Gran programa de inversiones y seguridad pública para Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas: EPN

Mensaje a la Nación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto: Por un México en Paz con Justicia y Desarrollo. 27 noviembre de 2014.

Señoras y señores:

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Quiero agradecer la presencia y saludar a los señores Presidentes de las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

Al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A las señoras y señores titulares de los órganos autónomos del Estado mexicano.

Quiero saludar a las señoras y señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República.

Agradecer y saludar la presencia de los señores Gobernadores de las distintas entidades de nuestro país.

Al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Saludar a representantes de la sociedad civil.

A dirigentes de distintos partidos políticos que hoy, aquí, nos acompañan.

A Coordinadores Parlamentarios.

A representantes de la sociedad civil de los distintos sectores, tanto económico, social, cultural, académico y de investigación, que están esta media tarde con nosotros.

Señoras y señores representantes de los medios de comunicación.

Señoras y señores:

Hace dos meses, México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado.

Los actos inhumanos y de barbarie, ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han conmocionado a toda la Nación.

El asesinato de seis personas, las lesiones a 20 más y la privación de la libertad de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, por policías y autoridades municipales al servicio de la delincuencia organizada, nos han indignado y agraviado profundamente.

Como Presidente de la República, mi obligación ha sido encabezar los esfuerzos institucionales para conocer la verdad de estos hechos; asegurar que no haya impunidad y que todos los culpables sean castigados conforme a derecho, y que se dé la reparación integral a las víctimas.

Ante la gravedad de lo ocurrido, di indicaciones al Procurador General de la República para que ejerciera sus facultades de atracción y se hiciera cargo de las investigaciones.

Simultáneamente, el Gobierno de la República ha desplegado un amplio operativo para localizar a los jóvenes normalistas, haciendo uso de todos los medios y capacidades institucionales.

Desde entonces, hemos permanecido en contacto con sus padres, manteniéndolos al tanto de las acciones y resultados, tanto de las investigaciones de la Procuraduría General de la República, como de los esfuerzos de localización.

A la fecha, se han detenido y puesto a disposición de la justicia a 79 probables responsables, incluyendo a los autores intelectuales, así como al líder y a los principales operadores del grupo criminal que cometió estos actos brutales.

En un hecho inédito de apertura y transparencia, el Gobierno de la República solicitó, por primera vez en la historia, la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para localizar a los normalistas e investigar los hechos.

Como padre de familia, comparto el dolor, la angustia y la incertidumbre de las familias de las víctimas.

Como ciudadano mexicano, comparto, también, la exigencia de justicia de la sociedad entera. No pueden quedar impunes estos actos de barbarie.

En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional, que no podemos ignorar: Un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios; autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva; policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes.

Lo más desafiante para México es que a pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad institucional siguen presentes en otras localidades y zonas del país.

Desde el primer día de este Gobierno, advertí que en los últimos años el Estado había cedido importantes espacios, que la inseguridad y la violencia robaban la paz y libertad de diversas comunidades del territorio nacional.

Congruente con ello, definí como primer eje de mi Gobierno lograr un México en paz.

Impulsamos una política pública de seguridad y procuración de justicia, que ha permitido reducir los homicidios dolosos.

Los esfuerzos realizados son importantes, han contribuido, en alguna medida, a generar condiciones de mayor seguridad en algunas regiones del país.

Sin embargo, a pesar de lo alcanzado en estos dos años de Gobierno, los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y Gobierno, que aún hay mucho por hacer.

Tenemos que cumplir la función esencial de un Estado: lograr la seguridad de los ciudadanos y la plenitud del Estado de Derecho.

Seamos claros: Sólo a través del Estado de Derecho podremos superar, juntos, los retos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

A raíz de la tragedia de Iguala, México está nuevamente a prueba. Frente a ello, los mexicanos no podemos caer en el pesimismo, ni abandonar nuestra esperanza de un mejor futuro.

El dolor que siente el país, tampoco es justificación para recurrir a la violencia o al vandalismo. No se puede exigir justicia violando la ley.

Es momento de construir, no para destruir; es momento de unir, no para dividir. Es momento de fortalecer nuestras instituciones, no para debilitarlas; es momento de pensar en soluciones y de trabajar por México.

A lo largo de nuestra historia nacional, los mexicanos jamás nos hemos rendido ante la adversidad. Hemos demostrado, una y otra vez, que somos una sociedad con dignidad, con valor, unida y solidaria.

Una sociedad que hoy alza su voz para decir: Ya basta.

