fijó las directrices que establecen las obligaciones del Poder Judicial de la Federación en materia de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratándose de restricciones constitucionales, con lo que se genera certeza sobre cuál es la participación de esta Suprema Corte en el acatamiento de resoluciones emitidas por la Corte Interamericana, con lo que nuestro país demuestra la importancia que tienen las resoluciones de tribunales internacionales.
Otra importante decisión del Pleno que realmente afecta favorablemente la vida de los ciudadanos son aquellas tales como en las que se invalidó el cobro de derechos del primer registro de nacimiento, así como la multa correspondiente, por el simple hecho de que no se hubiese hecho en tiempo, pues consideró este Pleno que ello vulnera el derecho a la gratuidad en la expedición de la primera acta de nacimiento, como exige el artículo 4º de nuestra Constitución.
No cabe duda que la Suprema Corte ha tomado decisiones que permiten a todos, sin distinción, el goce de los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución, ejemplo de ello es la acción de inconstitucionalidad en la que el Tribunal Pleno declaró la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil del Estado de Jalisco que definía el matrimonio como aquél celebrado entre un hombre y una mujer, pues se consideró que ello vulneraba la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita, generaba una violación al principio de igualdad y no discriminación, porque excluía la posibilidad de que parejas del mismo sexo pudieran acceder a la institución del matrimonio.
Desde luego que esta decisión como otras semejantes, del tema tienen un efecto en la vida de muchas personas y hacen que sus derechos sean respetados a pesar de que se trate de minorías, pues no puede haber discriminación alguna.
Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también analizó diversos asuntos que, por los temas que se resolvieron, significan una gran relevancia en el respeto de los derechos de las personas. Tal es el caso de lo decidido en diversas acciones de inconstitucionalidad en materia penal, en las que se fijaron importantes precedentes en relación con los derechos de las mujeres privadas de su libertad.
Sin duda es digno de destacar que cuando se analizó la figura denominada síndrome de alienación parental regulada en el Código Civil del Estado de Oaxaca, el Pleno determinó que, para proteger el interés superior del niño, si bien resultaba constitucional regular este síndrome; sin embargo, se consideró inválido que, en caso de tenerse por acreditada dicha conducta, tuviera como consecuencia la pérdida o suspensión en automático de la patria potestad, pues aplicar ese tipo de sanciones sin evaluación, no permiten al juez hacer la ponderación de la idoneidad, necesidad y eficacia de estas medidas.
Cuando el Pleno realizó el análisis de diversos preceptos el Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó que para la inspección de personas y vehículos; el aseguramiento de activos financieros, siempre debe hacerse a través de una orden judicial.
De manera semejante el Pleno de este Tribunal Constitucional declaró que son inválidos los artículos que permitían el embargo precautorio y aseguramiento de bienes sin orden judicial, y que cuando la autoridad ministerial lleve a cabo la investigación de cualquier delito debe hacerse mediante una orden judicial.
En protección plena y amplia de los derechos de los menores, el Pleno declaró inconstitucional de un artículo de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, que permitía, previo consentimiento, la exhibición de un menor ante los medios de comunicación como presunto autor de un hecho delictivo, ello porque vulnera el principio del interés superior del menor y su derecho a la presunción de inocencia, ya que el estigma que esta acción produce limita la posibilidad de que puedan desarrollar en el futuro su autonomía personal.
Hay temas que generan enorme repercusión en la vida de las personas y en el actuar de los medios de comunicación, entre ellos encontramos el que motivó a este Alto Tribunal a discutir un tema de gran trascendencia nacional por su impacto en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como lo es el derecho de réplica, y en cuya resolución definitiva, entre otros aspectos, se definió el alcance de esta figura, atendiendo a los parámetros fijados por nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
Sin duda uno de los asuntos de mayor relevancia que se han resuelto en este Máximo Tribunal, fue la acción de inconstitucionalidad en la que se analizó la concordancia de la primera Constitución de la Ciudad de México con la Norma Suprema de la Nación.
En este estudio el Tribunal Pleno reconoció que las entidades federativas tienen atribuciones para prever, en sus constituciones, un catálogo de derechos en el que podrán desarrollar e, incluso ampliar, los derechos humanos contemplados en la Constitución Federal, siempre que se respete su contenido esencial y con su texto no se limiten esos derechos fundamentales.
Bajo ese parámetro, se estudiaron las impugnaciones relacionadas con la invasión de competencias de la Federación, se definieron los alcances de la libertad configurativa de la Ciudad de México, para establecer su régimen interior, y se emprendió el estudio específico sobre la interpretación de esos derechos desarrollados en la Norma Fundamental local.
No puedo dejar de destacar, tanto por la trascendencia de su impacto en la vida nacional, como por la amplia y sustanciosa discusión que generó su estudio, el análisis efectuado a la Ley de Seguridad Interior, que finalmente, tuvo como resultado el pronunciamiento por este Tribunal Pleno de que dicha ley es inconstitucional y, por lo tanto, se declaró su invalidez.
