“Hacia un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo”: Jorge Tamayo

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Por Jorge Tamayo1

En las últimas décadas, en el mundo, y México no es la excepción, la desigualdad en la distribución de la renta ha aumentado sensiblemente no sólo en los países atrasados sino aún en los países avanzados.

La globalización lejos de contribuir a distribuir mejor la riqueza la ha agudizado no sólo entre los países del orbe, sino dentro de ellos mismos.  En Estados Unidos, durante el periodo 1983-2000, se aprecia un aumento significativo en la participación de los ricos en la distribución de la renta y la riqueza y una disminución de la misma y mayor endeudamiento en la población creciente de bajos ingresos; la crisis financiera de los últimos años ha venido a agudizar esta polarización entre pobres y ricos y una disminución de las clases medias.

La desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso ya existía en el mundo prehispánico.  Se agravó durante los trescientos años de subordinación a España.  Y ha persistido a lo largo de los años de vida independiente del país, a pesar de los afanes de justicia social que el movimiento por la independencia, el liberalismo compendiado en la Constitución de 1857, la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917”.1

El economista español Emilio Ontiveros en un reciente artículo titulado La desigualdad no es rentable expresa que “la excesiva desigualdad en la distribución de las rentas no favorece la sostenibilidad del crecimiento económico; no es rentable para el conjunto de la sociedad”.2

Si bien la desigualdad ha sido una constante en la historia de nuestro país, nacida de una explotación colonial de tres siglos, también es cierto que durante los dos siglos de vida independiente se ha logrado reducirla particularmente durante el periodo 1935-1980 en donde se hicieron cambios estructurales producto de una política económica y social que promovió el desarrollo económico, aumentó sostenidamente el ingreso percápita y disminuyó la desigualdad.

Así, nuestro país que durante el periodo 1935-1980 alcanzó tasas de crecimiento anuales de 6.5% ha dejado de crecer a esos ritmos en las últimas tres décadas, particularmente la primera del siglo XXI, acentuando la desigualdad que a su ves es causa y efecto de un bajo crecimiento económico.

Sin embargo, en los últimos años la desigualdad ha vuelto a cobrar niveles elevados que limitan el desarrollo del país, pues no sólo es éticamente inaceptable sino económicamente inadmisible al limitar la expansión del mercado interno, polarizando a la población y creando desconfianza en la toma de decisiones económicas.

La vecindad con los Estados Unidos, el mercado mas grande del mundo, ha sido una ventaja a partir del Tratado de Libre Comercio e Inversión con Estados Unidos y Canadá, particularmente en la exportación de manufacturas lo que se ha evidenciado con una balanza comercial favorable con Estados Unidos en los últimos años.

Es cierto que debemos hacer esfuerzos para diversificar nuestras exportaciones, para no depender de un solo mercado, aunque este sea el más grande del orbe, sin embargo la geografía es un aliado que no podemos ni debemos ignorar.  El Tratado de Libre Comercio e Inversión desde un principio previo que el mismo debía ser un atractivo para la inversión extranjera que pretendiera acceder al mercado de Estados Unidos, obviamente bajo reglas de contenido nacional para que esto fuera posible.

No obstante que México se ha convertido en un país importante exportador de manufacturas, un mercado interno de 110 millones de consumidores debe ser un atractivo tanto para inversionistas nacionales como extranjeros,

No parece fácil reducir la dependencia de México con la economía de Estados Unidos y si bien la diversificación de las exportaciones es una vía que vale intentar, nada ayudaría a disminuir dicha dependencia como el fortalecimiento del mercado interno; de ahí que no sólo ética sino económicamente la lucha contra la desigualdad permitiría incorporar a millones de mexicanos a un mercado interno que haría a nuestro país menos vulnerable al choque externo y más justo en el ámbito interno.  Por esto se requiere promover y estimular la inversión de los particulares, restablecer las cadenas productivas, incrementar los salarios reales, de la mano del aumento de la productividad, un mayor y mejor gasto público tanto federal como estatal, debidamente fortalecido por la transparencia y la rendición de cuentas como una cultura y no sólo como una obligación administrativa que en todo caso deberá ser vigilada por los órganos de fiscalización tanto federales como estatales, para en su caso aplicar las sanciones que correspondan.

