Estrategia de política Exterior para prevenir los crímenes de odio contra mexicanos

236

El clima antiinmigrante en Estados Unidos es una de las causas principales de la proliferación de casos de crímenes de odio. El impacto de la crisis económica que hoy agobia a esa nación exacerba los ánimos de rechazo y ataques de grupos extremistas contra migrantes extranjeros. Aunque las leyes de carácter público sancionan penalmente estas conductas no son suficientes para detener el ascenso de estas tendencias. Los crímenes como las amenazas, el acoso o daño físico, los actos racistas motivados por prejuicios contra orígenes étnicos, religiosos, de nacionalidad y de orientación sexual o discapacidad física o mental;  continúan siendo variables de alta preocupación para las autoridades consulares mexicanas. De ahí la importancia de emprender una estrategia integral para proteger a los connacionales contra estas tendencias.

La estrategia integral debe comprender acciones de tres tipos: consulares,  a través de la red de protección de nuestros consulados en Estados Unidos; de coalición social, por medio del  trabajo operativo en asociación con las organizaciones hispano-mexicanas; y, de carácter político a través de la Embajada de México en Washington, DC.

Para poner en operación la protección consular se tiene que tener conocimiento de los delitos de crímenes de odio que se perpetran contra grupos vulnerables. Para ello, se requiere un monitoreo constante en busca de aquellos casos que se comentan contra cualquier minoría ya sea hispana, asiática o mexicana. Este tipo de información puede ser fundamental como parte operativa para conocer la manera en que estos casos se resolvieron o se previnieron. Resulta  de particular importancia conocer los lugares donde los grupos xenófobos normalmente actúan, cuáles son las agrupaciones de derechos civiles que les enfrentan, qué autoridades intervienen y qué leyes se aplican.

También es fundamental cultivar una relación de contacto directo con los departamentos de policía; con las principales organizaciones de derechos civiles; con los medios de comunicación;  y, con las comunidades mexicanas en el exterior.

A la par de este proceso de contacto directo con segmentos locales. Establecer relaciones de cercanía con las oficinas especializadas de derechos civiles del Buró de Investigaciones Federales (FBI) y construir alianzas estratégicas de colaboración.

Como parte de la protección preventiva, ser actor activo en el debate de aquellas tendencias antiinmigrantes que surjan, ya que a largo plazo generan reacciones cada vez más agresivas contra las comunidades hispanas. La propaganda antiinmigrante es la causa directa de las agresiones contra las comunidades mexicanas. Los ataques se sustentan en una serie de acusaciones falsas y difamatorias. Cuando un cónsul sabe de estas manifestaciones debe de inmediato proceder con un plan de difusión y de alerta para detener estas tendencias. Esta sería una manera de prevenir situaciones que eventualmente se salieran de control. Compilaciones estadísticas indican que los crímenes de odio están en aumento, en lugares distintos a  California, Texas e Illinois. Tales casos se originan a partir de sentimientos antiinmigrantes como los que se han suscitado en Arizona, Tennessee, Colorado, Utah y Nevada. La proliferación de este tipo de casos, exige a la Secretaría de Relaciones Exteriores poner cada vez más atención en el perfil de los cónsules que se adscriben a esas localidades. Deben ser cónsules conocedores de leyes, de prácticas de cabildeo, capaces de usar los medios de comunicación electrónicos e impresos, con el carisma suficiente para tender los lazos de cercanía con las comunidades mexicanas.

Casualmente la violencia contra los latinos está en directa proporción a su situación de vulnerabilidad debido a su carácter de  indocumentados. El estado de derecho les niega la protección que todo ciudadano común tiene en los Estados Unidos, por el simple hecho que cuando las autoridades policíacas, en la mayoría de las veces, se enteran de estos casos, cuestionan al agredido primeramente sobre su situación migratoria, y quienes sufren las agresiones, por temor a ser expulsados no denuncian las vejaciones de las que son objeto.

La estrategia integral conlleva un carácter proactivo, impulsando una política pública que implique generar acciones de prevención contra la diseminación del clima antiinmigrante. Ello incluye mantener la alerta ante la más mínima expresión del sentimiento racista para  procurar una inmediata reacción consular y política por parte del cónsul mexicano. Estas políticas públicas deben ser tácticas y estratégicas para que puedan funcionar plenamente. Tácticas porque es necesario aplicarlas en el corto y mediano plazos; y, estratégicas porque debe haber un marco conceptual amplio e integral que especifique con claridad el objetivo que se persigue. Es decir, la disminución del clima antiinmigrante y su eje racista en Estados Unidos.