Tampoco puedo omitir, por su relevancia en la vida social y democrática del país, los criterios emitidos por el Tribunal Pleno en diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se combatió la validez de normas electorales de otros tantos Estados de la República.
En esas Acciones de Inconstitucionalidad se establecieron criterios importantes y definitorios sobre la sub y sobrerrepresentación; sobre los requisitos relativos a la selección y registro de candidatos independientes; el relativo a las facultades de autoridades electorales locales; a los delitos electorales; al financiamiento de partidos políticos y candidatos independientes; entre otros temas.
Con estas definiciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación se da un régimen cierto y confiable para la celebración de procesos electorales en las entidades federativas, lo cual es fundamental para la vida democrática de nuestra sociedad.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO.
Hace cuatro años, en el Programa que presenté a consideración del Pleno de este Tribunal Constitucional, manifesté que el Poder Judicial de la Federación debe asumir sus responsabilidades con profesionalismo, independencia, imparcialidad y excelencia; por ello, ante los reclamos sociales de legitimación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de cada uno de los órganos jurisdiccionales federales, junto con el Consejo de la Judicatura Federal, como órgano de administración, vigilancia y disciplina, consideré indispensable llevar al cabo diversas acciones para estar a la altura de la modernización y satisfacción de las necesidades que este pueblo de México merece y exige.
A continuación, haré un somero balance de las principales acciones que han sido emprendidas en estos cuatro años.
POLÍTICA JUDICIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA PENAL.
Al comienzo de esta administración, en enero de 2015, sólo teníamos en plena operación dos Centros de Justicia Penal, uno en Durango y otro en Puebla, y que el personal judicial, debidamente capacitado hasta ese momento, consistía en 62 personas, 5 de ellos jueces de Distrito.
El escenario que enfrentábamos los integrantes del Consejo de la Judicatura era francamente complejo: porque existía la necesidad ineludible de implementar el sistema penal en las 30 entidades faltantes en los pocos menos de 18 meses restantes que culminaban en 2016.
Se cumplió con ese deber constitucional, pues los Consejeros replanteamos la estrategia seguida hasta ese momento y se diseñó un Plan Integral, basado en dos ejes fundamentales: 1. rigurosas estimaciones de necesidades para el inicio, y 2. un estricto ejercicio de los recursos públicos disponibles.
De esa manera el Consejo de la Judicatura pudo lograr que para junio de 2016, estaban ya en operación 38 Centros de Justicia Penal Federal distribuidos en todo el territorio nacional, con lo que había al menos uno en cada entidad federativa e, incluso, uno en el Archipiélago de las Islas Marías; con modernos esquemas de operación en la que el juez administra justicia de manera oral, frente a las partes y de cara a la sociedad.
Para garantizar que dicho servicio sea de calidad se emprendió una cruzada de capacitación sin precedentes, dirigido a las personas que aspiraban a incorporarse a esta noble función, mediante un esquema de selección por concurso de oposición. Los 220 jueces vencedores, producto de trece concursos, debieron superar múltiples etapas de evaluación, coronadas por un examen oral y público, frente a un jurado plural y profesional, previamente determinado por la ley.
Actualmente contamos con 42 Centros de Justicia Penal Federal, atendidos por 1,368 servidores públicos, de los cuales 156 son jueces de Distrito especializados. Y se cuenta con un sistema de gestión automatizado, que distribuye la actividad entre los jueces de manera aleatoria y es de observancia obligatoria, con lo que se evita que cualquiera pueda —digamos— “orientar” un asunto a determinado juez.
Gracias a todo ello podemos dar cuenta a ustedes, que desde el inicio de sus operaciones, los Centros de Justicia Penal Federal han tramitado 91,783 asuntos. Se han registrado 52,474 personas imputadas, y se han celebrado 109,110 audiencias con una duración promedio de 53 minutos por audiencia.
Es posible identificar que el ingreso de causas penales fluctúa entre 1,280 y 1,750 causas penales mensuales. Hoy, ninguno de los medios de terminación, empezando por el juicio, supera en promedio un año de duración.
Sabemos que los delitos más frecuentes en el ámbito federal, son los relacionados con la portación de armas de fuego; los delitos contra la salud previstos en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud, y el robo de hidrocarburos. Juntos representan el 83.6% del total de los delitos en las causas penales judicializadas a nivel federal. Especialmente con incidencia en los Estados de Puebla, Guanajuato, Baja California Norte y Chihuahua.
El Consejo de la Judicatura Federal ha desplegado más de 33 programas, en cursos, seminarios, mesas redondas, jornadas de discusión y otros.
De entre ellos destacan los Congresos Nacionales que se han realizado desde 2015, a la fecha, con la participación de más de 1,500 juzgadores federales, más juzgadores estatales de las 32 entidades federativas.
Además de ello y con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Reino Unido hemos realizado cursos para capacitar a nuestros jueces en el sistema oral.