La experiencia histórica demuestra que no hay país alguno que haya logrado el desarrollo sin contar con un mercado interno suficientemente sólido y un estado fuerte económicamente capaz de redistribuir la riqueza a través de una política fiscal que financie la infraestructura económica y social que eleve la competitividad y la generación de empleos.

El objetivo central de toda política económica debe ser el desarrollo económico, entendido como un medio, y no un fin, para lograr el crecimiento del Producto Interno Bruto y su justa distribución, que se traduzca en el acceso de la población de menores ingresos a la educación, a la salud y el consumo de los niveles alimenticios básicos, al mismo tiempo que permita una tasa de inversión suficiente para garantizar un desarrollo autosostenido.

Si bien es cierto que la estabilidad económica es necesaria para lograr un desarrollo autosostenido en el largo plazo,  no es menos cierto que los rezagos históricos en nuestro país obligan a una política fiscal expansiva con márgenes razonables de endeudamiento público.

Para esto se requiere contar con un estado económicamente fuerte que dirija el rumbo, impulse el desarrollo y logre la equidad socio económica, para lo cual es impostergable una Reforma Hacendaria que abarque el ingreso, el gasto, el endeudamiento público y la transparencia y rendición de cuentas de los tres niveles de gobierno.

México tiene una de las cargas fiscales más bajas a nivel internacional, comparable con los países con un grado de desarrollo  menor, como es el caso de Haití y Guatemala.

La carga fiscal de México promedia entre 10.5 y  11%, cifra que contrasta con países de desarrollo similar como Brasil, Chile, Argentina, Venezuela cuyas tasas son mayores, que promedian niveles  entre 20 y 22 %.

La carga fiscal de México resulta insuficiente para financiar el nivel de gasto requerido, lo que se ha complementado en las tres últimas décadas, principalmente con ingresos petroleros.

En los años recientes los yacimientos petroleros han descendido sensiblemente,  en paralelo a un crecimiento de las necesidades de un mayor gasto y de una población que ha crecido en 40% en los últimos 30 años; hoy se ubica en el orden de los 112 millones de habitantes cuando en 1980 se totalizaban 80 millones.

Cuando se conocen y se analizan los diagnósticos y propuestas de los diferentes partidos políticos, se encuentra una gran coincidencia en el señalamiento de las necesidades sociales y los objetivos de las diferentes políticas; sin embargo se omite el hecho que los recursos públicos son limitados y escasos, lo que conduce en la práctica al incumplimiento de los programas de los gobiernos, por no tener una base sustentable de financiamiento.

La necesidad de aumentar la disponibilidad de ingresos públicos resulta impostergable, bajo la premisa de que su origen sea estable y menos volátil que los ingresos petroleros.

El camino es el fiscal, aumentar la recaudación tributaria acompañándola  de otras medidas que impacten y modernicen el sistema hacendario, es decir, proceder a una Reforma en materia hacendaria., “La madre de todas las reformas”, que aspire, por lo menos a recaudar el promedio que tienen los países de América Latina que es de 19% del PIB.

Independientemente de que poder legislativo apruebe una Reforma Hacendaria que debe ser discutida y consensuada con los diferentes sectores de la economía nacional, es indispensable que los Poderes de la Unión tanto federales como estatales demuestren una voluntad política de fortalecer las finanzas públicas mediante las siguientes acciones inmediatas.

Reducir drásticamente el gasto corriente dispendioso.

Simplificar el pago de impuestos.

Reducir la evasión fiscal que se estima en el equivalente a tres puntos como proporción del PIB.

Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los tres poderes tanto federal como estatal y municipal.