Valga decir que la táctica debe ser estructurada a través de las capacidades operativas de protección dentro de la red consular, conjuntamente con las actividades que realizan los líderes de las comunidades mexicanas y las oficinas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) que operan y funcionan dentro de nuestros consulados. Además, y de crucial importancia, la acción política, que es uno de los ejes fundamentales del proceso de protección a favor de nuestras comunidades. Es precisamente en este rubro donde destaca la operatividad de la Embajada de México en Washington, DC. El titular, por su posición diplomática, tiene amplia capacidad para relacionarse directamente con las agencias del ejecutivo federal estadounidense e insertar en la agenda de carácter bilateral el tema de la cooperación en materia de lucha contra los crímenes de odio. Una política de cooperación bilateral de este nivel ampliaría y coadyuvaría favorablemente con las acciones que lleva a cabo el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones en las acciones judiciales contra los crímenes de odio.

La protección proactiva como tarea de los cónsules en materia de crímenes de odio implica una mayor colaboración con los grupos pro inmigrantes tales como: ”We Are America Alliance”, “ Border Angels”, “American Immigration Lawyers Association”, “New American Opportunity Campaign”, MALDEF, etc. La puesta en práctica de esta coordinación, entre los titulares de las oficinas consulares con las asociaciones de la defensa civil de nuestras comunidades, requerirá  de un puntual e irrestricto monitoreo por parte  de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, a través de la oficina correspondiente.

Para obligar a los titulares de las oficinas consulares que hagan estas relaciones con las asociaciones de la defensa civil de nuestras comunidades, será indispensable que la Dirección General de Protección a través de la Dirección de Políticas de Protección supervise que estas labores efectivamente se lleven a cabo.

En cuanto al plano político, se contempla establecer estrategias de políticas integrales organizadas por la Embajada de México, cuya estructura parta de las tres C´s: comunicación, coordinación y colaboración entre la representación diplomática y las oficinas consulares. Esta operatividad se puede instrumentar a través de teleconferencias usando el portal Blackboard Collaborate. Se trataría de una especie de reuniones de coordinación a través de esta plataforma virtual donde semanalmente se compartiría información entre todas las oficinas sobre aquellos acontecimientos o lugares donde se tenga que poner mayor atención debido a que allí se están escenificando tendencias antiinmigrantes y potenciales crímenes de odio.

Hemos observado que cuando un estado aprueba medidas anti-inmigrantes hay reacciones racistas contra los hispanos. Es por ello imperativo realizar mayor trabajo político de comunicación. Una comunicación fluida y dinámica genera una mejor coordinación de procedimientos. La comunicación y la coordinación conllevan impulsar una colaboración con  instancias afines que por su propia dinámica coadyuven a aminorar estas tendencias antiinmigrantes y de crímenes de odio.

Por último y esto a nivel de conceptualización de cómo los cónsules deberían de trabajar en sus localidades. Valdría la pena que atendieran sus relaciones de acercamiento con los Alcaldes y demás autoridades  a fin de mantener y mejorar los canales de comunicación para coadyuvar en actividades que busquen fortalecer la confianza ciudadana con sus autoridades. No olvidemos que las leyes antiinmigrantes vulneran los derechos civiles de los hispanos. Cuando las policías locales se convierten en agentes de migración su trabajo de protección a la ciudadana se contamina porque presentan una dualidad entre prevención del delito y aplicación de la ley, en la mayoría de los casos privilegian su función de colaboración con la patrulla fronteriza y con el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés).

Esta situación implica que en lugar que se prevengan los crímenes de odio, se exacerban estas tendencias ya que inmigrantes hispanos tienen temor  de denunciar  las agresiones, debido a que si denuncian pueden ser detenidos por la autoridad que hipotéticamente les debiera proteger. Por ello, resulta necesaria  una mayor colaboración con las autoridades policiacas a nivel local para que prioricen la responsabilidad que estriba en la protección de los habitantes. A este cuerpo policial cabría concientizarlo del hecho que nuestros nacionales no sólo tienen los derechos civiles que les consagran las leyes locales sino también la protección de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 en su artículo 36, numeral 1.b. relativo a la notificación consular.

Es fundamental que los cónsules mexicanos difundan ampliamente a través de los medios de comunicación toda la conceptualización jurídica de la notificación consular. El objetivo es sensibilizar a las comunidades de mexicanos en el exterior sobre sus derechos y, en cierto sentido,  advertir a las autoridades de procuración de justicia de Estados Unidos que cualquier detención de un migrante mexicanos implica primeramente notificar al cónsul. Un presunto culpable debe ser informado sobre sus derechos constitucionales y su derecho a la notificación consular, de lo contrario se violenta el debido proceso.  A partir de esta notificación la asistencia consular está presente durante todo el proceso judicial que se le siga.

Por la Dra. Audrey Rivera*

*La Dra. Audrey Rivera, fue Cónsul Adscrita de la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, DC.




Agregar un comentario