La Elección es válida y el Presidente Electo de México es Enrique Peña Nieto: TEPJF

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó, por unanimidad, el dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial, declaración de validez del proceso electoral y de Presidente Electo para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, en favor del candidato que fue postulado por la coalición Compromiso por México (PRI, PVEM), Enrique Peña Nieto.

En sesión pública, el Pleno avaló la propuesta de dictamen de la Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Calificación Jurisdiccional de la Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, integrada por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, en el cual se establece que el proceso electoral federal se ajustó a los principios constitucionales en materia electoral, y por consecuencia, debe calificarse como válido.

El dictamen está integrado por los tres rubros, que de acuerdo con la Constitución General, deben ser analizados y valorados por la Sala Superior antes del cierre del Proceso Electoral Federal:

CÓMPUTO FINAL

Se precisa que el candidato de la coalición Compromiso por México obtuvo el mayor número de votos en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cómputo final siguiente:

Para determinar el cómputo final de la elección, se tomaron en cuenta los resultados definitivos de los cómputos distritales de los 300 distritos electorales que hizo públicos el Instituto Federal Electoral (IFE) el 8 de julio, así como lo resuelto por la Sala Superior en los respectivos juicios de inconformidad promovidos tanto por la coalición Movimiento Progresista contra diversos cómputos distritales, lo que tuvo como consecuencia la anulación de votación recibida en casillas, y los ajustes derivados del recuento de votación ordenada por el TEPJF.

Validez de la elección

En el proyecto se hace patente que se cumplieron a cabalidad las etapas del proceso electoral y se realizaron los actos de cada una de ellas en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mientras que las irregularidades denunciadas fueron analizadas y resueltas por la autoridad administrativa electoral y, en su caso, por este Tribunal Electoral.

En consecuencia, se consideró que en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 prevalecieron los principios y valores constitucionales en materia electoral como son los derechos fundamentales y ser votado, el de acceso de los ciudadanos en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, el de elecciones libres, auténticas y periódicas; de sufragio universal, libre, secreto y directo, de maximización de la libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones.

Declaración de Presidente Electo

El dictamen da cuenta del análisis de la documentación presentada por Enrique Peña Nieto al momento de registrar su candidatura. Tras la revisión del expediente se determinó que satisface los requisitos establecidos en el artículo 82 de la Constitución Federal, por lo cual no existe impedimento legal para declararlo Presidente Electo.

Asimismo, en el proyecto se estima que existen elementos suficientes en el expediente, así como hechos notorios con base en los cuales se tiene por acreditado que residió en el país todo el año anterior a la fecha de la elección.

Posicionamientos, magistrados

El magistrado Flavio Galván Rivera, integrante de la Comisión Calificadora, dijo que el proyecto de calificación se presentó al Pleno luego de que la Sala Superior dictó sentencia en 378 juicios de inconformidad de los cuales 12 fueron presentados por ciudadanos, uno por el Partido Acción Nacional y 365 por la coalición Movimiento Progresista. El último de ellos, identificado con el número de expediente SUP-JIN-359/2012, se resolvió ayer.

Subrayó no tener la menor duda de que el 1 de julio de 2012, más de 50 millones de ciudadanos acudieron a las urnas en forma espontánea, por su propia voluntad, sin sometimiento alguno a ejercer su derecho fundamental y a cumplir su deber constitucional de votar en elecciones populares por el candidato de su preferencia, a fin de elegir al próximo presidente de México. “De todo lo actuado, arribo a la conclusión personal e institucional que la elección que ahora se califica fue un procedimiento electoral libre, auténtico y equitativo en términos de la Constitución, de la Ley, de la jurisprudencia y de los principios generales de Derecho”, afirmó.

En su intervención, el magistrado Manuel González Oropeza comentó que a más de 200 años de celebrarse elecciones constitucionales en México, nuestro país ha logrado un desarrollo de instituciones y normas que, lejos de la perfección, son, sin embargo, ejemplos para otros sistemas. Apuntó que las acusaciones antes, durante y después de los comicios son sintomáticas de la pluralidad y la democracia, así como la plena libertad para la expresión de opiniones durante el debate político de las campañas.

Al destacar la participación ciudadana en los pasados comicios, tanto en las urnas, como en las 143 mil 310 casillas instaladas, en donde intervinieron como funcionarios de las mesas receptoras del voto, afirmó que “no hay, no puede haber, detrás de este poder de ciudadanos que cuidan la elección posibilidades de manipulación del voto popular. La elección del 1 de julio de 2012 fue auténtica y democrática, porque fue competitiva, ya que los tres primeros lugares recibieron votaciones que parcelan a la sociedad en porciones sustanciales”.

Por su parte, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, consideró que procede declarar la validez de la elección al no haberse acreditado violaciones que hubieran trascendido a su resultado. Manifestó que en los comicios los ciudadanos ejercieron su sufragio con libertad y sin coacción alguna y prevalecieron los principios de equidad, legalidad, certeza e imparcialidad.

“Por lo que en mi concepto, y coincidiendo con el proyecto que se presenta a nuestra consideración, es válida la elección presidencial y, en consecuencia, es procedente declarar a Enrique Peña Nieto Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018”, dijo el magistrado, quien finalmente dejó constancia de que su compromiso es con la República y con la democracia. “Que mi actuación jurisdiccional no tiene colores, que mis colores son los de la Constitución y la ley”.

