¿Cómo se administra lo público?

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Por José María Martinelli*

En un marco de pérdida y deterioro de lo público se requiere analizar el diseño y contenido de las políticas públicas (pp); es necesario evaluar qué papel juegan en una perspectiva de cambio social; qué es lo que realmente aportan en dimensión histórica de posneoliberalismo. Esto conlleva a estudiar la vinculación reforma-revolución, en principio  entendida como términos dicotómicos. A su vez, tener presente la importancia de la participación social en sus variadas manifestaciones. Ya se ha señalado que el enclaustramiento de las pp en el ámbito estatal (Martinelli, 91: 2002) les confiere un carácter reduccionista, se las limita a tratamiento presupuestal, a la disponibilidad de recursos; deja de considerarse la participación decisional de la gente, elemento sustantivo para otorgarle a las pp otro perfil social. Por otro lado, debe quedar claro que la injerencia del Estado en los espacios sociales es interés de clase; de ahí surge la conveniencia de administrar la plusvalía social generada por los recursos públicos, lo que se facilita ante la inexistencia de una instancia social que lo realice. Esto es lo que cabe discutir: ¿cómo se administra lo público?
Cuando los problemas públicos se reducen a cuestiones técnicas es más fácil que los mismos sean  presa de la corrupción, lo que ha demeritado las administraciones estatales; algo semejante cabe decir en relación con la eficiencia. En uno y otro caso hay que ser enfáticos, son inaceptables administraciones corruptas, tampoco ineficientes. Por ello la importancia del establecimiento de controles sociales que establezcan mecanismos preventivos, correctivos y sancionantes de la desviación de la norma. Desgraciadamente las cuentas se alteran y las conciencias también; el control social es control político, a…
La categorización de lo público se conjuga con una conciencia social vigilante y responsable, informada e intransigente con el culto privatizante. En el mismo orden, a otro nivel de análisis, se requiere definir las condiciones que la problemática social asume en la realidad, no es abstracta, es concreta y se desarrolla entre los intereses y la conflictividad. En consecuencia, desmontar conductas sociales falaces obliga a desnudar los intereses económicos que ocultan; en este sentido, mediante las políticas neoliberales se ha pervertido la imagen de lo público confiriéndole negatividad; por ende, se ha impulsado con éxito la privatización de tal espacio. Por dinámica intrínseca lo privado excluye al carente de recursos y, a la vez, provoca resemantización conceptual; lo eficiente se torna preferentemente técnico y poco ligado al bienestar generalizado de la población. El discurso es retórico, la realidad lo desmiente.
Cuando una política social carece de elementos participativos es básicamente contenedora, tendiente a neutralizar la autonomización del sujeto; ausente la conciencia política se transita entre el extravío y la anomia sociales. Un riesgo de las políticas reformistas es que cuando no van impregnadas de una politicidad manifiesta de poder social se vuelven contenedoras. Por el contrario, cuando la reforma tiene una perspectiva política estratégica favorece la dinámica de cambio, incorporando activamente al sujeto en la definición de sus intereses. Lo personal social es público sin vulnerar la privacidad del sujeto.
La sociedad contemporánea está inmersa en cambios permanentes que ignoran al sujeto social como eje de transformación, más bien existe una integración pasiva a los mismos; la decisionalidad es externa y la incorporación automática, sobre todo  mediando componentes tecnológicos. Esta situación es altamente contradictoria, por una parte, la relación ciencia-tecnología demanda fuerte participación del sujeto innovador, pero, por la otra, el saber tecnológico materializado en bienes y servicios dista de ser un bien público; lo que resulta más gravoso en materia de salud y conocimiento. Tal el caso de las patentes de los medicamentos, propiedad de los laboratorios farmaceúticos; también, la disputa internacional por convertir a la educación en una mercancía más, sujeta al mercado. Una política pública en los puntos considerados conlleva modificar el concepto de propiedad intelectual vigente, en lo que a patentes concierne. En lo referente a educación ratificar el carácter de bien público de la misma. El cambio de nuestro tiempo puede producirse con reformas sustantivas al régimen de propiedad; en otro sentido, la permanencia del actual estado de cosas puede agudizar una catastrófica exclusión y postración sociales. Cuando el temor al cambio es más fuerte que la voluntad de éste se cae en profundo contrasentido histórico, esto es, plantear la inexistencia de alternativas al neoliberalismo, versión rediviva del “fin de la historia”.
La identificación del Estado con lo público genera otra dificultad; lo costoso de esta cuestión radica en el traslado de responsabilidades; lo que es competencia de la gente se convierte en responsabilidad estatal, si es consentida se trata de una delegación irresponsable. Esto conlleva a plantear lo siguiente: en un marco de fuerte ofensiva hacia las conquistas sociales, es fundamental que el espíritu preservativo del pueblo se convierta en prudente despliegue político tendiente a la recuperación de sus espacios sociales públicos. La acción política con vocación de poder es la vía a transitar.