Hemos realizado Jornadas de Discusión sobre Derechos Humanos y Grupos en Condición de Vulnerabilidad ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con una asistencia de más de 15,600 personas. En ellas, juzgadores federales y locales, defensores públicos, académicos e integrantes de la sociedad civil, han diseccionado las oportunidades, pero especialmente los retos del nuevo sistema respecto de las personas indígenas, migrantes, adolescentes, reclusos y en condición de pobreza.
Debo destacar que el Sistema Penal vigente requiere de la participación no sólo de jueces sino de todos los que integran dicho sistema como son la Policía, la Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, los Peritos y los auxiliares de la justicia por lo que realizamos un programa de Difusión de Criterios Jurisprudenciales dirigido al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.
Estos esfuerzos de difusión, se complementan con el nuevo Sistema de Consulta Jurisprudencial Especializada del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
En materia de rendición de cuentas se remitieron al Honorable Congreso de la Unión, cuatro informes semestrales sobre los avances en la operación, disponibles en el micrositio del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy, es posible afirmar que las bases construidas son sólidas y que la oferta de justicia penal federal de calidad por parte de la Judicatura Federal está garantizada; sin embargo, con la misma claridad es necesario advertir, que deben conservarse los esfuerzos que den garantía de solidez a largo plazo. Temas tan concretos y relevantes para la justicia completa y de calidad que pasan por evaluar la necesidad de relanzar el “Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la consolidación del Sistema de Justicia Penal”, que ha servido de referencia para articular los esfuerzos interinstitucionales, con un pleno respeto a la división de poderes, pero con una compartida y auténtica visión de Estado.
Las señoras y señores Consejeros que me acompañaron en esta tarea dieron muestra excepcional de estar a la altura de ese reto, y los resultados están a la vista, que en términos económicos representaron un gasto de sólo el 33% del total que hubiese sido necesario de seguir con la meta fijada al inicio de mi administración, el ahorro de recursos correspondientes que se obtuvieron es una condición siempre buscada por el Consejo de la Judicatura Federal. Mi agradecimiento a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS E IMPULSO AL ESTADO DE DERECHO.
En mi Programa de Trabajo afirmé que la protección total de los derechos humanos se constituye, ahora más que nunca, como el único horizonte hacia el que debe dirigirse ineludiblemente toda actuación de la autoridad.
La Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos realiza sus actividades en torno a cuatro ejes de trabajo: promoción y difusión, capacitación, así como la realización y publicación de estudios e investigaciones en materia de derechos humanos.
En ejercicio de sus atribuciones de promoción, difusión y capacitación, de dos mil quince a la fecha, se han llevado a cabo ochocientos treinta y cuatro eventos, en los que se abordaron los derechos humanos a través de temáticas que comprenden a diversos grupos en condiciones de vulnerabilidad. Su labor se ha extendido a toda la República Mexicana.
Se ha mantenido una estrecha comunicación y colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y los organismos equivalentes de protección de los derechos humanos en las entidades federativas. Así como, con diversas comisiones del Senado de la República y la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Mexicano de la Juventud. Habiendo participado en al menos treinta y ocho eventos.
En el plano internacional, las actividades de promoción y difusión se desarrollaron en participación con los poderes judiciales de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Indonesia, y Perú. El trabajo interinstitucional se enfocó también en la cooperación y celebración de eventos con organismos de Naciones Unidas, así como con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el ámbito académico, también se celebraron actividades como con el Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional y Derecho Público Comparado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Con motivo de la celebración del Bicentenario del Natalicio de Mariano Otero la Dirección General, en colaboración con otras instituciones, llevó a cabo la edición conmemorativa de los libros “Mariano Otero Visionario de la República. A 200 Años de su Nacimiento”, que consta de 5 tomos que compilan y analizan la vida y obra de este jurista. Agradezco el intenso y fructífero trabajo de la doctora Leticia Bonifaz Alfonzo.
Igualdad de género. En enero de dos mil quince designé a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para presidir el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.
A casi cuatro años de distancia, podemos afirmar que los avances son sustantivos y que hemos logrado afianzar en nuestras juzgadores y juzgadores una auténtica convicción en la necesidad de implementar las perspectivas de género en nuestro quehacer jurisdiccional.
Con esta visión, a lo largo de estos cuatro años el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género coadyuvó con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ), para un impulso definitivo a la firma del Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia.
Durante estos cuatro años, está Suprema Corte y el Comité Interinstitucional convocaron al Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género, con una asistencia cada vez más nutrida de impartidores de justicia nacionales y del extranjero.
Un importante logro fue la materialización del Manual para una Impartición Interseccional de Justicia con Perspectiva de Género, un proyecto que emanado del Comité se elaboró gracias al trabajo conjunto de juzgadoras federales y locales, coordinadas por la Magistrada Lilia Mónica López Benítez.
En el ámbito jurisdiccional de la Región Iberoamericana, en la XVIII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Asunción, Paraguay en dos mil dieciséis, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos fue electa integrante de esta Comisión de Género y Acceso a la Justicia, con lo que representó a México en esta fundamental tarea.
