¿De dónde sacará recursos CDMX para garantizar los nuevos derechos de la Constitución?

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Con una cerrada votación de 48 votos en contra y 36 a favor, las fracciones parlamentarias del PRD, MORENA y los designados por Miguel Ángel Mancera, rechazaron una propuesta para que el gobierno de la Ciudad de México presente un “estudio de impacto presupuestal” en el que se determine de dónde sacará recursos para garantizar los derechos que plantea la nueva Constitución como el de la llamada Renta Básica que se pretende ofrecer a todos los capitalinos.

De manera tajante, los perredistas encabezados por Jesús Ortega, rechazaron incluso informar el destino de los recursos que se obtienen vía fideicomisos y servicios públicos de los que obtiene recursos actualmente el gobierno de la ciudad, lo que, desde el punto de vista del PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro Social, podría prestarse a manejos “clientelares” y de manipulación de la pobreza de la gente.

El Diputado Constituyente de Acción Nacional, Gonzalo Altamirano Dimas presentó la propuesta para que la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente solicitara al Jefe de Gobierno un estudio del impacto presupuestal del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México, con la finalidad de conocer la factibilidad presupuestal de los derechos plasmados en el proyecto presentado el pasado 15 de septiembre.

Altamirano Dimas destacó ante el Pleno que toda iniciativa debe tener un soporte presupuestal, pero en estos momentos se desconoce si las finanzas públicas de la ciudad serán capaces de soportar derechos como el préstamo para la economía social y cooperativa, así como la constitución de fondos para proyectos destinados al equilibrio territorial.

Señaló además que no se sabe si se contará con recursos suficientes para una banca pública de desarrollo y de proyectos, para un fondo de pensiones y prestaciones para personas trabajadoras no asalariadas, y el de renta básica, así como para la creación de diversas dependencias e instituciones.

Explicó que el gasto en Desarrollo Social de la capital implicó 78 mil 73 millones de pesos y el gasto en dependencias y órganos desconcentrados 78 mil 841 millones de pesos para el ejercicio del año 2016, lo que significa que está comprometida una gran cantidad de recursos que difícilmente podrán ser redirigidos.

Sin embargo, la propuesta provocó una reacción airada de los perredistas, encabezados por Jesús Ortega y secundados por Armando Ríos Piter, quienes a su vez argumentaron que con esta petición, el PAN pretende hacer nugatorio un derecho de los ciudadanos a recibir una remuneración mínima, aunque no precisaron de dónde se obtendrá ésta.

Santiago Creel Miranda, Coordinador del GPPAN en la Asamblea Constituyente, dijo que los Diputados de este instituto político no son los que están condicionando los derechos a los recursos, sino el propio Proyecto de Constitución local, ya que implican una erogación presupuestal. De acuerdo con el artículo 19, inciso a, fracción 3 del proyecto de Constitución mismo establece que las autoridades de la ciudad establecerán un sistema de indicadores de los derechos, que permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de su cumplimiento progresivo.

“Vamos a legislar sobre hacienda pública, vamos a legislar sobre fideicomisos, vamos a legislar sobre programas de gobierno y yo recuerdo que todo aquello que sea egreso de esta ciudad tiene que estar aprobado previamente por el presupuesto y así lo establece la Constitución, entonces es menester que conozcamos las finanzas de la ciudad”, exhortó.

Al respecto, Mauricio Tabe Echartea, Diputado Constituyente y presidente del PAN en la CDMX, advirtió la importancia de evitar un documento de buenas intenciones imposibles de cumplir calculando el impacto presupuestal de la propuesta.

Aseguró se debe analizar, cuánto costará crear nuevas instituciones y cuidar que no se aumente desproporcionadamente la burocracia, además de que los programas que se plantean sean viables financieramente. Afirmó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad debe explicar si aumentará impuestos o realizará recortes presupuestales en diferentes áreas.

En tanto, el Diputado Constituyente Carlos Gelista González explicó que el artículo 5, fracción 10 del Reglamento Interno de la Asamblea Constituyente establece que los legisladores pueden presentar puntos de acuerdo y solicitudes de información a entes públicos.

Cabe señalar, que el artículo 24, fracción 3, indica que la Mesa Directiva de este órgano legislativo puede solicitar información técnica al gobierno de la Ciudad de México, a fin de atender y desahogar asuntos que le son turnados.

Finalmente, la Asamblea Constituyente aprobó turnar esta petición al jefe de gobierno, pero no obligarlo a que envíe dicho estudio presupuestal, con 42 votos en contra y sólo 36 a favor, con lo que se negó la oportunidad de contar con la información técnica necesaria para dictaminar las iniciativas en este órgano legislativo.

De manera errónea, Bertha Lujambio consideró el resultado de la votación y el rechazo de la propuesta como un triunfo de la izquierda pese a saber que, de haber sido parte de la votación formal del articulado de la Constitución para la Ciudad de México no habría pasado porque se necesitan las dos terceras partes No habría salido adelante.




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