Como ya se mencionó, la Reforma Hacendaria, debe ser el producto de una amplia consulta a fin de que la misma tenga el apoyo de las fuerzas sociales del país. Es claro que la misma no puede instrumentarse toda de inmediato sino acompasada en el tiempo pero con fechas que permitan que los agentes económicos puedan tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo. De ahí la importancia política que deben jugar los poderes legislativos, tanto federales como estatales, para el logro de esta trascedental reforma.

Algo que aparentemente si parece hacer la desigualdad en el caso de México es destruir con el tiempo la capacidad de alcanzar un consenso con amplia base en materia de política económica; bajo condiciones de polarización social es muy difícil alcanzar decisiones colectivas.  El resultado es que la desigualdad reduce la estabilidad y predictibilidad de las decisiones del gobierno, con un efecto adverso sobre la inversión y el crecimiento.  La inestabilidad de las políticas se agrava cuando la desigualdad también trae consigo la inestabilidad política3

Lo que resulta claro es que si el Estado Mexicano no cuenta con recursos suficientes para crecer y distribuir, la desigualdad crónica de nuestro país difícilmente podrá disminuirse y menos erradicarse.

La Reforma Hacendaria deberá contemplar los siguientes aspectos:

Analizar, y en su caso reducir el gasto fiscal que son los subsidios que se otorgan a diferentes grupos, incluyendo la tasa “0” en alimentos y medicinas, (con una tasa generalizada con una canasta de productos básicos exenta a tasa “0” y acabar con este tabú que permitiría tener más recursos para el gasto social y grabar a la economía informal), apoyos a transportistas, agricultores de alto ingreso y grupos industriales que consolidan y que en 2010 alcanzaron los llamados régimenes preferenciales (exentos y tasa cero) $545 mil millones de pesos y significaron el 4.18% del PIB.

Adecuar el impuesto sobre la renta, acentuando la progresividad de las personas físicas y disminuyéndolo en las personas morales para impulsar su competitividad.

Reducir la carga fiscal a Pemex con el propósito de canalizar esos recursos al mantenimiento, la exploración y producción tanto de crudo como de gasolinas y petroquímicos.

A tres décadas de la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, resulta indispensable transitar hacia un Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria.

Analizar y vigilar el endeudamiento de las entidades federativas que incorpore criterios para no endeudarse más allá de su capacidad de pago y que estos endeudamientos no se canalicen al gasto corriente, sino a aumentar la infraestructura económica y social.

Actualizar en todas las entidades federativas el Registro Público de la Propiedad y los catastros para que los municipios aumenten significativamente sus recursos propios a través del impuesto predial, cuya recaudación es de las más bajas del mundo.

En suma, en un país tan desigual como el nuestro, quienes tienen que tributar más son los que más tienen y esto redundará en su beneficio y del País en general pues permitirá un mayor y mejor gasto público sujeto a normas de transparencia y rendición de cuentas, que impulse un mayor crecimiento económico, fortalezca el mercado interno y consecuentemente contribuya a disminuir la desigualdad en México.

Agosto, 2011.

1 Economista egresado de la UNAM. (1960)

Diplomado en Planeación Económica en la Escuela Central de Planeación y Estadística. Varsovia, Polonia.

Contralor General de la Comisión Federal de Electricidad. (1973)

Subdirector General de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. (1975)

Subsecretario de Comercio Interior de la Secretaría de Comercio.  (1976)

Director General de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. (1990)

Director General de Ferrocarriles Nacionales de México. (1992)

Oficial Mayor de la Secretaría de Salud. (1994)

Presidente del Colegio Nacional de Economistas, A.C.  (1973)

Director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI. (1981)

2  Carlos Tello. Sobre la desigualdad en México. UNAM. Facultad de Economía 2009. p.5.

3 Ontiveros Emilio. El País. 01/05/2011.

4 Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros Bosch.  Desarrollo y Crecimiento en la Economía Mexicana. Una perspectiva histórica. Fondo de Cultura Económica. México 2010. Pág. 338.




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