En la actualidad, la Presidencia de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, de la Cumbre Judicial Iberoamericana, recae de nueva cuenta en nuestro país, ostentando la Presidencia la Señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Un importante logro en este período, fue la creación de una red de juzgadores de los fueros federales y locales adheridas al Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Durante este periodo, tuve el honor de ser designado por esta Asociación Internacional como el miembro honorario número u no, también me uní con entusiasmo a los compromisos de la organización denominada He For She, un movimiento de ONU Mujeres, creado en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
En cumplimiento a los compromisos internacionales derivadas por parte del Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en julio de este año, la Ministra Luna Ramos encabezó la delegación por parte del Poder Judicial de la Federación y compareció ante el Comité de Expertas de la CEDAW.
APOYO A JÓVENES ESTUDIANTES DE DERECHO.
Para el Poder Judicial de la Federación, los jóvenes siempre han sido muy importantes, porque representan el presente y futuro de la judicatura, en especial los estudiantes de Derecho y carreras afines.
Para ellos hemos diseñado el Programa de Prácticas Judiciales, de eminente corte social, que recibe como aprendices a estudiantes de todas las universidades públicas y privadas del país, formando su vocación por la impartición de justicia, teniendo como tutores a los propios jueces y magistrados, sin que haya vínculos o recomendaciones de ninguna naturaleza.
Pero, además, hemos logrado en conjunción con Fundación UNAM y la Facultad de Derecho, otorgar a ya 200 jóvenes, tanto mujeres como hombres, en igualdad de número, una beca que les permita continuar con sus estudios sin que tengan que abandonarlos por limitaciones económicas, ya que se les da una cantidad mensual aproximada de 2,400 pesos y se les privilegia con cursos reforzados, a cambio de que mantengan un elevado promedio en sus calificaciones que es de 90.
Agradezco a todos los integrantes de FUNDACIÓN UNAM, a su Directora Ejecutiva doña Aracely Rodríguez de Fernández y al Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, don Raúl Contreras, su apoyo incondicional para alcanzar la meta.
GRUPOS VULNERABLES.
En este ámbito, quiero destacar los resultados del Programa Integral de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. En concordancia con las políticas trazadas en mi Programa de Trabajo, referidas a la inclusión de grupos en situaciones de vulnerabilidad, y para cuya concreción se estableció como una de las principales acciones, se crearon plazas que exclusivamente deben ser ocupadas por personas con alguna discapacidad, la que sea, lo cual ha permitido ya, hasta ahora que está iniciando, 17 personas con esa condición.
Personas que han demostrado su alta capacidad de trabajo e inteligencia, por lo que han colaborado en la aportación de los resultados de este Tribunal Constitucional. No puedo sino reconocer su trabajo y agradecer su interés por laborar en este Alto Tribunal. La semana pasada se emitió la Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con la participación de Jan Jarab de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo, en el CENDI a cargo de la Suprema Corte, se ha dispuesto que se otorgue atención a los grupos vulnerables, especialmente a niñas y niños con discapacidad, sin discriminación alguna y en cambio con un trato profesional y capacitado.
Para ello, se emitió el Reglamento Interior del Centro de Desarrollo Infantil “Artículo 123”, que ofrece alternativas a los padres y a las madres que prestan sus servicios en la Suprema Corte para que, de requerirlo, dispongan de los servicios del CENDI en los casos en que sus menores hijos tengan alguna discapacidad.
Para ello, en el CENDI se realizaron adecuaciones al inmueble, se capacitó a personal, y se tienen especialistas, todo ello con la orientación y observaciones realizadas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la organización “Libre Acceso, A.C.”, quien participó gratuitamente con sus asesorías.
Desde el año 2015, se inició al “Plan Rector en Materia de Accesibilidad para Personas con Discapacidad”, en el que se establecen políticas generales y criterios específicos para guiar de manera planificada, ordenada y gradual, el desarrollo de las acciones en la totalidad de los inmuebles, no sólo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de todos los del Poder Judicial de la Federación: Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dispongan de espacios físicos que correspondan a los requerimientos de los usuarios.
Se replantearon los contenidos y estructuras de las páginas principales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para cumplir con criterios de accesibilidad.
DEFENSORÍA.
PERSONAS MIGRANTES.
La migración en los últimos años se ha ubicado como un tema de suma importancia en las relaciones internacionales y un complejo desafío en la atención de los asuntos políticos, jurídicos, económicos, y desde luego sociales y culturales tanto en los países expulsores, como en los de tránsito y destino o retorno.
El reto principal para los Estados, es garantizar la seguridad de las personas migrantes que se encuentran, en determinado momento, en su territorio, haciéndolo mediante la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos.
El reto de los Poderes Judiciales es garantizar el acceso a la justicia. La seguridad de las personas migrantes implica, indudablemente, la protección del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, así como a la justicia, a la alimentación, a la salud y a la educación, solo por mencionar algunos.
