Por Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Lamentablemente, la realidad le está dando la razón a los eurodiputados. Su pronóstico de que 2022 pintaba para ser el inicio de año más mortífero para los periodistas, se está cumpliendo.
La afirmación de que, en nuestro país, el periodismo es una de las profesiones más peligrosas, no es gratuita. Solo en lo que va de 2022, 11 periodistas han sido asesinados. Los más recientes, la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, el columnista del diario El Debate, Luis Enrique Ramírez Ramos, y hace tres días, en Cosoleacaque, Veracruz, la directora del portal de noticias El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi, y la camarógrafa del mismo portal, Sheila Johana García Olivera.
Con estos tres crímenes, suman ya 36 periodistas asesinados durante el gobierno de la 4T. Casi el doble de los ejecutados en el mismo período, en el gobierno de Enrique Peña Nieto (19) y 10 más que en el de Felipe Calderón (26), según registros de la organización Artículo 19. La elevada letalidad en el gremio periodístico de México, ha llamado la atención de varias organizaciones no gubernamentales internacionales (Artículo 19, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin fronteras, entre otras), así como del Parlamento Europeo, que es el “ramal legislativo de la Unión Europea (UE)”, integrado por 705 miembros (eurodiputados) que representan a todos los países de la UE.
El 10 de marzo pasado, el Parlamento Europeo emitió una resolución sobre la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México en el que condena las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en nuestro país y hace un llamado a las autoridades para que, “de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”, investigue los asesinatos y los delitos contra la libertad de expresión.
Los considerandos de la resolución, indicaban que la violencia, las violaciones de los derechos humanos y el ataque contra periodistas en México seguía “intensificándose”. Que nuestro país era, “desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas, fuera de una zona de guerra”. Que, según Reporteros sin Fronteras, México había sido, en 2021 por tercer año consecutivo, el país más peligroso para los periodistas, ocupando el lugar 143 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2021. Además de señalar que, 2022, marcaba como el comienzo de año más mortífero para los periodistas, “con al menos 6 periodistas asesinados”.
La resolución consignaba la preocupación del Parlamento por las duras y sistemáticas críticas “formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano” contra los periodistas y su labor, además de condenar los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación e instando a las autoridades mexicanas a defender y salvaguardar las normas en materia de protección de la libertad de expresión.
El documento del Parlamento molestó, y mucho. De inmediato fue descalificado y dio paso a una ríspida respuesta desde Palacio Nacional, en la que se hizo a un lado el tono diplomático. Se tachó de borregos a los diputados europeos por sumarse a “una estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la 4T”, asentando que México no era tierra de conquista. Que en nuestro país “se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”.
Lamentablemente, la realidad le está dando la razón a los eurodiputados y sus datos. Si en los primeros dos meses de este año habían perdido la vida seis periodistas de manera violenta, qué decir, dos meses después, cuando la cifra de asesinatos casi se ha duplicado (11). Su pronóstico de que el 2022 pintaba para ser el inicio de año más mortífero, se está cumpliendo.
En materia de seguridad y combate al crimen organizado, la 4T nos queda a deber. En el Índice Global de Crimen 2021, publicado por el organismo no gubernamental, con sede en Suiza, Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que mide los niveles de crimen en los 193 países miembros de la ONU, México aparece en primer lugar en el rubro “mercados criminales” (tráfico de armas, trasiego de drogas, trata y tráfico de personas y delitos contra la flora, fauna y recursos no renovables) y cuarto, entre los países más vulnerables a la delincuencia organizada, por debajo del Congo, Colombia y Myanmar.
La información de este estudio es verdaderamente preocupante en lo que toca a nuestro país. En su reporte señala que “la corrupción, la ineficiencia, la falta de investigación de casos en México, debilitan las estructuras para perseguir al crimen organizado”.
El tema es que, mientras se sigue matando a periodistas, la respuesta oficial es la misma: se hará justicia, la investigación se llevará hasta sus últimas consecuencias, el crimen no quedará impune. La realidad es que son contados los casos en que las investigaciones son exitosas. El propio subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció, durante la firma de un convenio con el gobierno de Chihuahua, el 27 de enero pasado, que, de los periodistas ejecutados a lo largo del sexenio de la 4T, solo en 5 casos se había dictado sentencia, por lo que “hay más del 90 por ciento de impunidad.”
Qué se puede agregar a esto.
