La Suprema Corte de Justicia pasará sin reservas la Ley de Seguridad Interior

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Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarán sin reservas la Ley de Seguridad Interior expedida por el Ejecutivo, ya que sus objetivos supremos son: “salvaguardar la permanencia y continuidad del Estado Mexicano,  sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Orden Constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional, respetando los Derechos Humanos, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y  los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional”.

Para los juristas y magistrados de la Nación será muy difícil oponerse con racionalidad a esta Ley de Seguridad Interior, que se había hecho necesaria no de ahora, sino por lo menos desde hace dos décadas, para poner orden sobre todo en Estados y municipios que se habían mostrado muy débiles para combatir al crimen organizado.

En los tiempos del Presidente Felipe Calderón se plantearon las bases de esta ley, al observar las autoridades judiciales que la condición de puente de paso desde Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, había creado en México nuevos y graves problemas de seguridad pública, tanto por la entrada de bandas criminales muy bien organizadas como por el creciente tráfico de drogas y de personas.

Tanto fue así que el entonces Presidente de México, Felipe Calderón, acordó en Mérida un Plan con el entonces Presidente de Estados Unidos George W. Bush, en materia de seguridad pública, que preservara los intereses tanto de México como de aquel país, mediante una colaboración binacional.

El Presidente Felipe Calderón intentó en aquel entonces iniciar una Ley de Seguridad Interior que no pudo cuajar, debido a intereses muy encontrados y de muy diversas ideologías.

Hoy, que el Presidente Enrique Peña Nieto logró la aprobación por el Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, de esa nueva Ley de Seguridad Interior, se levantó una polvareda de opiniones también provenientes de intereses e ideologías muy diversas, exigiendo su derogación y anunciando controversia constitucional ante la Corte por esa legislación.

Sin embargo, hasta la primera semana de enero de este 2018 no había llegado ningún escrito de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Serán muy difíciles los alegatos que en contra de esta nueva norma se puedan esgrimir con validez, ya que se trata de una ley en favor de la preservación del Estado de Derecho y la seguridad interior del país, en momentos muy difíciles tanto en lo interior como en lo externo.

Los mismos que hace unos meses y también algunos años hablaban de que “la nación mexicana se había convertido en un estado fallido”, con todo lo que eso quiere decir, ahora exigen la derogación de esta Ley de Seguridad Interior que precisamente está destinada a fortalecer la cohesión de la nación mexicana mediante la vigencia del Estado de Derecho, la libertad, la democracia y la libre expresión.

No hay a la vista ni militarización alguna ni las paparruchas de “golpe de estado”, que solo existen en la mente calenturienta de politólogos fracasados y despechados porque se dan cuenta que México sigue avanzando a pesar de todo y contra todo.

La Ley de Seguridad Interior garantiza la permanencia y continuidad del Estado Mexicano

y sus instituciones, el Estado de Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos.

 

Por el Lic. Mauro Jiménez Lazcano, Director General de la Revista Macroeconomía.

 




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