Entre las garantías mínimas que el Estado mexicano debe reconocer a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio, está el derecho a la seguridad jurídica y, desde luego, al debido proceso, comprendido éste en un sentido amplio, abarcando tanto las esferas judiciales y aún administrativas de todas las ramas del derecho y finalmente a derribar las barreras que impiden a los migrantes participar en la construcción de un mundo menos igual y más injusto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las decisiones particulares y las medidas de autoridades administrativas en esferas como la inmigración, el acceso a la nacionalidad y el asilo, deben evaluarse y estar guiadas por el interés superior del niño.
En este contexto, es importante destacar que la migración es una característica inherente de la especie humana, lo que implica un fenómeno migratorio se mantendrá, e incluso incrementará en las próximas décadas. Ante esto, es necesario reforzar el entendimiento, sustentado en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Para apoyar a los connacionales que son repatriados desde la frontera norte con los Estados Unidos, desde hace dos años se establecieron grupos especiales de defensores públicos federales, que aconsejan y orientas a quienes se reincorporan al territorio nacional.
PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Debe destacarse que históricamente las personas y pueblos indígenas han sido víctimas de procesos de marginación y exclusión social, lo que, en la mayor parte de las ocasiones, ha redundado en condenas injustas o excesivas, así como en el quebranto de las instituciones propias de los pueblos.
Por ello, sensibles ante esta problemática, y adecuándose a los paradigmas derivados de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los Tribunales Federales de nuestro país han pronunciado múltiples resoluciones, al menos 283, en el sentido de conceder el amparo para que las autoridades correspondientes, llamen a los quejosos, siempre asistidos por un traductor en su lengua originaria, tomando en cuenta sus usos y costumbres.
Además del defensor, se instituyó la figura del intérprete, para que pueda tutelar debidamente sus derechos, con su cultura y su lengua.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
El acceso a la información como derecho fundamental reconocido en el artículo 6º de nuestra Constitución, es vital para el fortalecimiento de nuestra democracia y el acceso a la justicia, así como a la construcción de una justicia abierta en nuestro país, es una convicción de este Alto Tribunal que la construcción de instituciones más transparentes, coadyuva en el fortalecimiento de su legitimidad y que ésta debe ser un compromiso de todos los poderes del Estado.
Desde 2015 se han realizado diversas adecuaciones normativas, con la que se creó la Unidad General de Transparencia y Sistematización Judicial como un área adscrita directamente a la Presidencia de la Corte, se alinearon las estructuras administrativas y se tradujo en la instalación del Comité de Transparencia y el Comité Especializado de Ministros.
Durante 2017, se cumplió el plazo para publicar la información relacionada con las obligaciones de transparencia cuyo cumplimiento fue verificado por el INAI, arrojando un resultado arriba del 90%.
Destacan las guías de acceso a la información en lenguas indígenas, y en sistema braille, que orientan sobre la forma de ejercer este derecho fundamental.
Durante este periodo la Suprema Corte definió acciones y políticas para brindar mayor información a todas las personas y lograr un mayor acceso a la justicia, con lo que se dio respuesta a las más de 150 mil solicitudes de acceso a la información, que sólo tuvieron un porcentaje de inconformidad de solo el 0.12%.
En el ámbito del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de acceso a la información, en cuatro años se incrementó el número de solicitudes en un 80% al pasar en 2014, con 5,568 a poco más de 10,000 en noviembre de 2018, de las cuales sólo el 1.81% fueron impugnadas ante el INAI.
Por ello, las decisiones tomadas en el marco de una mejora continua de los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, han dado frutos.
En estrecha relación con nuestro compromiso con la transparencia de acceso a la información, quiero destacar la labor del Canal Judicial, que se ha ido consolidando como una opción televisiva para el público en general, que lo sintoniza mediante los distintos sistemas de televisión en la República mexicana, y a través de internet. En 2018, se han registraron 8 millones de telespectadores, con un alcance promedio de 69 mil personas diarias.
Durante mi administración se puso en marcha una amplia oferta informativa que permitió llegar a más de 1,700 estaciones de radio en todo el país.
Todo ello en un esquema de austeridad que implica básicamente que no se contratara a empresa o persona externa, sino que se lograra mediante el uso de los recursos materiales y humanos propios, con el objeto de generar cercanía con la sociedad y poner al alcance de todos, el quehacer del Máximo Tribunal del país.
Como complemento del acceso a la información en abril de este año, se inició la operación de la Ventanilla Única de Servicios Administrativos, con recursos propios, tanto humanos como materiales, utilizando la infraestructura de este Alto Tribunal.
Reconozco a los Medios de comunicación, reporteros, y periodistas, a los que les refrendamos nuestro compromiso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre será la última línea de defensa de la libertad de expresión. Pues la libertad de expresión que ejercen los periodistas es uno de los principales pilares en los que se sostiene nuestra democracia. Les agradezco su trabajo en favor de la información y de la difusión de las actividades del Poder Judicial de la Federación. La crítica que se despliega en los medios sirve, sin duda alguna, para impulsar lo que va bien y para corregir lo que va mal.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONDICIONES PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.