¿Sociedad civil angelical?
En un mundo sin teoría la realidad se debilita; la incomprensión de los hechos va acompañada de la mercadotecnización de éstos. La imagen domina el escenario y la banalidad es credo; la idea sucumbe y hasta la rebeldía es conformista. No está de más recordar que las condiciones materiales de vida estructuran “la sociedad civil” (Marx, 1978: 76); es decir que ésta tiene un marco referente que es la realidad misma. Entonces, la pregunta es, ¿sin politización de por medio, por qué esperar un cambio profundo de parte de la sociedad civil? Es inconsistente dotarla de una inmanencia que la convierte en el “buen samaritano” operador del cambio. La intencionalidad no se juzga, los resultados sí. Cuando Hegel se refiere a la sociedad civil dice que ella resulta de la ampliación de la familia en pueblo o nación para la satisfacción de necesidades (Hegel, 1975: 193). Por nuestra parte, afirmamos que un sector de la sociedad civil se convierte en Estado cuando sus intereses se expresan en él, se trata de la clase dominante; revertir esto es tarea de vastos sectores sociales, informados y politizados, que pugnen por cambios estructurales, v. g: Lucha de masas en Bolivia, Junio, 2005. De otro modo el cambio es ajuste y contención social.
Existen corrientes de pensamiento apologéticas de la sociedad civil, inmanentistas, que establecen una autonomización en sí de ésta, sin condicionamientos ni determinaciones (Calvillo, 2004: 44); de ahí a la autogeneración de conductas solidarias y fraternas. En este conjunto de ideas no es explicable el surgimiento de la corrupción y el narcotráfico del interior de la sociedad civil. Regularmente, las idealizaciones son reforzantes del orden vigente. Es sabido que las organizaciones voluntarias tienden a distanciarse del Estado sin impugnar su dominación social; aquí está el límite de estas organizaciones, son reformistas de bajo perfil político aunque sus acciones produzcan efectos en este nivel; contribuyen a su propia neutralización o en su disonancia legitiman el accionar estatal, convirtiéndose en oposición blanda, disidencia pulcra.
¿Se puede cuestionar el factor orden de una sociedad sin cuestionar al Estado que lo sostiene? Cuando la acción social carece de perspectiva de clase se basa en una solidaridad vacía de contenido político, sin alcance de poder. Esto, por lo general, deriva en asistencialismo, en remiendos de bienestar que algo satisfacen y nada transforman. La gestión política de sus propios intereses enriquece al sujeto y desarrolla su conciencia social. Ampliar los horizontes de vida de la gente convoca a una actividad política que no puede sustentarse en valores abstractos, carentes de realidad. Por tanto, esta construcción es un proceso económico, político, cultural y ambiental que exige voluntad política y presencia social; lo real histórico se realiza con lo concreto pensado, instancia vinculante de un par inescindible: realidad-conciencia.
Los términos del cambio histórico contemporáneo requieren del concurso de la ciencia y la tecnología, de la preservación del ambiente, también de una cultura política que observe las diferencias de género, a la vez que una base económica que cree condiciones de bienestar, pero, por sobre todo, de una participación político-social de masas que no esconda su voluntad de cambio. Este relacionamiento dialéctico establece una capacidad diferencial con el voluntarismo organizacional que plantea un cambio sin sustancialidad de cambio. Con base en la reflexión anterior se puede formular un marco participativo que  posibilite que las pp se conviertan en una socialización de intereses colectivos y, asuma la democratización de las instituciones. Tales espacios pueden albergar inteligencia social que atienda el diseño de las pp; esto implica que la gente defina qué necesita, seleccione lo prioritario, todo, con la debida asesoría técnica. En los procesos de ejecución y control la vigilancia ciudadana es fundamental; ello remite, ciertamente, al control de recursos, pero también concierne a la calidad de los bienes y servicios que se realicen. Frente a las tradicionales prácticas delegantes, lo que se propone es una inmersión de los ciudadanos en las responsabilidades que le competen.
¿Es factible ofrecer bienestar sin que exista un aliento de cambio? Las ofertas de bienestar que recibe la ciudadanía son múltiples, las concreciones pocas. Ante estas circunstancias no hay recursos apelatorios; la falta de credibilidad aumenta y el deterioro de la política es creciente. Corresponde distinguir entre la necesidad de preservar la política y la condena a esquemas partidarios y a políticos caducos, que no significa abjurar de los partidos políticos sino de la utilización indebida y corrupta que se realiza de los mismos en la actualidad. Distinción necesaria que lleva a establecer una organicidad política flexible, de carácter federativo, en la que coexistan núcleos básicos de organización vecinal, cultural, de género, entre otros, e instancias partidarias, sin subordinación estatal y sin disolución de los vínculos de origen, en ámbitos mínimos de centralización y máximos de descentralización que aseguren una decisionalidad política consulta, competencia de todos, razonada y democrática. El desafío es conformar espacios amplios de participación, con horizontalidad de gestión por sobre instancias burocráticas con vocación exclusivamente electoral. La implementación, como se dijo, es un ejercicio compartido de responsabilidades. La propuesta comprende la dignificación del sujeto, habilitándolo a ejercer sus derechos, al mismo tiempo que sus obligaciones. Frente a una modernidad que de origen estableció límites al poder y, sin embargo, fueron rebasados cuando no ignorados por un capitalismo desarticulador –a la fecha planetario–, corresponde restablecer la centralidad del sujeto; restablecimiento de carácter político-cultural. Tal vez pueda hablarse de otro Renacimiento, sin elitismos, con horizontalidad cívica; darle a nuestra contemporaneidad un componente ético que se asiente en el bienestar de la gente.