Las personas que han salido a las calles, en México y en distintas partes del mundo; las expresiones de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, de artistas, intelectuales y deportistas; las miles de inconformidades difundidas en redes sociales, así como las opiniones de articulistas y columnistas, todas coinciden en un punto fundamental: que México no puede seguir así.

Y tienen razón. Después de iguala, México debe cambiar.

Por ello, como un mexicano más, me sumo al clamor ciudadano que exige justicia, y como Presidente de la República, y dejo de manera muy enfática, asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad.

En suma: construir un pleno Estado de Derecho.

No hay soluciones simples, ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo, que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México.

Para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, anuncio las siguientes medidas:

Primera. El próximo lunes, enviaré una iniciativa de reforma Constitucional que facultará al Congreso a expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.

Esta nueva ley establecerá el mecanismo para que la federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada.

De esta manera, se tendrán instrumentos eficaces para intervenir cuando exista colusión del crimen organizado con las autoridades municipales.

México necesita decisiones audaces y firmes, ésta es una de ellas.

Y estoy seguro de que la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales será fundamental para reconstruir nuestro Estado de Derecho en toda la geografía nacional.

Segunda medida. Se redefinirán, con absoluta precisión y claridad, las competencias de cada autoridad en el combate al delito, tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de gobierno.

Cuando la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie. Desafortunadamente así ocurre con la persecución de varios delitos.

En los últimos años se ha reformado varias veces la Constitución, derivando en un complejo sistema de competencias penales, que genera dispersión de responsabilidades, confusión en la aplicación de la ley y, lo más grave, impunidad.

El ejemplo más evidente es el caso del combate al narcomenudeo, en el que la eficacia del Estado Mexicano ha sido mínima, ya que ningún orden de gobierno ha asumido plenamente su responsabilidad.

Además, el diagnóstico nos muestra que la reforma sobre narcomenudeo es una de las principales causas de la infiltración del crimen organizado en las estructuras policiales municipales.

Para revertir esta situación, el mismo lunes de la próxima semana, estaré enviando al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que redefine y da claridad a todo el sistema de competencias en materia penal, así nadie podrá usar como pretexto el complejo sistema de competencias penales para rehuir sus responsabilidades.

Tercera medida. La creación obligatoria de Policías Estatales Únicas. Como país, llevamos años debatiendo este tema, este cambio y hasta hoy hemos sido incapaces de ponerlo en práctica.

México no puede seguir esperando más.

Este lunes, enviaré al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para crear las Policías Estatales Únicas.

Esto implicará crear un nuevo modelo policial. Será un cambio cuantitativo y cualitativo. Pasar de más mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales y más eficaces.

Estas policías, además, estarán homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación.

Si queremos tener policías eficaces y honestos, el Estado debe ofrecerles un proyecto de vida y pagarles bien.

Esta reforma implicará un enorme reto presupuestal. Y por ello, requerirá un proceso de transición administrativa responsable, que dé prioridad a las entidades con mayor urgencia de atención.

En este sentido, la iniciativa propone que los primeros cuatro estados en adoptar este modelo sean: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Y para asegurar que así sea, la iniciativa prevé sanciones para los Presidentes Municipales que no entreguen el mando policial, así como para los Gobernadores que no lo ejerzan.

Reconozco a los 31 Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que han manifestado su respaldo para adoptar esta reforma en sus estados, demostrando su compromiso con la legalidad y con México.

Este gran esfuerzo por construir policías estatales eficaces, se complementará con una cuarta medida: Acelerar la creación de un teléfono único para emergencias a nivel nacional.

En coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, trabajaremos para que los mexicanos cuenten con un número único para pedir auxilio en casos de urgencia y poder acceder a otros servicios de ayuda y orientación.

Propongo al titular de este organismo se estudie la posibilidad de que este número sea el 911, por ser el más reconocido y el más empleado a nivel mundial.

El objetivo es que la población cuente con una respuesta inmediata de sus autoridades y cuerpos de emergencia.

Además de facilitar la denuncia ciudadana, el número único permitirá recopilar datos y analizar la información para mejorar la eficacia de las policías en el combate a la delincuencia.

Quinta medida que habremos de impulsar, es el establecimiento de una Clave Única de Identidad.

En pleno Siglo XXI, México carece de un registro confiable de su población. Esto representa un obstáculo para dar certeza a los actos jurídicos, a la eficacia en la prestación de distintos servicios públicos y privados, así como a las labores de seguridad pública.

Para hacer realidad la Clave Única de Identidad no partiremos de cero. El país ya cuenta con los registros del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Seguro Popular.