El magistrado Salvador Nava Gomar expresó que la democracia es un bien público nutrido por los comportamientos de todos los integrantes de la comunidad, acontece en el concurso de las acciones ciudadanas y de las autoridades públicas que integran un proceso electoral reglado que ha culminado sin interrupciones violentas. “Puede haber disensos, es normal en una democracia, pero también hay que reconocer que se han planteado aquí con la forma y el fondo que nuestra Constitución reclama y a través de ese canal es que se han resuelto”.

Agregó que en México, la profundización democrática de las últimas tres décadas nos ha costado una inversión en energía pública, política, humana, económica y cultural sin precedente y sin comparación internacional. “Los lineamientos a la regla del juego democrático que han generado los actores políticos mediante sus consensos parlamentarios, son los que hemos puesto aquí para activar una constitución normativa que garantiza la vida democrática mexicana”, puntualizó.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, señaló que la calificación estrictamente jurisdiccional permite que el examen integral sobre la constitucionalidad y legalidad de la elección se realice desde la óptica del derecho y la razón y no, como se hacía antes, desde la política. Lo que constituye un requisito necesario para el Estado constitucional de derecho.

La magistrada puntualizó que declarar la validez de una elección agrupa el examen integral de la totalidad de actividades realizadas por distintos actores en los términos del marco normativo en vigor, incluyendo a la Constitución y la jurisprudencia, todos concatenados jurídicamente para arrojar como resultado final, la conformación de la representación nacional conforme a la voluntad ciudadana.

Apuntó que este proceso electoral ha ido construyendo su propia legitimidad de momento a momento, con la firmeza que el principio de definitividad otorga, sucesiva y progresivamente, a cada acto. Y en ello, la capacidad reglamentaria del Instituto Federal Electoral, aunada a la resolución jurisdiccional de controversias por parte del Tribunal Electoral han logrado dotar de certeza a la competencia política y al ejercicio de los derechos político–electorales.

La magistrada Alanis reconoció que no ha sido un proceso electoral exento de problemas, pero han podido resolverse adecuadamente. El Constituyente permanente y el Legislador ordinario tienen ahora insumos para, en su caso, iniciar un nuevo proceso de fortalecimiento de las instituciones y procedimientos democráticos.

Al referirse a la construcción, momento a momento, de la constitucionalidad del proceso electoral, la Magistrada destacó diez aspectos del proceso que concluye. Entre ellos, la certeza que imprimieron al juego electoral las normas y acuerdos adoptados con toda oportunidad, inclusive meses antes del inicio del proceso, mismos que fueron aprovechados por la autoridad administrativa para generar un caudal de acuerdos que permitieron que todos los actores conocieran las reglas con antelación.

También recordó que el Tribunal fue un actor clave para completar la conformación del Consejo General del IFE, pues participó en ese importante requisito para el funcionamiento de la democracia, vinculando a la Cámara de Diputados a elegir a los tres consejeros que hacían falta. Destacó por otra parte la participación de 50 millones de votantes, una de las cifras mayores del mundo, de mexicanos pronunciándose a favor de los procesos democráticos y la pluralidad.
Con este proceso, además, México logró cumplir una de las Metas del Milenio adoptadas por las Naciones Unidas al tener más de 30% de mujeres en los órganos de representación política. Señaló que nunca en la historia del país tantos medios de comunicación dedicaron tanto tiempo a coberturas equitativas y a la transmisión de debates presidenciales: 44,159,520 spots transmitidos desde el 18 de diciembre, todo lo cual ocurrió en un clima de evidente pluralidad y libertad.

Además destacó la eficacia del proceso electoral para dar como válidos sólo aquellos votos sobre los que se tiene certeza plena de su legalidad. Y por último reconoció la responsabilidad de los actores políticos al acatar el 100% de los 65,181 fallos del Tribunal, no obstante que, en todos había ganadores y perdedores, lo que ilustra el compromiso con las instituciones y con el Estado de Derecho.

Celebró que el Tribunal haya asumido la responsabilidad de preservar el ejercicio de la libertad de expresión.

Al concluir, consideró que los mexicanos debemos sentirnos satisfechos de haber llegado a este punto sin violencia. Hasta hace poco, el contexto de inseguridad que aqueja al país cubría con un manto de duda sobre la posibilidad de ocurrencia de las elecciones. Afortunadamente, gracias a la responsabilidad institucional y a la participación entusiasta de millones de mexicanos, celebramos nuevamente una jornada electoral profundamente ciudadana y, como ha sido la tradición democrática: pacífica, dijo.

El magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, manifestó que la consolidación de la democracia es una empresa ardua, ciertamente, pero las y los mexicanos reconocemos que no es por medio de la fuerza, sino a través de los cauces institucionales que pueden alcanzarse los frutos maduros de una convivencia ordenada.

Afirmó que la sociedad mexicana debe estar segura de que la calificación de la elección presidencial fue celebrada en estricto apego a derecho y de que fueron escuchados y analizados de manera exhaustiva y responsable todos los argumentos y pruebas presentadas, además de que se atendió a cada uno de los interesados y sus pretensiones en la medida de sus razones.

El magistrado Luna Ramos dijo que una vez que se ha calificado la elección corresponde al ganador de los comicios no perder de vista que asumirá el mandato de gobernar para todos. Llamó a la oposición a dimensionar el importante papal de conciencia crítica que representarán al someter al nuevo gobierno a escrutinio continuo.

Con el dictamen aprobado hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 99, fracción II de la Carta Magna y se declara concluido el proceso electoral ordinario 2011-2012, en términos del artículo 210 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).




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