Lo público social
Las políticas del último cuarto de siglo latinoamericano han seguido un patrón constante: ajustes fiscales, gasto social a la baja y privatización de bienes y servicios públicos. La descapitalización del Estado agudiza el empobrecimiento social, a la vez el desempleo; hay malestar en la cultura. La invocada y deseable eficiencia se traduce en incremento de ganancias transnacionales, se esfuma el bienestar poblacional. Este punto es importante si de desarrollo se trata. Confundir a éste con el exclusivo crecimiento económico –necesario a todo efecto- es la falacia estadística de los entes financieros internacionales; sumarle a ello la concentración del ingreso y las cifras son un espejismo cruel.
Cabe interrogar, ¿por qué las pp no remedian el desamparo social? En parte porque son residuales, pero también porque mecanismos vulnerantes de la norma favorecen la transnacionalización de la economía, otra forma de concentrar el ingreso. Para el caso de México, la implementación de Contratos de Servicios Múltiples, en materia de gas, es una franca violación al texto constitucional, artículo 27. Ocurre que la prevalencia del contrato anula la vigencia de la ley; esto se realiza en la esfera del Poder Ejecutivo y el poder económico transnacional; el Legislativo emite la protesta hueca, si a eso llega. Si se piensa que no hay otra posibilidad, véase el ya citado caso de Bolivia; la lucha por recuperar el gas y petróleo para la nación boliviana marca otro camino en pos del desarrollo social.
Cuando lo público pierde el carácter de beneficio colectivo se deteriora la calidad de vida de las mayorías sociales; es lo que ha ocurrido en el último cuarto de siglo. La ecuación es simple: la transferencia del patrimonio público al sector privado encoge los márgenes de redistribución. Entonces, resulta que hay menos escuelas; el dominado no se reconoce en su calidad de tal, se convierte en un anómico social sin capacidad de comprender la explotación u opresión que lo condena a una terrenalidad atroz, la postración social. El mayor explotado es el que no sabe quien lo castiga. Discutir si ello es producto de una intencional malignidad es desviar la atención de lo central; sí se trata de una política expresa cuyos efectos sociales son devastadores, lo que constituye una manifestación de lo más deplorable de la lucha de clases. Hay quien considera que es la guerra social declarada por el neoliberalismo (Marcos, 2005: 8).
Puede pensarse que la administración social es de muy difícil materialización; ciertamente, es difícil mas no imposible. El aprendizaje popular es de mayor viabilidad cuando se acumula experiencia, si histórica mejor. Al respecto, es constatable que la práctica política del zapatismo en México ha dado frutos; se afirma que las únicas comunidades indígenas que han mejorado su nivel de vida son las que se encuentran en municipios autónomos o las dirigidas por las Juntas de Buen Gobierno, instancias autónomas zapatistas, (CCRI, 2005: 9). Indudablemente, se trata de una sociedad civil politizada, que entiende la implementación de su bienestar como parte de su desarrollo político y humano. No obstante, hay que señalar que la propia organización zapatista admite, en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que los logros sustanciales no se han alcanzado; ellos forman parte de una lucha futura con otros sectores sociales oprimidos: obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados (Ibídem, 2005: 9).
Corresponde preguntar, ¿es factible una economía de bienestar? Un sector significativo de economistas convencionales se pronuncia por la inexistencia del bienestar social (Tijerina, 2004: 19); por ende, no cabe hablar de distribución, menos aún de redistribución del ingreso. Luego, esta tarea compete a los teóricos de la economía política y de la teoría política, también a los actores sociales comprometidos en ese cometido. En este contexto no debería sorprender que se pretenda, y en parte se haya logrado, que los bienes públicos sean considerados mercancías, sujetas al mercado; casos del agua y la educación; esta última inmersa en fuerte controversia, como se dijo, tendiente a lograr su abierta mercantilización. En el primer caso, se puede establecer un fracaso de las pp, aunque también puede verse como el “éxito” de las políticas económicas neoliberales. Por tanto, es necesario restablecer la dimensión teórica del bienestar, ligada a criterios de participación social decisional; en su defecto, seguramente, el malestar en la cultura continuará agudizándose.