Se trata de que todo mexicano cuente con un número de identificación personal que le permita acceder más fácilmente a trámites y servicios gubernamentales, así como al sistema bancario y financiero.

Como sexta medida, en lo inmediato he ordenado al Gabinete de Seguridad que realice un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. A partir de él, se ampliará al despliegue de las Fuerzas Federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán.

También he instruido que se incremente el apoyo de las Fuerzas Federales en los municipios que lo requieran en los estados de Jalisco y Tamaulipas.

Como séptima medida, impulsaré acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho humano a la justicia.

El pasado lunes, en los estados de Durango y Puebla, entraron en vigor los juicios orales en materia penal para el fuero Federal.

Ello demuestra la firme determinación del Estado mexicano de cumplir en los tiempos establecidos, con la reforma constitucional alcanzada en el año 2008.

No habrá prórroga a la fecha límite establecida por el Constituyente mexicano.

Castigar al responsable de un delito y proteger al inocente, es un mandato constitucional que no se debe posponer.

Pero la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda.

La justicia cotidiana es la que exige el ejidatario que pierde su tierra sin razón, el propietario a quien no le pagan la renta, el consumidor que no recibe el producto por el que pagó, o el ciudadano que fue víctima de un abuso de autoridad, por mencionar algunos casos.

Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad.

A pesar de esta realidad, que es evidente, no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas.

Por ello, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, impulsaré una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana.

Para enriquecer estas iniciativas, le he solicitado al doctor Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, una de las instituciones más prestigiadas del país, que organice foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil.

Al finalizar sus trabajos, en un plazo máximo de 90 días, recibiré sus propuestas y recomendaciones. Y por ello, le agradezco a este centro público de investigación su compromiso con México.

Por su parte, en cuanto al respeto y protección de los derechos humanos, México cuenta con uno de los sistemas normativos más robustos del mundo.

Sin embargo, aún prevalecen retos importantes en esta materia.

Como octava medida, se llevarán a cabo un conjunto de acciones que fortalecerán y pondrán al día los instrumentos para proteger los derechos humanos.

Estas acciones son: facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; la reforma que propondré para redefinir el Sistema de Competencias Penales a nivel Constitucional, así lo habrá de permitir.

Otra acción será fortalecer los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.

Establecer indicadores adicionales en materia de derechos humanos, en coordinación con la CNDH y organizaciones de la sociedad civil.

Crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.

Y publicar de inmediato el Reglamento de la Ley General de Víctimas, y poner en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas.

Y como última acción en este ámbito: integrar el Consejo Consultivo para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.

Con acciones como éstas, el Gobierno de la República sigue trabajando para que el respeto y la protección a los derechos humanos, sean prácticas permanentes del Estado mexicano.

En este marco, reconozco el trabajo que día a día realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de los derechos humanos.

Reitero también el irrestricto respeto del Ejecutivo Federal a la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, otro de los mayores desafíos para asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho, es el combate eficaz a la corrupción.

Por ello, como novena medida, promoveré con estricto respeto a la división de Poderes la pronta aprobación de diversas leyes y reformas en materia de combate a la corrupción, que ya se encuentran en estudio y discusión en el Congreso de la Unión.

En primer término, expreso el decidido respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción, que actualmente están debatiendo las diversas fuerzas políticas.

Entre otros elementos, este innovador sistema incluye esquemas de vigilancia de autoridades por parte de la ciudadanía, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, para que pueda hacer auditorías, ya no sólo de forma posterior, sino también durante la ejecución del gasto.

La creación de un tribunal imparcial que impondrá las sanciones administrativas y de un fiscal anticorrupción, nombrado por el Senado de la República, para perseguir penalmente los casos de corrupción.

La ciudadanía también contará con mecanismos ágiles para denunciar los hechos de corrupción y lograr que sean sancionados.

Y para enriquecer este sistema, en este momento también propongo sanciones ejemplares para empresas que incurran o se coludan con alguna autoridad y que caigan en corrupción.

Asimismo, manifiesto el respaldo del Ejecutivo Federal a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia.

De manera similar, exhorto a la Cámara de Diputados a analizar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa de Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que le envié hace poco menos de un mes.

Este ordenamiento asegurará que los recursos destinados a obras públicas se administren con mayor eficiencia, transparencia y honradez, y con apego a las mejores prácticas internacionales.

Esta reforma propone la figura de proyecto de magnitud o alcance relevante. Es decir, que la licitación y el desarrollo de los megaproyectos cuenten con mecanismos de supervisión y auditoría especializados durante el proceso de contratación o ejecución de la obra.

La iniciativa también promueve el uso del Sistema Compranet para asegurar la transparencia y obtener las mejores condiciones en la contratación de obras.