La adecuada gestión de recursos financieros, humanos y materiales con los que cuentan tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura Federal, debe estar encaminada a proporcionar a los juzgadores federales las condiciones necesarias para cumplir con su objetivo protector en una justicia para los mexicanos con la amplitud y generosidad que dispone nuestra Constitución Federal, pero siempre con un sentido de cuidado del gasto, de criterios de austeridad y de lograr que los recursos se aprovecharán al máximo indispensable para no suspender el servicio público de justicia.
Propuse entonces, el impulso a las acciones para que se facilite a todas las partes en los juicios que así lo soliciten, la Firma Electrónica del Poder Judicial de la Federación, mediante un procedimiento ágil y de fácil acceso.
Los juzgadores no desconocemos el tiempo en que vivimos, la tecnología nos brinda oportunidades sin precedentes en la historia de la humanidad, nos hace más cercanos a la sociedad y hace más efectivas y prontas las declaraciones jurisdiccionales.
Así, en virtud del Proyecto Nacional de Interconexión Tecnológica, es ahora una realidad el juicio en línea, que puede tramitarse desde su inicio en internet, desde enero de 2016, en que se puso en marcha, hasta el momento, se han interpuesto 347,542 demandas de amparo de manera electrónica, que hacen más accesible la defensa de los derechos reconocidos por esta Constitución.
DESARROLLO SUSTENTABLE.
En el Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable ─hablando de Desarrollo Sustentable─, se hace un uso más eficiente del agua; el ahorro considerable de energía; y la disminución notable y creciente en el uso de papel a cambio de la utilización de la comunicación electrónica con todos los beneficios que ello conlleva.
De esta forma, en todos y cada uno de los inmuebles de nuestras instituciones, tanto en la Ciudad de México como en el país, operan ya mecanismos de uso eficiente de agua y de energía con dispositivos ahorradores, sistemas de captación reutilización de aguas pluviales, dispositivos de encendido automático, luminarias de Led y la utilización de paneles solares.
Queremos que ello sea un elemento característico de nuestras instituciones y que quienes trabajan en las instancias de justicia federal, sean agentes de cambio en sus familias y en su entorno social para valorar y proteger a la naturaleza y el ambiente.
CARRERA JUDICIAL. VIGILANCIA Y DISCIPLINA
El Manifiesto del Congreso de Chilpancingo, del 6 de noviembre de 1813 dice: “…Pondrán jueces buenos que les administren con desinterés la justicia”. Estoy convencido, que uno de los aspectos más importantes en toda institución impartidora de justicia es que se logre seleccionar a aquellas personas que reúnan las cualidades necesarias para ser un juzgador independiente, objetivo, imparcial, profesional y de excelencia, mediante la evaluación de cualidades éticas, sus conocimientos jurídicos y la forma de aplicarlos a los casos concretos, así como con una personalidad acorde con los principios de prudencia, objetividad, convivencia y respeto a sus compañeros y colaboradores.
Así, las adscripciones por necesidades del servicio, no se han hecho arbitrariamente o por el simple paso del tiempo, sino que se determinan privilegiando el servicio público de administración de justicia, considerando el perfil idóneo den juzgador requerido por el órgano jurisdiccional, pero también, atendiendo el interés de los juzgadores, armonizado de tal modo que dichas necesidades del servicio fueran satisfechas, y al propio tiempo favorecer al interés de los servidores públicos, especialmente de la mujeres sujetas a esas adscripciones.
Entre 2015 y 2018, fueron designados 202 magistrados de Circuito, y 388 jueces de Distrito. Esto no quiere decir que la designación de Juez de Distrito o Magistrado de Circuito sea una cuestión de intereses personales, compadrazgos o consideraciones superficiales.
Llegar a ser designado Juez o Magistrado es una tarea profesional y cuidadosa, que se logra, en el Consejo de la Judicatura Federal, mediante rigurosos exámenes de oposición, en los que durante tres etapas los aspirantes deben demostrar sus capacidades y conocimientos del derecho, así como su capacidad de análisis y criterio jurídico, para que realmente los califiquen como aptos para impartir la justicia federal.
Si, en un momento determinado, hubo alguna desviación en alguno de estos procedimientos, inmediatamente que fue detectada, se tomaron medidas estrictas y contundentes, así como el inicio de procedimientos de investigación y de responsabilidad para sancionar a los malos servidores, a más de separarlos de sus cargos cuanto antes. De esto se ha informado a los Plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Pero sin que ese evento aislado pueda considerarse como una problemática general en el sistema de selección de juzgadores. Es más, ese concurso ya no produjo resultado alguno, porque el Consejo de la Judicatura Federal lo canceló de inmediato.
Por ello, podemos decir sin titubeos que el Consejo de la Judicatura cumplió con el mandato constitucional de brindar a la población justiciable el servicio público de administración de justicia de calidad.