Recuperación de lo público
En sentido opuesto a la afirmación anterior, relacionada con este punto, la incorporación de lo público a lo nacional-social enriquece a la gente. Es la contratendencia a la política seguida en estos últimos 25 años; la interrogante obligada apunta a la cuestión de la estabilidad social, ¿prevalecerá ésta en medio de profundas desigualdades sociales? Difícilmente se pueda mantener un orden excluyente, privatizador y ausente de ética. Se requiere un vuelco en las políticas económicas, que se orienten a la recuperación de los bienes públicos, principalmente los estratégicos. Para esto se requiere del apoyo de la gente, es este el cabal sentido de la participación social, ligarla a intereses propios frente a los visos de participación, por ejemplo las movilizaciones electorales, carentes de sentido intrínseco de participación, enajenadas a una dinámica de poder lejana de las necesidades populares. Darle valor épico a la historia requiere de presencia de masas.
Considerando lo expuesto, ¿cuál es la diferencia de nuestra propuesta? Estriba en el carácter de la participación social. Lo público estatizado sigue la suerte de los intereses político-económicos en juego; lo público social atiende los intereses del pueblo; diferencia cualitativa. Importante precisar que en el caso de bienes estratégicos comunes, v. g: petróleo o agua, es necesaria la intervención estatal a fin de nacionalizar dichos bienes. Propiamente, ciudadanizar los bienes públicos implica establecer control social sobre los mismos. En tal perspectiva las pp adquieren otro cauce; se pueden transformar en medios de participación social conforme a los fines señalados; se trata de romper con la racionalidad instrumental del Estado y privilegiar una racionalidad social. Alcanzar esto es un proceso básicamente político, cuya importancia radica en la factibilidad de ingresar al cambio histórico con imaginación y realismo; términos que se complementan, a diferencia del realismo pragmático que empobrece la realidad y anula la imaginación.
Todo lo aquí planteado exige una flexibilidad dialéctica que conjugue los términos reforma-revolución en miras del cambio histórico. Asumirlo establece no dejarse ganar por el reformismo conciliador que, en muchas oportunidades con el apoyo de la sociedad civil desinformada, utiliza las políticas sociales como afianzamiento político, por un lado, y como contención social, por el otro. La superación la marca la gente. Desde la filosofía de la praxis se advirtió, cuando el núcleo conservador derrota a las masas se abre el camino de la revolución pasiva, transformación del sujeto social en objeto de poder.-

* Profesor Titular, Economía, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, D.F.
partir de que lo público es propiedad colectiva, sujeta a resguardo y preservación.

Bibliografía
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Publicado en “Políticas Públicas: Cambio Social e Institucional”, UAM-Iztapalapa, México, 2005. Se reproduce con autorización del autor. Correo electrónico: nanimartinelli@yahoo.com




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