Adicionalmente, con el fin de garantizar la legalidad de estos procedimientos, se establecen nuevos tipos administrativos para sancionar a los licitantes, contratistas y servidores públicos que evadan la ley.

En suma. Se trata de una legislación de avanzada, que previene actos de corrupción en la contratación de obra pública.

Y finalmente, como décima medida. Esta Administración seguirá promoviendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, esenciales en un Gobierno abierto, como México se lo ha propuesto ser.

Seguiremos promoviendo instrumentos que brinden a la ciudadanía los datos y la información pública en formatos útiles y de más fácil acceso.

Y en este sentido, por ejemplo, he instruido a la Secretaría de la Función Pública para que desarrolle un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal.

De esta manera, cualquier ciudadano podrá conocer en un solo sitio el número y monto de los contratos de cada dependencia federal o de cada empresa que preste sus servicios a la Administración Pública Federal.

Estas 10 medidas tienen como objeto fundamental fortalecer el Estado de Derecho en México.

Sin embargo, los trágicos acontecimientos en Iguala también revelan una dimensión social y económica detrás de la violencia y la debilidad institucional.

La justicia que queremos va más allá del ámbito legal. Incluye también la reducción de la pobreza, la marginación y la desigualdad que padecen los estados del Sur del país.

Hoy existen dos Méxicos:

Uno. Inserto en la economía global, con crecientes índices de ingreso, desarrollo y bienestar.

Y por el otro lado, hay un México más pobre, con rezagos ancestrales que no han podido resolverse por generaciones.

La desigualdad regional cada vez es mayor en los estados de la frontera Norte y del Bajío, respecto a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mientras que en los primeros su Producto Interno Bruto per cápita creció 40 por ciento en los últimos 20 años, en los segundos prácticamente no aumentó.

Peor aún. Estas disparidades, lejos de reducirse, se están ampliando con el paso del tiempo. Como país, no podemos continuar por esa ruta de desigualdad y división, pensando que la única alternativa es la contención de la pobreza con medidas asistencialistas.

El Sur requiere de una estrategia de desarrollo integral inmediata y de gran alcance, que implicará la solidaridad de todo el país con el México más necesitado.

La paz, también, se construye con desarrollo, y corresponde a todos dar prioridad a la región que se está quedando atrás. La mayoría de los conflictos sociales y políticos más graves del país, tienen su origen, precisamente, en la falta de desarrollo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Para revertir esta situación, tan sólo en infraestructura, el Gobierno de la República está invirtiendo más de 195 mil millones de pesos en estas tres entidades del Sur.

Estas inversiones incluyen importantes autopistas, como la Intercostera, que va de Michoacán hasta Puerto Chiapas; la Oaxaca a Salina Cruz, o la modernización de la Tuxtla Gutiérrez-Comitán-La Trinitaria.

Igualmente, contempla infraestructura hospitalaria, como los hospitales generales de Coyuca de Catalán y Acapulco, en Guerrero; o el Hospital General del Seguro Social, en Tapachula, Chiapas.

El Programa Nacional de Infraestructura también incluye proyectos estratégicos, como los gasoductos del Corredor Transítsmico, el de Salina Cruz a Tapachula, o el de Lázaro Cárdenas a Acapulco, que permitirá introducir el gas natural, por primera vez, a esta región del país.

Sin embargo, las acciones en favor de estos tres estados del Sur no pueden limitarse a inversiones en infraestructura o en programas sociales. La gravedad del momento nos debe llevar a innovar y a proponer lo que nunca se ha intentado.

Es necesario crear nuevos polos de desarrollo industrial en esta región, para crear empleos formales y bien renumerados. Por ello, por primera vez en nuestra historia, propongo que se establezcan tres zonas económicas especiales en la región más atrasada del país.

Éstas serán: el Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Pacífico con el Golfo de México; la segunda, en Puerto Chiapas; y la tercera, en los municipios colindantes al Puerto de Lázaro Cárdenas, tanto de Michoacán, como de Guerrero.

Una zona económica especial, es un área en la que se ofrece un marco regulatorio e incentivos especiales para atraer a empresas y generar empleos de calidad.

Estas zonas especiales tendrán o deberán tener infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior, así como importantes descuentos en los impuestos y contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al INFONAVIT.

Aunque nunca se ha hecho en México, la experiencia internacional confirma que las zonas económicas especiales son eficaces para atraer inversión nacional y extranjera, contratar servicios locales y aumentar la competitividad de las empresas.

Para que las zonas económicas especiales sean un realidad en México, se requiere de la participación del sector privado y de un andamiaje legal especial.