En materia de responsabilidades administrativas, una de las tareas fundamentales que tiene el Consejo es la de garantizar que la actuación de los servidores públicos, se apegue a los principios de excelencia, profesionalismo y objetividad.
En ese tenor, durante mi administración, se atendieron 7,000 quejas y denuncias; en el Consejo de la Judicatura, se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio, se realizaron más de 90 investigaciones; y fueron sancionados 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, siendo de ellos 36 magistrados de Circuito, y 49 jueces de distrito. Las sanciones impuestas a esos titulares han ido, desde amonestaciones y apercibimientos, hasta suspensión y 8 casos de destitución e inhabilitación.
En el caso del personal subalterno, también fueron impuestas sanciones semejantes, en todos los casos trátese de quién se trate se ha actuado.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, incorporó al sistema general de responsabilidades el principio de separación e independencia de funciones investigadoras y substanciadoras en materia disciplinaria, por ello, el Consejo de la Judicatura, emitió el acuerdo correspondiente para separar dichas funciones.
Con el auge de las tecnologías de la información, se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo General del Pleno del Consejo, por el que se expide el protocolo de actuación para la obtención y tratamiento de los recursos informáticos y/o evidencias digitales.
Como parte de mi proyecto de Plan de Desarrollo 2015-2018, en días recientes propuse al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal un acuerdo general para propiciar condiciones de igualdad en el acceso al servicio público, tanto en la carrera judicial como en la función de apoyo administrativo, para combatir el llamado “nepotismo”.
Entre los aspectos relevantes que contempla, destaca la creación de un Registro Público de Méritos de los Servidores Públicos que será de libre consulta para la sociedad.
Les pido unos minutos para sentarme un momento, por favor.
La impartición de justicia ─decía yo─ debe ser una práctica cotidiana de virtudes; y, en consecuencia, para el ejercicio digno de nuestra profesión, lo primero a defender es nuestra independencia, real y absoluta. Sólo así desempeñaremos adecuadamente la elevada responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Mi convicción es que si un juez no goza de condiciones de independencia deja de ser juez, para convertirse en mandatario de alguien. Concomitantemente, no puede tolerarse el menor acto de corrupción, y debe ser combatido con la máxima severidad establecida en la ley.
Todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación son personas a los que debe reconocerse su esfuerzo, vocación y disciplina por la impartición de justicia protectora de los derechos humanos. Por ello, desde los primeros días de ejercer mi cargo como Ministro Presidente, me propuse, en los hechos, buscar un acercamiento con ellos, reconociendo su calidad de titulares del Poder Judicial de la Federación, como señala nuestra Carta Fundamental.
Por ese trabajo, con el empeño por cumplir, como he visto en todos ellos, y su aplicación de la máxima de impartir justicia con independencia, excelencia y profesionalismo, más mis cincuenta años de trabajo en este Poder del Estado Mexicano, me hace sentirme ─siempre─ parte de esa comunidad y he tratado de demostrárselos con apoyo y respeto a sus investiduras y a sus personas.
No puedo dejar de expresar mi más grande agradecimiento a todos los funcionarios que han colaboraron conmigo en la Presidencia, desde el Oficial Mayor y todas las áreas administrativas, hasta los colaboradores jurídicos que me apoyaron en la elaboración de dictámenes legales y construcción de acuerdos generales. Tarea en la que me vi apoyado por quienes en estos cuatro años me acompañaron en el Comité de Gobierno y Administración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como han sido los señores Ministros don Fernando Franco y González Salas, don Jorge Mario Pardo Rebolledo, don Alberto Pérez Dayán y don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Y debo destacar la labor incansable del personal operativo encargado del mantenimiento de los inmuebles, seguridad y acceso. Mi experiencia ha sido encontrar en ellos un fundamental apoyo a las labores sustantivas de los Ministros, Magistrados y Jueces. Son personas leales, esforzadas y muy trabajadoras.
Quiero enfatizar y agradecer a las señoras Ministras y a los señores Ministros, mis compañeros y amigos todos, su buen trato, su indudable disposición para encontrar juntos y unidos el mejor camino para el óptimo funcionamiento de esta Suprema Corte, pero sobre todo, agradezco su apoyo y su actitud respetuosa hacia el cargo que tuvieron a bien confiarme hace ya casi cuatro años.
De nuevo, muchas gracias señores Ministros.
Su presencia, señor Presidente de la República, en este Tribunal Constitucional, al igual que la presencia de los que integramos esta Suprema Corte en su toma de protesta, es expresión de la normalidad democrática con la que estamos obligados a conducirnos quienes representamos a las instituciones del Estado Mexicano. Instituciones revestidas de las facultades y competencias que les asigna la Norma Fundamental que fue el ideal de los héroes que construyeron esta patria.
Tenemos claro que como garante del orden constitucional, al Poder Judicial de la Federación le corresponde aportar elementos que permitan a la sociedad participar activamente en el proceso de construcción de la cultura jurídica, en torno a la propia norma fundamental y a los principios que ella establece, con lo que, sin duda, se refuerza la finalidad última de la Judicatura Federal, que no puede ser de otra manera que otorgar la protección más amplia a la persona y la salvaguarda de sus derechos.