Por ello, tomando en cuenta la opinión de los sectores privado y académico, en febrero del próximo año, enviaré la iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión.

Adicionalmente, reconociendo que el campo es una de las principales fuentes de empleo en el Sur del país, publicaré un decreto que le dará un trato fiscal diferenciado a los productores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

El Gobierno de la República hará un esfuerzo mayor para impulsar el establecimiento y crecimiento de empresas agroindustriales en estas tres entidades que, insisto, son las que presentan mayor rezago.

Junto con estas acciones, también se impulsará la formación de sus jóvenes. Y en este sentido, se apoyará a sus escuelas normales rurales, se establecerá un programa especial de becas y se promoverá la investigación científica, a través del CONACyT.

El desarrollo del Sur no puede seguir esperando más. En consecuencia, se tomarán acciones como las siguientes:

Un plan emergente de empleo temporal que beneficiará directamente a más 300 mil familias; 2 mil millones de pesos adicionales en créditos para las pequeñas y medianas empresas, a partir de garantías de la Banca de Desarrollo.

Programas emergentes de impulso al campo, con una inversión de 4 mil millones de pesos adicionales en crédito; un programa de renovación y repoblamiento de los cafetales; un programa inmediato de pavimentación para los próximos seis meses, con una inversión de mil 500 millones de pesos, así como un decreto de medidas de apoyo fiscal para Acapulco, debido a las condiciones sociales que ha enfrentado recientemente y que hacen urgente la reactivación de su economía.

Todas estas acciones tendrán un impacto positivo en el corto, mediano y largo plazos, generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

En esta ocasión, reitero que la próxima semana enviaré una iniciativa para desvincular el salario mínimo de diversos precios y tarifas de la economía.

Con esta medida se busca que el país pueda tener un debate serio y amplio sobre las medidas que permitan elevar el ingreso de los mexicanos.

Para asegurar el éxito de las medidas que hemos anunciado, en favor del Estado de Derecho y del desarrollo del Sur, estaré convocando a la sociedad civil para que a través de observatorios ciudadanos vigilen y evalúen el avance de cada una de ellas.

México, tiene una buena sociedad, una sociedad democrática, responsable, crítica y cada vez más participativa. Su acompañamiento y respaldo serán fundamentales frente a los nuevos retos que tenemos por delante.

Por ello, he dado indicaciones a las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, para que amplíen todavía más los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil.

El Gobierno de la República es un Gobierno abierto, dispuesto a escuchar y a tomar en cuenta la voz, la experiencia y las propuestas de la ciudadanía.

Sumando los esfuerzos de todos, México podrá construir un mejor futuro.

Señoras y señores:

Gracias a un amplio acuerdo político en favor de México, nuestro país logró concretar reformas transformadoras. Su completa y adecuada instrumentación es y seguirá siendo una prioridad para el Gobierno de la República.

Los lamentables hechos de Iguala han exhibido que México tiene rezagos y condiciones inaceptables por vencer.

Estos hechos de violencia nos exigen redoblar los esfuerzos para lograr la vigencia plena del Estado de Derecho.

Nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie.

El grito de: Todos somos Ayotzinapa, demuestra ese dolor colectivo.

El grito de: Todos somos Ayotzinapa, es ejemplo de que somos una Nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad.

El grito de: Todos somos Ayotzinapa, es un llamado a seguir transformando a México.

Como sociedad, debemos tener la capacidad de encauzar nuestro dolor e indignación hacia propósitos constructivos.

El camino de México debe ser el de la paz, la unidad y el desarrollo.

Tenemos que seguir avanzando juntos para superar la pobreza, la marginación y la desigualdad, que lastiman, especialmente al Sur del país.

Como Presidente de México, los convoco a avanzar por esa ruta y a que continuemos impulsando los cambios de fondo que requiere el país, para cerrarle el paso a la criminalidad, la corrupción y la impunidad.

Las medidas que hoy he anunciado, se suman a las reformas aprobadas y en su conjunto contribuirán a la transformación positiva de toda la Nación.

El camino hacia un mejor México no ha sido ni será fácil. Nos seguirá exigiendo esfuerzo y perseverancia. Seguirán existiendo obstáculos y resistencias, pero la fuerza y la voluntad de cambio de los mexicanos siempre podrán superarlos.

Los momentos difíciles ponen a prueba la fortaleza, entereza y grandeza de las naciones.

Frente a las circunstancias que nos han tocado vivir, demostremos, una vez más, la unidad, el carácter y la determinación de los mexicanos.

Muchas gracias.