Este recinto honra el legado de don Benito Pablo Juárez García, ministro y presidente de este Alto Tribunal. Esos valores universales guían nuestra actuación no se olvide.
Entre muchas coincidencias, una de las más importantes que tenemos con usted, señor Presidente, es la máxima del Benemérito de las Américas que rige la vida de una democracia constitucional, y que dijo: “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho.”
La Constitución es la hoja de ruta de la Nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el soporte de la convivencia social; y, como norma suprema, a ella debe ajustarse y someterse todo acto que se genere dentro de su ámbito de aplicación. De igual forma, es necesario ratificar, día con día, nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía constitucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el pueblo exige y merece.
En estos momentos en los que el país se plantea construir los caminos para la paz, la equidad y la prosperidad, es preciso destacar que esas condiciones son, como ha dicho usted, señor Presidente, frutos de la justicia. Por lo tanto, es menester fortalecer a las instituciones que imparten justicia. Lo que mantiene la regularidad de la República, es el derecho y el respeto.
Quienes integramos al Poder Judicial de la Federación no somos ajenos a la demanda ciudadana de un mejor servicio público, más eficiente, pero sobretodo honesto y transparente.
Un México en el que cada uno de los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y órganos auxiliares de todos los Poderes Judiciales del país y en general de todos los que imparten justicia, cumplan con la tarea pública encargada, de manera eficiente, con conocimiento técnico y con responsabilidad social, para garantizar la convivencia pacífica. Un México en el que cada uno de los juzgadores de la República, tanto del fuero Federal, del Fuero Estatal y de los tribunales administrativos de la Federación o locales, estrechamente unidos y en comunicación permanente prestemos a nuestro pueblo el mejor servicio que requiere y exige.
Nuestra Constitución Federal en su artículo 17 señala: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.”
El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas afirma: “La independencia del Poder Judicial es un componente esencial del derecho a un juicio imparcial y el Estado de Derecho. El requisito de la independencia e imparcialidad de los jueces —dice este Consejo de Derechos Humanos— no es una prerrogativa ni un privilegio que se les reconozca en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función de guardianes del Estado de Derecho y de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.” Hasta aquí la cita.
La independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad y el respeto de los derechos humanos, esta cualidad es un corolario del principio democrático de la separación de Poderes, en virtud del cual los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado.
El Poder Judicial de la Federación es uno de los tres Poderes de la Unión y, por tanto, reconocemos que somos parte del entramado del Estado Mexicano, y que debemos estar articulados y en armonía y concordancia con los otros Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Reconocemos, también, que todos estamos destinados y obligados a servir a México y que, como ofrecemos ahora y siempre, si lo hacemos juntos, resultará en beneficio del pueblo de México, el único depositario originario de la Soberanía Nacional. Somos uno de los Poderes de la Unión que, como los demás, se instituye para el beneficio del pueblo.
Queremos trabajar en conjunto por un México mejor, resolviendo las controversias conforme a las leyes que expide el Congreso de la Unión acordes con la Constitución, protegiendo los derechos de todos. Queremos, en fin, como todo buen mexicano quiere, lograr, en la medida de nuestras competencias, un país más fuerte, más democrático, más libre, sin corrupción y sin simulación, y con la justicia que corresponde, como derecho inalienable, al Pueblo de nuestra Nación.
Esto no es un obstáculo para el desarrollo y la legítima transformación del país sino la condición necesaria para alcanzar esos objetivos democráticamente.
Hagamos realidad, juntos, señor Presidente, señores legisladores, el anhelo de los próceres constitucionalistas de nuestra patria para ser grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra. Nada, ni nadie sobre la Constitución.
Muchas gracias.
Señor secretario informe el siguiente punto del orden del día.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. El señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales realizará la declaratoria de clausura. Atentamente se invita a los presentes a ponerse de pie.
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Hoy jueves trece de diciembre de dos mil dieciocho, la SUPREMA CORTE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARA SOLEMNEMENTE CLAUSURADO EL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO, CON EFECTOS A PARTIR DEL PRIMER MINUTO DEL SÁBADO QUINCE SIGUIENTE, FECHA A PARTIR DE LA CUAL ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTINUARÁ EN FUNCIONES POR CONDUCTO DE SU COMISIÓN DE RECESO.
Asimismo, convoco a las señoras Ministras y a los señores Ministros, a la sesión pública que se celebrará el próximo miércoles dos de enero del año próximo dos mil diecinueve.
Solicito a los señores Ministros, doña Norma Lucía Piña Hernández y don Eduardo Medina Mora, Presidentes de la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal, para que una vez que interpretemos el Himno Nacional hagan favor de acompañar al señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Atentamente se invita a los presentes en mantenerse de pie y a interpretar el Himno Nacional.
(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 14:10 HORAS)
